Gobernanza y gobernabilidad en los actores directivos del CONICET entre 1983-2002
Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE-UNRN, CONICET), Argentina
RCID: https://orcid.org/0000-0001-9213-8215
Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE-UNRN, CONICET), Argentina
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5569-8384
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.7489878
PALABRAS CLAVE
gobernanza | gobernabilidad | actores directivos | CONICET | SECYT
Recibido: 10 de agosto de 2022. Aceptado: 24 de noviembre de 2022.
RESUMEN
El siguiente artículo aborda los procesos de gobernanza y gobernabilidad al interior del CONICET, en especial los cambios y continuidades en los espacios de dirección y en las burocracias internas, teniendo en cuenta los impactos en las relaciones interinstitucionales con la SECYT entre 1983-2002. Para ello, se analizan las características organizacionales, de autoridad y autonomía de los actores burocráticos ligados a los espacios de dirección del CONICET y las relaciones de cooperación y/o conflicto con la SECYT a lo largo del período. Una de las conclusiones del artículo es que difícilmente se puede pensar en una gobernanza unívoca en una institución científica como el CONICET, en donde se registran a lo largo de su historia cambios en la gobernabilidad de los actores que afectan a las capacidades de acción de los mismos y por lo tanto a los márgenes de soberanía científica y tecnológica de la institución en el sistema público de investigación argentino.
ABSTRACT
The following article addresses the processes of governance and governability within CONICET, especially the changes and continuities in the management spaces and internal bureaucracies, taking into account the impact on inter-institutional relations with SECYT between 1983-2002. To this end, we analyse the organisational characteristics, authority and autonomy of the bureaucratic actors linked to CONICET's management spaces and the relations of cooperation and/or conflict with SECYT throughout the period. One of the conclusions of the article is that it is difficult to think of a univocal governance in a scientific institution such as CONICET, where changes in the governance of the actors have been registered throughout its history, affecting their capacity for action and therefore the margins of scientific and technological sovereignty of the institution in the Argentine public research system.
KEYWORDS
governance | gobernability | directing actors | CONICET | SECYT
El concepto de gobernanza en la actualidad rescata la idea de que el Estado está empotrado en sistemas y organizaciones sociales. Su denominada soberanía interior representa una autonomía relativa respecto de los poderes sociales, y su capacidad de dirigir a la sociedad es posible por los vínculos que ha sabido construir con otros actores (Aguilar Villanueva, 2014). Esta noción subyace en la dinámica intrínseca de las agendas de investigación, los instrumentos de promoción, ejecución y en las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en América Latina. En este marco, los consejos de investigaciones a nivel internacional han sido pensados como instituciones a medio camino entre “un parlamento de científicos y una burocracia gubernamental” (Rip, 1996: 2). Según Rip, surgieron y se desarrollaron como canales del patronazgo estatal de la ciencia para llevar a cabo la función de promoción, una institución que administraba fondos para que los ejecuten terceros. Sin embargo, con el transcurrir de las décadas, fueron cooptados por las élites científicas organizacionales, a través de la participación en los mecanismos de financiamiento y en la definición de los criterios de evaluación académica. Los consejos de investigaciones centralizaron la política científica y la asignación de recursos a la ciencia a partir de mediados del siglo XX, al mismo tiempo que fueron el espacio de representación de la élite del campo científico.[1] Difícilmente pueda encapsularse a los actores que intervienen dentro de los consejos de investigaciones como portadores de un solo tipo de rasgo cultural implícito en sus acciones, ya sea académica o burocrática. Es más certero considerar que en la estructura interna de estas instituciones, tienden a solaparse rasgos de ambas culturas que hacen a las características organizacionales de los actores burocráticos-académicos, como así también al diseño de los instrumentos de promoción y ejecución científica. Esta tensión latente entre actores con rasgos e intereses culturales distintos en los consejos de investigaciones interpela a la idea de soberanía científica y tecnológica, un concepto con diferentes interpretaciones y definiciones, pero que permite referenciar el poder de control en última instancia en una sociedad política y, en consecuencia, para diferenciar a esta de otras formas de autoridad (Bobbio, 1983). Estos debates sobre la gobernanza invitan a reflexionar acerca de quién/quiénes ejercen el poder al interior del Estado o en las instituciones de ciencia y tecnología. Es en este marco, las decisiones tecnológicas y científicas, como así también las orientaciones de las políticas CTI involucran una noción de control y gobernabilidad trascendente en términos geopolíticos.
En la Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha sido central y dominante en el sistema público de investigación (SPI) de la Argentina desde su creación en 1958,[2] acaparando gran parte de las actividades nacionales de investigación y concentrando a las élites científicas organizacionales del campo científico. En este sentido, aunque la dependencia pública para financiar la investigación científica ha condicionado la estructura de oportunidades e incentivos para la producción científica y tecnológica en el sistema público de investigación, una institución como el CONICET ha logrado sobreponerse con elevada autonomía a los cambios de contexto político y social. Sin embargo, los actores académicos y burocráticos en los espacios de dirección del CONICET (presidencia, Comité Ejecutivo, Directorio, secretarios, departamentos y/o gerencias) se han caracterizado por atravesar cambios en las capacidades de ejercicio de autoridad y autonomía relativa.[3]
En este marco, el presente artículo pretende abordar los procesos de gobernanza al interior del CONICET, en particular, el ejercicio de autoridad y grados de autonomía que hacen a la gobernabilidad de los actores ubicados en los espacios de dirección de la institución, y cuáles fueron los vínculos que establecieron con la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) entre 1983-2002. La importancia del vínculo entre estas dos instituciones radica en sus diferentes funciones en el sistema público de investigación, las relaciones de cooperación y conflicto durante el período establecido.[4] Así, la pregunta que orienta este trabajo es la siguiente: ¿cuáles fueron los cambios de gobernabilidad en los espacios de dirección del CONICET y la característica de los vínculos con la SECYT a lo largo de diferentes procesos de gobernanza entre 1983-2002?
Si los procesos revolucionarios eran los ejes articuladores de las discusiones en el campo de las ciencias sociales en la década de 1960, el tema en los ochenta será la democracia en América Latina (Lechner, 1988). Aunque el proceso de transición democrática fue acelerado en la Argentina, la misma no dejó de verse amenazada durante los primeros años. En la “década del setenta, una amplia mayoría de las naciones del mundo estaban lejos de ofrecer siquiera la apariencia de una gestión módicamente democrática de sus asuntos públicos” (Nun, 1991: 7). Así, las perspectivas y discusiones teóricas sobre la democracia surgieron en este marco como respuesta a la experiencia autoritaria de la década de 1970 que heredó la Argentina, al igual que otros países de América Latina (Lechner, 1988). Estos lineamientos del sistema político enmarcaron las políticas de ciencia y tecnología (CyT) en el SPI de la Argentina. Durante esta década, la preocupación central de las direcciones políticas de los organismos públicos de investigación fue intentar intervenir en la fuerte impronta corporativista en instituciones científicas, como sucedía en el CONICET, con elevadas asimetrías internas que eran producto de la herencia de la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Así también, otra de las preocupaciones políticas con el retorno de la democracia era la urgente necesidad de restituir el rol a las universidades públicas en la investigación científica (Bekerman, 2016) y recomponer la función de planificador de las políticas de CyT en la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) bajo la gestión de Manuel Sadosky. En cambio, la década de 1990 trajo consigo un proceso de reformas estructurales, y en lo que respecta a los impactos en el SPI, puede distinguirse dos etapas: i) un primer período bajo las gestiones de Raúl Matera (1989-1994) y Domingo Santo Liotta (1994-1996) en la SECYT, caracterizadas por un ajuste neoliberal en lo que respecta a las políticas de CyT; ii) una segunda etapa desde 1996-1999 con Del Bello en la SECYT, caracterizada por la impronta del discurso sobre innovación y el perfilamiento de la investigación y desarrollo (I+D) a las necesidades de la aplicabilidad del sector productivo. Es a partir de 1996, en el marco de la segunda reforma del Estado, que se registraron cambios de alto impacto en la regulación, planificación y coordinación de las políticas de CyT en la Argentina y en el CONICET.
En este sentido, las nociones de gobernanza y gobernabilidad resultan de utilidad para este trabajo, a pesar de sus disputas por su unívoca caracterización (Aguilar Villanueva, 2014, 2015; Camou, 2001; Mayntz, 2006). Algunas lecturas definen como gobernabilidad una propiedad, cualidad o estado de las relaciones de gobierno, en tanto equilibrio dinámico que surge de las demandas articuladas por los actores y la capacidad del sistema de tomar decisiones para responder de manera colectivamente aceptada (legítima) y eficaz (Camou, 2001). En este marco, el concepto de gobernación/gobernanza (Keohane y Nye, 2000) (diferente al concepto de gobernabilidad)[5] incluye en su denotación tanto la capacidad de gobernar de las autoridades directivas como el patrón o modo de dirección que este sigue en su ejercicio gubernativo dentro de una institución, en tanto las acciones que deciden practicar las autoridades al relacionarse con otros actores (internos o externos) son el factor que determina y evidencia si las autoridades están aprovechando o desaprovechando las potencialidades directivas que les han otorgado las instituciones.
El concepto de gobernanza expresa entonces la interdependencia que existe entre las capacidades directivas que el gobierno puede poseer y su acción directiva, que las pone en práctica, o las traduce en acciones. Denota, en síntesis, la capacidad directiva mediada y demostrada por acciones y resultados. (Aguilar Villanueva, 2015: 52)
Otro autor como Benz (2007), plantea que existirían diversas formas de coordinación y control entre actores que hacen a la gobernanza en un sistema o una institución, lo cual atañe a un conjunto de actores con diferentes grados de: i) capacidad de planificación; ii) capacidad de dirección; iii) capacidad de evaluación. Así también, Mayorga y Córdova (2007) señalan que la gobernanza ha dejado de ser el mero accionar del gobierno para transformarse en una idea más amplia. Concretamente, incorporan la importancia de un marco de reglas, instituciones y prácticas que establecen límites del comportamiento de los sujetos y las organizaciones. En tanto, Prats (2003) y Sánchez (2012) reafirman esta definición planteando que la gobernanza es el proceso de interacción entre los diversos actores, en base a las reglas de juego propuestas, aspectos de coordinación y control de actores autónomos, pero interdependientes (Maynzt, 2001).[6] En este sentido, el término gobernanza permite enmarcar quién tiene el poder, quién ejecuta las decisiones entre un conjunto de actores. Otras lecturas, como las de Torres-Melo (2007), plantean que la gobernabilidad hace referencia a las capacidades de los actores sociales, mientras que gobernanza señala las reglas de juego dentro de un sistema social. En resumen, tiene que ver en mayor medida con la forma en que se organiza y estructura la autoridad (y la autonomía) y la decisión para llevar a cabo ciertos fines definidos por alguien o por algunos. Siguiendo con esta definición como punto de partida, “la gobernanza es tanto un proceso decisional basado en un actor individual que impone su visión, directa e incluso tiránica, como uno colegiado, discutido y consensuado serían esquemas de gobernanza” (Aguilar, 2015: 312).
Dado que este trabajo hace foco en los actores directivos burocráticos del CONICET, los mismos está desagregados de la siguiente forma: actores internos ligados a las tareas de dirección: i) Directorio; ii) presidencia; iii) vicepresidencias. También están los actores ligados a las tareas de gestión: iv) departamentos y/o gerencias.[7] Así también, se identifica como actor externo al CONICET para este artículo: vi) La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) en tanto la institución que define las políticas de CyT de la Argentina.
El concepto de gobernabilidad es desagregado en dos dimensiones i) autoridad; ii) autonomía relativa. El concepto de autoridad está estrechamente conectado con la desigual distribución de recursos y las capacidades de uso de los recursos para gobernar, lo cual atañe a un ejercicio gobernativo condicionado por las relaciones jerárquicas en la institución. El concepto de autonomía relativa[8] refiere al grado (identificadas con las categorías ordinales de alto, bajo o medio) de capacidad de acción que poseen los distintos actores relevados. Esta autonomía se puede hacer visible en los diferentes planos de la gobernanza institucional (en el plano de la planificación de las políticas, de dirección de las políticas y de evaluación de las políticas).
Se utilizó una estrategia metodológica cualitativa para el abordaje de la problemática, respaldada por técnicas cuantitativas para el ordenamiento de aspectos contextuales y estadística descriptiva en lo que atañe al análisis de la autoridad relevada por medio de los actos administrativos o resoluciones. Se llevaron a cabo 12 entrevistas en profundidad-no programadas a miembros partícipes del CONICET y SECYT durante el período 1983-2002,[9] en particular en las áreas de dirección (6 entrevistas) y gestión de la administración institucional (6 entrevistas).[10] Así también, se recolectaron resoluciones del CONICET entre el periodo 1983-2002 que fueron procesados por medio del programa Atlas.ti de gestión y manejo de datos cualitativos.[11] Las resoluciones del CONICET han sido documentos que contienen medidas dictadas por las máximas autoridades de la institución. A lo largo de los diferentes períodos analizados en este artículo, se abordará a través de tablas descriptivas una caracterización de la autoridad de los actores directivos según su participación en la aprobación de los actos administrativos del CONICET en las diversas temáticas que conformaron la agenda del organismo. Estos documentos, de carácter oficial, constituyen declaraciones decisivas de las diversas autoridades administrativas. A los fines de nuestra investigación, las resoluciones fueron agrupadas según autoridad firmante entre 1983-2002 y según temáticas abordadas en las resoluciones. Los valores de las distribuciones fueron calculados en porcentajes para facilitar una lectura descriptiva y comparativa de los cambios en la autoridad de los actores directivos implicados en los actos administrativos. Por otro lado, el análisis micro de los cambios en la gobernabilidad y de los vínculos con los procesos de gobernanza en el CONICET surgió de la interpretación cruzada entre las entrevistas transcriptas, las memorias institucionales y los decretos-leyes que afectaron a la carta orgánica del CONICET. Se tomó en consideración el material documental como construido socialmente por grupos con intereses y representaciones particulares. Por lo tanto, se tuvieron en cuenta los posibles sesgos que se pueden presentar, sobre todo en el uso de fuentes primarias. Se trató de controlar la selectividad en la producción o registro del material documental, fenómeno que Webb, et al., (1966:54-87) denominan “depósito o supervivencia selectiva del material”, producto de elementos reactivos, intereses, representaciones u otras cuestiones intervinientes en el proceso de producción de los documentos. En este sentido, se tuvo en cuenta el posible sesgo institucional, porque cualquier institución científica tiende a ocultar los datos que considera que la perjudican y a difundir los que cree que la favorecen.
La gobernanza académica normativista en el CONICET entre 1983-1989
Con el retorno de la democracia a fines de 1983 en la Argentina, el Gobierno Alfonsín se desarrolló en un contexto de profundas limitaciones o condicionamiento financieros en las diversas áreas de las políticas públicas. En ese marco, los recursos nacionales para el conjunto de instituciones científicas y tecnológicas del país fueron inestables. Sin embargo, se llevó a cabo una política de normalización de las principales instituciones de CyT, buscando subsanar la pesada herencia de la última dictadura militar. En aquella época, en el área de Ciencia y Técnica, había dos subáreas: La Subsecretaría de Ciencia y Tecnología (SUBCYT), bajo la dependencia de la Secretaría de Planeamiento, y el CONICET en el espacio del Ministerio de Educación. Sin embargo, la relación entre la SUBCYT y el CONICET arrastraba hechos conflictivos o disociados desde las décadas de 1960 y 1970 (Hurtado, 2010; Feld, 2015). Con el retorno de la democracia, se devolvió a la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología el rango de Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT), un compromiso político que Alfonsín había asumido antes de llegar al cargo (Hurtado, 2010).[12] Para dirigir a la SECYT se designó a Manuel Sadosky,[13] fuertemente influenciado por las ideas del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad (PLACTS).[14] El equipo de Sadosky estaba conformado por investigadores reformistas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, muchos de ellos habían sido expulsados en 1966, luego de la Noche de los Bastones Largos.[15] La gestión de Sadosky asumió a la secretaría con el diagnóstico de que el conjunto de las instituciones de CyT se encontraban dispersos, carentes de coordinación y planificación. La SECYT había sido creada bajo la función de formulación y planificación de la política de CyT, pero su trayectoria institucional y especialmente el crecimiento exponencial del CONICET a lo largo de los gobiernos militares, había relegado al organismo a un lugar marginal y de escasa claridad política (Hurtado, 2010; Bekerman, 2010; Del Bello, 2014; Feld, 2015).
Finalmente, la gestión buscó llevar a cabo un proceso de democratización de las instituciones de CyT y poner fin a la persecución ideológica heredada de la última dictadura militar.
En este sentido, la nueva gestión buscaría revalorizar a la SECYT como institución de coordinación y de diseño de política. Sin embargo, fue difícil alcanzar los objetivos propuestos en la medida que hubiese sido deseable, dada las limitaciones impuestas por el problema presupuestario en la década de 1980.
Al elevar nuevamente a la SUBCYT al rango de Secretaría, se posibilitó la designación del Dr. Carlos Abeledo como nuevo presidente del CONICET en 1984, quien encabezó un proceso de encauzamiento de la institución que permitió normalizar el funcionamiento del Directorio en agosto de 1986 (CONICET, 1989). Al posicionar al CONICET por debajo del área de influencia de la SECYT, se buscó mejorar la coordinación de la institución con el resto de los actores del SPI de la Argentina, especialmente con las universidades públicas. En palabras de Abeledo:
El CONICET no es (ni podría serlo) una institución que actúa aisladamente, en forma independiente de la sociedad. Como organismo del Gobierno Nacional recibe un presupuesto que es producto del esfuerzo de la comunidad […] Por ello no basta con propugnar un fortalecimiento institucional de los organismos de ciencia y técnica y el incremento de los recursos presupuestarios. (CONICET, 1989: 3)
En este marco, la gestión administrativa bajo la presidencia de Abeledo definió objetivos para el Consejo enmarcados en una gobernanza académica normativista,[16] lo cual consistió en un conjunto de acciones desde la administración gobernante que implicó formas de interacción destinadas a: i) reestablecer la transparencia en las acciones de los órganos de gobierno, poniendo en funcionamiento la posibilidad de evaluaciones de las comisiones asesoras, garantizando el derecho de defensa y el uso de los recursos previstos por la legislación; ii) difundir y publicar los mecanismos de adjudicación de proyectos, becas e ingresos a carreras a través de cambios en el sistema de financiamiento y evaluación; iii) reestructurar los vínculos con la universidad, apoyando a la investigación en las facultades, centros, departamentos e institutos que el CONICET consideraba como prioritarios en esa época; iv) buscar mecanismos alternativos de apoyo a la investigación científica y tecnológica, recurriendo a organismos internacionales para encarar problemas que no podían tratarse con recursos locales; vi) fortalecer la relación entre los laboratorios de investigación y el sector productivo, fomentando contactos y garantizando los convenios de transferencia tecnológica.
Reforma en la carta orgánica y cambios en la gobernabilidad de los actores directivos
Con el Decreto N° 724/86 se reformó la carta orgánica del CONICET, lo cual impactó en las capacidades de gobernabilidad del Directorio. El Decreto-Ley N° 1291/58 implicó la conformación de un nuevo Directorio (principal órgano de conducción colegiado) con seis miembros: un presidente, un vicepresidente y cuatro directores. En palabras de Abeledo: “Al pasar a una estructura de cuatro directores, decidimos que tenían que ser full time […] Teníamos que armar una dirección más ejecutiva con un menor número de directores y más dedicados a la gestión” (Entrevista a C. Abeledo. Presidente del CONICET 1984-1989).
Las designaciones eran resorte exclusivo del presidente de la República, en base a nombres de prestigio y trayectoria profesional en la actividad científica y tecnológica argentina (una combinación de investigadores y gestores de prestigio como Abeledo y Kovalskys), propuestos por el Secretario de la SECYT. De esa totalidad de integrantes del Directorio, el Poder Ejecutivo designaba al presidente del CONICET y el Directorio elegía a su vicepresidente. Según el director del CEILAP-CONICET:
Creo que el criterio para conformar el nuevo directorio se basó en buscar personas con alto nivel científico, sean o no sean miembros de la Carrera de Investigador del CONICET. Se eligió personas que respondieran o estuvieran en sintonía con las políticas de la SECYT. (Entrevista a Quel, J. Eduardo. Director del CEILAP-CONICET en la década del ochenta)
El primer Directorio de esta nueva gestión fue designado por medio del Decreto presidencial N° 882 (firmado por el Alfonsín el 5 de agosto de 1986), con un mandato reglamentario de dos años e integrado por: Dr. Carlos Abeledo (presidente); Prof. Gregorio Weinberg (vicepresidente); Dr. Huner Fanchiotti (director); Dr. Benjamín Frydman (director); Dr. Silvio Kovalskys (director) y el Dr. Humberto Alagia (director incorporado en 1987).
A partir de la gestión radical en el CONICET a fines de 1983 hasta 1989 se realizaron 15.496 resoluciones o actos administrativos, estas resoluciones administrativas permanecieron en los archivos que registraban su expedición, a la espera de una demanda ya sea de otras instituciones o personas interesadas.
Tabla 1. Actos administrativos aprobados por actores directivos del CONICET entre 1983 y 1989 (en porcentajes).
Actores directivos |
Actos administrativos |
|||||||
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
Totales marginales |
|
Consejo Ejecutivo |
80,34% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,73% |
Directorio |
19,66% |
- |
- |
42,13% |
100% |
94,82% |
100% |
57,27% |
Presidente |
- |
100% |
88,68% |
38,60% |
- |
- |
- |
28,75% |
Secretario Ejecutivo |
- |
- |
11,32% |
19,28% |
- |
5,18% |
- |
5,25% |
Totales marginales |
10,87% |
10,51% |
14,76% |
13,36% |
15,04% |
19,30% |
16,17% |
100% |
TOTALES |
100% (1.684) |
100% (1.628) |
100% (2.287) |
100% (2.070) |
100% (2.331) |
100% (2.990) |
100% (2.506) |
100% (15.496) |
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1983-1989.
Según la tabla 1, si miramos los totales marginales, a lo largo del período 1983-1989, la mayor cantidad de actos administrativos aprobados por los actores directivos se registran en los años 1987 (15,04%) y 1988 (19,30%), con un aumento de 5,3 puntos porcentuales. La actividad administrativa se reduce de un 19,30% al 16,17% entre 1988-1989, como producto de la entrega anticipada de la gestión de Abeledo a Matera en el contexto de transición del gobierno de Alfonsín a Menem. Sin embargo, cabe remarcar que entre 1983-1989, el Directorio fue el actor directivo con mayor participación en el proceso de autorización de actos administrativos totales del CONICET (57,27%), seguido del presidente con un 28,75%. Si hacemos una lectura comparativa por año, cabe remarcar que en 1983 durante el proceso de transición democrática el Consejo Ejecutivo (órgano de transición conformado por un total de quince investigadores independientes, principales)[17] se hizo cargo del 80,34% de las firmas autorizantes (1.353) y el Directorio de un 19,66% (331) con una diferencia de 60,68 puntos porcentuales. Lo cual señala la mayor autoridad del Consejo Ejecutivo en la autorización de los actos administrativos del CONICET en 1983 frente a la inestabilidad institucional. Con la designación de Carlos Abeledo como presidente (cuyo cargo se oficializaría en 1986), las autorizaciones administrativas pasarían a estar bajo control de la presidencia en su totalidad (1628 resoluciones durante el año 1984). Las resoluciones con firma presidencial registraron una progresiva disminución en los dos años subsiguientes; 88,68% (2.028 resoluciones) en 1985 y 38,60% (799 resoluciones) en 1986, con una diferencia de 50,08 puntos porcentuales. Esta disminución de la autoridad del presidente en la aprobación de actos administrativos fue consecuente con la formalización de dos actores importantes (el Directorio y el secretario ejecutivo). El secretario ejecutivo tuvo una participación activa en la autorización de actos administrativos del CONICET, con un 11,32% en 1985 y el 19,28% en 1986. El Directorio registró un aumento notorio en los actos administrativos a partir de 1986 con un 42,13% (872 resoluciones autorizadas), y a partir de ese año pasó a ser el actor directivo encargado de autorizar todas las resoluciones del CONICET hasta junio 1989 que se realizará la entrega del poder al nuevo Gobierno. El aumento de autoridad por el Directorio y su mayor potestad para resolver los diferentes actos administrativos desplazaron las firmas autorizadas del presidente como así también las del secretario ejecutivo.
Además del equipo de empleados administrativos en los departamentos, cargos en secretarias y jefaturas internas, se incorporó la figura institucional del director rentado en el Directorio, con remuneraciones equivalentes a la categoría de investigador superior de la carrera de Investigador Científico y Tecnológico (CIC) del CONICET (Del Bello et al., 2014). Así también, se estableció que los cargos de los integrantes del Directorio fueran incompatibles con otros cargos públicos o privados, a excepción de la actividad docente.
Al observar los datos registrados en los totales marginales de la tabla 2 (a continuación), entre 1983-1989 los actores directivos del CONICET concentraron sus actividades y autorizaciones de actos administrativos en temáticas vinculadas a proyectos de investigación (27,70%),[18] y becas (24,52%) durante el período 1983-1989.[19] Así también se destaca una elevada cantidad de resoluciones sobre temática de designación de cargos,[20] con un 17,35% (2.689 resoluciones firmadas) y temas ligados a la CIC con un 14,07% (2.181 resoluciones) entre 1983-1989.[21] En este sentido, se comprueba que la política de transparencia del funcionamiento organizacional del CONICET durante la gestión de Abeledo fue un tema incorporado en las tareas y funciones de los actores directivos, como así también la necesidad de fomentar una agenda que incluyera el tratamiento de subsidios para proyectos y becas.
Tabla 2. Participación de los actores directivos del CONICET en la aprobación de resoluciones por temática agregada 1983-1989 (en porcentajes).
Actores directivos |
Resoluciones por temática agregada |
||||||||||||
Des. cargos |
Sub. pro. |
Becas |
CIC |
CPA |
Insti. |
Equi. |
Fin. Ext. |
Con. Uni. |
Con. Prod. |
RR.HHH. |
Totales marginales |
|
|
Consejo Ejecutivo |
1,86% |
5,36% |
2,11% |
22,15% |
25,89% |
33,44% |
6,47% |
20,00% |
24,38% |
- |
60,23% |
8,73% |
|
Directorio |
68,20% |
54,29% |
59,84% |
47,36% |
43,42% |
28,34% |
72,20% |
30,00% |
53,13% |
90,82% |
39,77% |
57,27% |
|
Presidente |
16,73% |
34,62% |
38,05% |
30,49% |
30,68% |
38,22% |
1,25% |
30,00% |
22,50% |
9,18% |
- |
28,75% |
|
Secretario Ejecutivo |
13,20% |
5,73% |
- |
- |
- |
- |
20,08% |
20,00% |
- |
- |
- |
5,25% |
|
Totales marginales |
17,35% |
27,70% |
24,52% |
14,07% |
4,71% |
2,03% |
6,69% |
0,13% |
1,03% |
0,63% |
1,14% |
100% |
|
TOTALES |
100% (2.689) |
100% (4.292) |
100% (3.800) |
100% (2.181) |
100% (730) |
100% (314) |
100% (1.036) |
100% (20) |
100% (160) |
100% (98) |
100% (176) |
100% (15.496) |
|
Nota sobre categoría de temáticas agregadas: (Des. cargos) Designación de cargos directivos y departamentales// (Sub. Pro.) Subsidios de proyectos// (CIC) Carrera de Investigador Científico y Tecnológico// (CPA) Carrera de Personal de Apoyo// (Insti.) Institutos del CONICET// (Equi.) Equipamiento// (Fin. Ext.) Financiamiento Externo// (Con. Uni.) Convenios con universidades// (Con. Prod.) Convenios productivos// RR.HH. (Recursos humanos).
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1983-1989.
Por otro lado, a nivel de celdas se observa que el Directorio se encargó de autorizar la mayor parte de las resoluciones por temáticas agregadas entre 1983-1989, en particular en las escasas 89 resoluciones (90,82%) de convenios productivos del CONICET con el sector productivo a lo largo de todo el período,[22] como así también en las 748 resoluciones sobre infraestructura y equipamiento (72,20%) relacionado con adquisiciones de bienes, actualizaciones de equipos de laboratorios, donaciones recibidas. Por otro lado, es elevada la participación del Directorio en las autorizaciones de resoluciones sobre temáticas ligadas a la designación de cargos directivos y departamentales con 1.834 resoluciones (68,20%), 2.274 de becas (59,84%) y 2.230 actos administrativos de subsidio de proyectos (54,29%). Así también, la figura del presidente del CONICET (el Dr. Carlos Abeledo) ocupó un rol importante en la autorización de actos administrativos de las diversas temáticas agregadas entre 1983-1989. Concentró sus aprobaciones en las temáticas sobre becas con 1.486 resoluciones (38,05%) e institutos con 120 (38,22%) a lo largo del período.[23] Esta última temática trató aspectos relacionados con los procesos de regularización y judicialización de los directores de institutos y personas asociadas a la última dictadura militar, involucrados en episodios de malversación de fondos públicos. Así también, el presidente orientó sus autorizaciones a 1.486 resoluciones sobre temáticas de subsidio de proyectos (34,62%) y 6 firmas sobre temas de financiamiento externo (30%).[24] Cabe aclarar en esta última temática, que el presidente del Consejo encabezó las negociaciones y seguimiento del préstamo BID-CONICET II en 1986,[25] lo cual implicó un conjunto de actos administrativos vinculados a la gestión.
En un contexto de transición y normalización de las instituciones públicas con el retorno de la democracia, desde la dirigencia del CONICET y la SECYT se propiciaron esquemas de autonomía que implicaron reorientar las capacidades de acción de los actores que conformaban la institución. De este modo, resultó necesario reformular las estrategias, misiones y criterios de funcionamiento en la SECYT y en el CONICET. La construcción de apoyo y legitimidad a partir de la relevancia, la coordinación interinstitucional fueron herramientas necesarias para revincular al CONICET con otras instituciones del SPI, revalorizando el rol de la SECYT en la planificación de políticas.
Un actor que se mantuvo durante la década de 1980 e intentó representar el interés por el vínculo entre el CONICET y la SECYT fue el Consejo Científico Tecnológico (CCT), órgano interno del Consejo creado a fines de 1983.
Tabla 3. Nómina de integrantes del Consejo Científico y Tecnológico del CONICET. 1984-1988.
Dr. Alejandro Arvia (La Plata) UNLP-Representante de los investigadores del CONICET.
|
Dr. Naren Bali (Capital Federal) Techint S.A. Propuesto por la Asociación Física Argentina. |
Dr. Héctor Barra (Córdoba) Universidad Nacional de Córdoba. |
Dr. Leopoldo Bartolomé (Misiones) UNM Entidad Nacional Yacyretá |
Dr. Rodolfo Casamiquela (Río Negro). Fundación Ameghino/Centro de estudios étnicos. Representante de los investigadores del CONICET. |
Ing. Félix Chernuschi (CABA) UBA-Facultad de Ingeniería |
Ing. Guillermo Covas (La Pampa) UNLPam- INTA |
Dr. Patricio Garraham (CABA)- UBA. Facultad de Farmacia y Bioquímica |
Arq. Jorge Hardoy (CABA) Centro de Estudios Urbanos y Regionales |
Ing. Rafael Kohanoff (CABA) Confederación General de la Industria (Representante del sector de producción) |
Dr. Jorge Mazza (CABA) Unión Industrial Argentina (Representen del sector de producción) |
Dr. Isidoro Orlansky (CABA). CONICET/UBA-Centro de Investigaciones de Dinámica del Mar y la Atmósfera. |
Dr. Eduardo H. Rapoport (Río Negro) Universidad Nacional de Comahue |
Dr. Arturo Roig (Mendoza)- CONICET-Universidad Nacional de Cuyo-Centro Regional de Investigaciones Tecnológicas |
Dr. Edmundo Rúveda (Santa Fe)- Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas |
Dr. Luis Saravia (Salta). Universidad Nacional de Salta |
Ing. Miguel Thibaud (CABA). Sociedad Rural Argentina (Representante del sector de producción) |
Dr. Roberto Williams (Mar del Plata) Universidad Nacional de Mar del Plata |
Fuente: CONICET (1989: 26-27).
Como se muestra en la tabla 3 de nóminas de integrantes, el CCT funcionaba como consejo asesor conformado por 18 investigadores propuestos por diversas instituciones del SPI, y por 3 miembros que representaban al sector productivo. Este consejo asesor estaba presidido por el Dr. Sadosky e implicó cambios en las estrategias de coordinación y control al interior del Directorio. Según un expresidente del CONICET:
El CCT era un consejo asesor para discutir políticas con un grupo más grande de gente. Periódicamente hacíamos consultas con gente que venía de distintas disciplinas. Eso en realidad se creó antes de 1984, cuando no había directorio y luego lo continuamos para tener una interacción con otros actores. (Entrevista a C. Abeledo. Presidente del CONICET 1984-1989)
La creación del CCT dentro del CONICET contribuyó a aminorar el poder discrecional dentro del Consejo. A diferencia de la administración durante la última dictadura militar,[26] el vínculo entre la SECYT y el CONICET en la década de 1980 implicó procesos de gobernanza académica normativista, donde la gestión burocrática de la SECYT de Sadosky y el perfil administrativo-académico del Directorio con Abeledo en la presidencia del CONICET no manifestaron tensiones en el desempeño de las funciones. Las personas que integraban este órgano colegiado habían sido parte de los nombramientos de la SECYT, la presencia del CCT en el CONICET encabezado por Sadosky dio relevancia de rasgos de una cultura burocrática interesada por la transparencia en el ejercicio de las funciones, que eran compartidos en las áreas de dirección de cada institución. Sin embargo, la cultura académica también logró afianzarse en el ejercicio de gobernabilidad de los actores directivos del CONICET, con políticas dirigidas a reconstituir la autonomía e integridad de espacios disciplinares y grupos de investigadores marginadas durante la última dictadura militar (Svampa y Aguiar, 2019). Los actores directivos del CONICET entre 1983-1989 (presidencia y Directorio) se vieron inmersos en la necesidad de normalizar la institución, como así también amoldarse a nuevas formas de organización y control del ejercicio de la gobernabilidad.
El retorno de la gobernanza académica corporativista en el CONICET entre 1989-1995
Con el nuevo gobierno peronista, luego del proceso hiperinflacionario y la entrega anticipada del gobierno radicar de Raúl Alfonsín al presidente Carlos Menem, la SECYT fue transferida del Ministerio de Educación y Justicia a la Presidencia de la Nación y fue nombrado Raúl Matera como nuevo secretario de la SECYT. Según un expresidente del CONICET:
Nosotros teníamos nombramiento por un año más, y la transición era entre dos gobiernos democráticos, pero de todas maneras nosotros habíamos tomado la decisión de irnos. En ese contexto, intentamos terminar lo que teníamos entre manos […] El último día de nuestra gestión, el 7 de julio, viene el que iba a ser subsecretario de Matera y nos pide una entrevista. Entonces el tipo, nos miró y nos dijo que iba a ir a hablar al Ministerio de Educación a averiguar, porque en el caso de que no renunciáramos, ya tenían el decreto para echarnos. Te cuento esto para que veas cuál fue la relación en ese momento. (Entrevista a C. Abeledo. Presidente del CONICET 1984-1989)
El cambio de gobierno o transición de las autoridades en la SECYT y el CONICET, fue prácticamente nulo a pesar de los esfuerzos de la gestión de Sadosky por dejar una memoria completa de sus esfuerzos, logros y dificultades a lo largo de la década de 1980. En los años noventa, como un primer momento, al interior de los dos mandatos presidenciales de Menem, es posible identificar diferentes culturas que tendieron a propiciar procesos de gobernanza diferentes en el CONICET en dos momentos institucionales contradictorios (Albornoz y Gordon, 2011). La primera desde 1989 hasta 1995, bajo el rótulo de gobernanza académica corporativa,[27] fue un período en el cual las acciones de la administración de gobierno del CONICET tuvieron un tinte de reacción tradicionalista, marcada por el nombramiento de funcionarios vinculados con la dictadura militar que buscaron deshacer los cambios impulsados por el Gobierno democrático radical a partir de 1984 (Albornoz y Gordon, 2011; Del Bello, 2014). La segunda etapa desarrollada entre 1996 y 2002, comprende el proceso de modernización tecnocrática-burocrática (Albornoz y Gordon, 2011) o de reforma y democratización del CONICET (Del Bello, 2014), bajo un tipo de gobernanza académica reformista que se destacó por la creación de una nueva estructura organizativa del CONICET con el objetivo de promover las actividades científicas y tecnológicas en concordancia con las políticas fijadas por la SECYT.
Raúl Matera asumió el cargo en la Secretaría como si esta hubiese sido creada desde foja cero por el gobierno de Menem; previo a tomar el puesto, divulgaba su Programa de 26 medidas (Matera, 1992ª). Matera concentró la autoridad en lo que consideraba su área de influencia dentro de la SECYT y el CONICET. En este marco empezó a generarse la transformación en el SPI de la Argentina. En primer lugar, la SECYT en 1989 quedó bajo la dependencia directa de la Presidencia de la Nación y en 1990 se sancionó la Ley N° 23877 de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica. Esta ley cristalizó una nueva manera de fondear el sector incorporando al sector productivo en el foco de la política de promoción y creando la figura de Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), lo que implicó una orientación a los organismos ejecutores de ciencia y tecnología hacia el autofinanciamiento.
En julio del 1989 junto a la designación de Matera al frente de la SECYT, Carlos Cavotti asumió como presidente del CONICET. Sin embargo, en marzo de 1990 Cavotti pasó a dirigir la Escuela de Defensa Nacional y en su lugar asumió Bernabé Quartino, que fue incapaz de sostener la legitimidad de su figura por mucho tiempo y Matera decidió intervenir nuevamente el CONICET reteniendo el rol de presidente. Fue en abril de 1991 cuando por medio del Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto N° 719 sustituyeron los artículos 3° y 4° del Decreto-Ley N° 1291/58 y sus modificatorios, para reformular la estructura y composición del Directorio del CONICET estableciendo que la presidencia del mismo estaría a cargo del secretario de la SECYT. Mediante el Decreto N° 276/1989 se pauta que el Directorio estaría conformado por siete miembros representativos de diversas áreas del conocimiento y dos vicepresidentes que serían nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional. Por último, se eliminó la figura del CCT que había participado en la dirección del CONICET en la década de 1980. Además, se determinó un nuevo procedimiento para la renovación del Directorio, que consistiría en la elevación desde el Directorio de una lista de la cual SECYT elegiría una terna de candidatos y la llevaría al Poder Ejecutivo para su propuesta definitiva. A diferencia de lo establecido en la etapa anterior, el presidente del CONICET adquirió rango de subsecretario, consolidando un proceso de acción bajo el binomio SECYT/CONICET hasta 1994.
De esta forma, a partir de mayo de 1991, se designaron como miembros del Directorio del CONICET al investigador superior profesor Dr. Alejandro F. De Nicola, al investigador superior profesor Dr. Orlando Eugenio Villamayor, al investigador principal profesor Dr. Jorge M. Affannia, al profesor Dr. Pedro N. Stipanicic, al investigador superior profesor ingeniero Agrónomo Armando Teodoro Hunziker, al investigador principal profesor Dr. Julio César y al ingeniero civil Alejandro Solari. Así también se designó Villamayor como vicepresidente 1° y a Stipanicic como vicepresidente 2°.
Tabla 4. Actos administrativos aprobados por actores directivos del CONICET entre 1989 y 1995 (en porcentajes).
Actores directivos |
Actos administrativos |
|||||||
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Totales marginales |
|
Directorio |
72,91% |
46,88% |
47,15% |
29,85% |
46,53% |
89,89% |
100% |
57,6% |
Presidente |
27,09% |
53,12% |
- |
- |
- |
- |
- |
6,57% |
SECYT/ CONICET |
- |
- |
52,85% |
70,15% |
53,47% |
10,11% |
- |
35,82% |
Totales marginales |
3,83% |
10,41% |
17,16% |
22,61% |
17,92% |
12,95% |
15,11% |
100% |
TOTALES |
100% (454) |
100% (1.233) |
100% (2.032) |
100% (.2577) |
100% (2.121) |
100% (1.533) |
100% (1.789) |
100% |
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1989-1995.
Según la tabla 4, al observar los valores marginales durante la segunda mitad del año 1989 se registró el menor número de actos administrativos en el CONICET con un 3,83% (454), alcanzando su máximo en 1992 con el 22,61% (2.577 resoluciones) bajo la presidencia compartida de la SECYT/CONICET; esto implica una diferencia de 18,77 puntos porcentuales. Así también se observa que hay un crecimiento del número de actos administrativos desde 1989 a 1992 y luego una disminución marcada en los últimos dos años durante la gestión de Domingo Liotta en la presidencia compartida de la SECYT/CONICET, luego del fallecimiento de Matera en 1994. Si observamos la participación de los diversos actores en la autorización de los actos administrativos, el Directorio nombrado en 1989, posterior a la renuncia de la administración radical, se encargó de autorizar el 72,91% de los actos administrativos y el presidente del CONICET (Cavotti) un 27,09% ese mismo año. El Directorio disminuyó su rol como firmante al 46,9% en 1990 (con una diferencia de 26 puntos porcentuales) frente a la intervención y retención del cargo presidencial por Matera durante ese año. En 1990, la presidencia compartida SECYT/CONICET bajo el control de Matera se encargó de autorizar el 53,12% de las resoluciones firmadas. Este desplazamiento de la autoridad en los actos administrativos se mantuvo entre 1991-1993, con un rol preponderante de la nueva figura de gestión (SECYT/CONICET) en 1991-1992. Este proceso cambiaría a partir de 1994 luego en la gestión de Liotta como secretario de la SECYT y la reforma del Directorio del CONICET, que volvió a otorgarle autonomía administrativa a la institución y la reincorporación de la figura del presidente como autoridad autónoma. Entre 1994 y 1995, el Directorio volvió a representar el 89,89% de las resoluciones administrativas (1.378) y la figura SECYT/CONICET el 10,11% (155). En 1995, el Directorio se encargó de autorizar todos los actos administrativos de ese año.
Tabla 5. Participación de los actores directivos del CONICET en la aprobación de resoluciones por temática agregada entre 1989 y 1995 (en porcentajes).
Actores directivos |
Resoluciones por temática agregada |
|||||||||||||
Des. Cargos |
Sub. Pro. |
Becas |
CIC |
CPA |
Insti. |
Equi. |
Fin. Ext. |
Con. Uni. |
Con. Prod. |
RR.HH. |
Totales marginales |
|
||
Directorio |
3,28% |
55,07% |
59,63% |
55,53% |
44,31% |
0,71% |
80,23% |
53,57% |
65,67% |
90,71% |
86,98% |
49,51% |
|
|
Presidente |
2,46% |
5,51% |
8,17% |
11,78% |
16,38% |
55,52% |
2,32% |
- |
- |
- |
2,80% |
6,57% |
|
|
SECYT/ CONICET |
94,26% |
39,43% |
32,20% |
32,69% |
39,31% |
43,77% |
17,45% |
46,43% |
34,33% |
9,29% |
10,22% |
43,91% |
|
|
Totales marginales |
25,75% |
7,67% |
12,72% |
8,32% |
9,28% |
2,37% |
15,63% |
1,18% |
0,57% |
5,91% |
86,98% |
100% |
|
|
TOTALES |
100% (3.050) |
100% (908) |
100% (1.506) |
100% (985) |
100% (1.099) |
100% (281) |
100% (1.851) |
100% (140) |
100% (67) |
100% (700) |
100% (1.252) |
100% (11.839) |
|
Nota sobre categoría de temáticas agregadas. (Des. Cargos) Designación de cargos directivos y departamentales// (Sub. Pro.) Subsidios de proyectos// (CIC) Carrera de Investigador Científico y Tecnológico// (CPA) Carrera de Personal de Apoyo// (Insti.) Institutos del CONICET// (Equi.) Equipamiento// (Fin. Ext.) Financiamiento Externo// (Con. Uni.) Convenios con universidades// (Conv. Prod.) Convenios productivos// RR.HH. (Recursos humanos).
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1989-1995.
En lo que respecta a las resoluciones por temática agregada tratados entre 1989-1995 por los actores directivos, según la tabla 5, al observar los valores marginales se destaca un 25,75% de temáticas ligadas a designaciones de cargos, un 15,63% de resoluciones sobre equipamiento y un 12,72% de actos administrativos sobre becas. Así también se destaca el peso del Directorio con un 49,51% en la autorización de los actos administrativos en diversas temáticas agregadas, seguido del 43,91% por la figura SECYT/CONICET. Así también, es notable la baja participación de la figura presidencial a lo largo del período en la autorización de actos administrativos de diversas temáticas agregadas, con excepción de las resoluciones sobre temas de institutos con un 55,52% a lo largo del período (156 resoluciones firmadas por la presidencia de Cavotti). Durante el período junio de 1989 hasta mediados de mayo de 1996, el CONICET destacó procesos de gobernanza académicas corporativa en donde se evidenció una tendencia restituir posiciones jerárquicas a personas ligadas a última dictadura militar, permeado de un discurso nacionalista católico antisubversivo. En el caso de Liotta se evidencia un proyecto de investigación devenido en Secretaría de Ciencia y Tecnología. En este sentido, como secretario de la SECYT y con la presidencia del CONICET, no modificó su orden de prioridades y mantuvo su trabajo en proyectos de investigación vinculados al desarrollo de prótesis cardíacas. La gestión de Liotta también estuvo cubierta por sospechas y denuncias sobre la poca transparencia en el manejo de recursos. Tuvo problemas con las comisiones asesoras del CONICET, especialmente los miembros de la comisión en ciencias médicas, área a la que pertenecía Liotta, que presentaron su renuncia en julio del 1995 denunciando injerencias externas en sus funciones y el mismo Liotta tuvo que rogarles públicamente que permanezcan. De la misma manera que Matera llevó a cabo un cambio de 180° con respecto a los lineamientos de Abeledo, Liotta, con su ausencia de agenda política, fue alejándose poco a poco de la propuesta de Matera, empujado por la urgencia fiscal que emanaba desde el Ministerio de Economía. La falta de continuidad entre gestiones observada en el período da cuenta de la incipiente institucionalidad del sector de CyT y muestra la ausencia de un cuerpo de expertos en formulación y gestión de política en CyT en aquellos años.
En 1996 se inició una etapa que Albornoz y Gordon (2011) definieron como modernización burocrática en las instituciones de CyT.[28] En el inicio de esta fase se dio la designación de Juan Carlos del Bello como secretario de la SECYT y como interventor del CONICET de forma simultánea.
A partir de 1996, en el marco de la denominada segunda reforma del Estado, se dieron cambios en la regulación, planificación y coordinación de las políticas científicas. Del Bello (2014) explica que la reforma de 1996 era necesaria dada la involución que había acontecido al CONICET a lo largo de su historia y por las inconsistencias institucionales. En 1996, la SECYT elaboró los siguientes lineamientos estratégicos: i) distinguir institucionalmente la definición de política de su ejecución; ii) reelaborar los sistemas de asignación de fondos y hacerlos más transparentes, competitivos y con evaluación externa; y iii) diferenciar la política científica de la política tecnológica. Esta reorganización pretendió separar funcionalmente las instituciones de CyT con el objetivo de impulsar su dinamismo sistémico. En este marco, se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) a través del Decreto N° 1660, cuyo origen estuvo estrechamente ligada a los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Aguiar y Svampa, 2019), los cuales provenían del Préstamo para el Programa de Modernización Tecnológica I (PMT I) que hasta ese momento, eran canalizados en forma predominante a través del CONICET. La necesidad de contar con un organismo dedicado a la financiación de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), exigió la reestructuración del PMT I. Por su parte, el CONICET estaba atravesando una crisis institucional, la intervención de Del Bello en 1996 abarcó aproximadamente seis meses hasta que la institución se normalizó por elecciones y se conformó un nuevo Directorio que propició procesos de gobernanza académicos reformistas. En este marco, la injerencia por parte del secretario de la SECYT en el organismo era presentada como un acto de violencia de la cultura burocrática en los intereses de la cultura académica que el CONICET idealmente defendía. Sin embargo, no se vio esta misma reacción cuando Matera intervino el organismo por un período mucho más largo. Esto se puede interpretar profundizando en las cuestiones que cada secretario buscó afrontar y en los modelos conceptuales que guiaban sus decisiones de política. Matera buscaba que la ciencia argentina fuera de utilidad para el posicionamiento internacional del país y comprendía al desarrollo tecnológico como una consecuencia necesaria de la ciencia (modelo lineal ofertista). Del Bello, en cambio, se posicionaba con un discurso más actualizado en términos de los debates expertos a nivel internacional y ponía el acento en la cuestión tecnológica por sobre la ciencia de excelencia.
La intervención de la SECYT durante los seis meses implicó una nueva reforma en la carta orgánica, y la conformación del Directorio transformó la estructura departamental en unidades gerenciales. En lo que respecta al Directorio, el mismo estaría compuesto por ocho miembros y un presidente. La designación de los ocho miembros estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional a partir de ternas. Cuatro de estas ternas representaban respectivamente a las cuatro áreas del conocimiento y que eran electas por todos los miembros de la CIC a través de elecciones directas. Las otras cuatro ternas eran propuestas por instituciones representativas de la industria, el agro, las provincias y las universidades. El presidente era propuesto por el Ministerio de Educación (ámbito en el cual estaba la SECYT en ese momento) y designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Como se puede ver, esta estructura del Directorio tenía la novedad de abrir el juego a las elecciones democráticas por parte de los integrantes de la CIC. Aunque dicha participación se limita a la postulación de ternas de solo el 50% del Directorio, sobre las cuales el Poder Ejecutivo Nacional elegía a los miembros definitivos.
En 1997, a meses de la intervención de Del Bello, Enrico Stefani investigador argentino radicado en Estados Unidos fue designado como presidente del CONICET. Stefani buscó devolver prioridad meritocrática a la CIC donde destacara la alta calidad de la investigación; un intento de independizar al Consejo de actores externos y afianzar una organización científica a partir de criterios de excelencia científica. Sin embargo, su gestión estaría en constante tensión con la SECYT que buscó influenciar en la política de conformación de las comisiones asesoras, como así también en los criterios de concurso a CIC; lo cual fue rechazado por el presidente y por los miembros de las comisiones asesoras disciplinares y la junta de calificación. A principios de 1998, Stefani renunció debido a los desacuerdos entre su gestión y la SECYT. El nuevo presidente electo que lo reemplazó fue Armando Bertranou, ingeniero agrónomo y miembro del Directorio. La elección de Bertranou como presidente del organismo significó enfrentar abiertamente la cultura académica nucleada en el CONICET. Dado que no solo no era un investigador de reconocida trayectoria en el CONICET, sino que representaba intereses ajenos a los de la cultura académica, había sido electo rector de la Universidad Nacional de Cuyo, era el representante de las provincias en el Directorio. Es decir, bogaba por la federalización de las actividades de CyT.[29]
Tabla 6. Actos administrativos aprobados por actores directivos del CONICET entre 1996 y 2002 (en porcentajes).
Actores directivos |
Actos administrativos |
|||||||
1996 |
1997 |
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
Totales marginales
|
|
Interventor |
51,4% |
41,2% |
- |
- |
- |
- |
- |
9,9% |
Directorio |
28,8% |
26,1% |
60% |
59,7% |
60,15% |
64,7% |
67,5% |
54,5% |
Presidente |
- |
32,7% |
40% |
40,3% |
39,85% |
35,3% |
32,5% |
33,6% |
Comité Ejecutivo |
19,9% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,0% |
Totales marginales |
10,18% |
11,24% |
18,64% |
18,46% |
16,61% |
12,71% |
12,13% |
100% |
TOTALES |
100% (2.738) |
100% (3.025) |
100% (5.024) |
100% (4.965) |
100% (4.469) |
100% (3.420) |
100% (3.262) |
100% (26.903) |
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1989-1995.
Según la tabla 6, si observamos los valores marginales, la mayor cantidad de resoluciones firmadas se concentraron en 1998 con un 18,64% y en 1999 con un 18,46% (una diferencia de 0,18 puntos porcentuales). Si observamos los valores marginales de participación según actores directivos durante el período 1996-2002, el Directorio se encargó de autorizar el 54,5% de los actos administrativos (14.658), el presidente un 33,6% (9.040). A nivel de actores directivos, cabe remarcar la elevada participación del interventor del CONICET (Juan Carlos Del Bello-secretario de la SECYT) en lo que respecta a la autorización de actos administrativos durante los seis meses que ejerció la intervención. El interventor se encargó de autorizar el 51,4% resoluciones en 1996 y 41,2% en 1997 (una diferencia de 10,2 puntos porcentuales), lo cual desplazó notoriamente de esta tarea al Directorio y al presidente del CONICET. El Directorio por su parte registró un incremento sostenido en la autorización de actos administrativos a partir de 1998 con el 60%. Así también la figura del presidente registró una elevada participación entre 1997 (una vez finalizada la intervención de Del Bello) hasta 1999. Sin embargo, a partir de este año y con el ingreso de Dante Caputo al cargo de secretario de la SECYT, se dio una alternancia de presidencias en el CONICET que disminuyeron la participación del presidente en la autorización de actos administrativos.
Tabla 7. Participación de los actores directivos del CONICET en la aprobación de resoluciones por temática agregada entre 1996 y 2002 (en porcentajes).
Resoluciones de actores directivos |
Resoluciones por temática agregada |
||||||||||||
Des. cargos |
Sub. pro. |
Becas |
CIC |
CPA |
Insti. |
Equi. |
Fin. Ext. |
Con. Uni. |
Con. Prod. |
RR.HH. |
Totales marginales |
|
|
Interventor |
17,43% |
14,90% |
11,60% |
5,77% |
5% |
10,40% |
3,82% |
50,00% |
34,34% |
18,75% |
- |
9,87% |
|
Directorio |
68,52% |
47,37% |
66,56% |
52,67% |
47% |
64,84% |
52,37% |
50,00% |
65,66% |
29,69% |
89,11% |
54,48% |
|
Presidente |
13,91% |
37,73% |
21,83% |
41,56% |
48% |
10,57% |
21,37% |
- |
- |
- |
- |
33,60% |
|
Comité Ejecutivo |
0,13% |
- |
- |
- |
- |
14,20% |
22,44% |
- |
- |
51,56% |
10,89% |
2,05% |
|
Totales marginales |
8,55%
|
24,52%
|
21,72%
|
14,82%
|
11,06%
|
4,40%
|
2,43%
|
0,01%
|
0,37%
|
0,48%
|
5,70%
|
100% |
|
TOTALES |
100% (2.300) |
100% (6.597) |
100% (5.844) |
100% (3.987) |
100% (2.976) |
100% (1.183) |
100% (655) |
100% (4) |
100% (99) |
100% (128) |
100% (1.534) |
100% (26.903) |
|
Nota sobre categoría de temáticas agregadas. (Des. cargos) Designación de cargos directivos y departamentales// (Sub. Pro.) Subsidios de proyectos// (CIC) Carrera de Investigador Científico y Tecnológico// (CPA) Carrera de Personal de Apoyo// (Insti.) Institutos del CONICET// (Equi.) Equipamiento// (Fin. Ext.) Financiamiento Externo// (Con. Uni.) Convenios con universidades// (Con. Prod.) Convenios productivos// RR.HH. (Recursos humanos).
Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento del total de resoluciones del CONICET entre 1996-2002.
Si observamos los valores marginales de la tabla 7, a diferencia de la gestión de Matera y Liotta entre 1989-1995, durante el período 1996-2002 se registró una mayor cantidad de actos administrativos sobre subsidio de proyectos (24,54%), becas (21,72%),[30] y CIC (14,82%). La situación del Consejo en ese momento se caracterizaba por la escasez de recursos para financiar proyectos de investigación y por el crecimiento lento de los ingresos y las promociones en la CIC, con la consiguiente postergación de incluir a investigadores jóvenes. En este marco, se modificaron los procedimientos de ingreso orientándolos a una mayor transparencia; se estableció una política de financiamiento que consistió en mecanismos de asignación de recursos económicos y en la definición de normas de seguimiento y evaluación. Así, se reintrodujo nuevamente la instancia de evaluación por pares, la renovación de las comisiones asesoras. Si nos detenemos en los totales marginales de los actores directivos, se constata la participación del 54,48% de autorizaciones por parte del Directorio, seguido de un 33,60% del presidente y un 9,87% del interventor durante el período de 1996-2002. Por otro lado, el Directorio registró la mayor participación de las autorizaciones para diversas temáticas agregadas a excepción de las resoluciones sobre financiamiento externo.
En 1999 se inició en Argentina un periodo en el cual aparecía el “desconcierto convertido en dato político” (Albornoz y Gordon, 2011: 27). La gestión del nuevo gobierno dispuso el traspaso de la SECYT a la Presidencia de la Nación y designó a Dante Caputo como secretario, quien tuvo una gestión conflictiva por la falta de rumbos definidos y el escaso diálogo con los investigadores. Uno de los hechos a destacar en el punto de conflicto fue el intento de enviar al Congreso de la Nación, un proyecto de reforma de la CIC del CONICET. Caputo, desde su gestión en la SECYT, propuso la reformar de la CIC alegando la desvinculación de los investigadores con las universidades. A principios de 2001, Caputo renunció y fue reemplazado por Adriana Puiggrós, quien apoyo la sanción de una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley N° 25467) con el objetivo de ordenar el conjunto de reglamentaciones que regían el sector.[31] Esta ley se dictó en los últimos meses del gobierno en medio de una profunda crisis generalizada. Al frente del CONICET, que estaba atravesando fuertes dificultades institucionales, fue designado Pablo Jacovkis, pero duró menos de un año por diferencias con la conducción política de la Secretaría y por cuestiones relativas a los recursos disponibles para el Consejo; fue reemplazado por Andrés Carrasco.
Cambios en la autonomía relativa de los actores directivos relevantes entre 1983-2002
Con el retorno de la democracia a fines de 1983, empezaron a gestarse cambios en la gobernanza del SPI, que afectaron a la autoridad y autonomía relativa que hacen a la gobernabilidad de los diversos actores que ocupan la estructura interna de CONICET, a través de modificaciones en los criterios de evaluación e instrumentos de financiamiento de la investigación, cambios en la carta orgánica y nuevos perfiles burocráticos y académicos.
Figura 1. Organigrama del CONICET entre 1983 y 1996.
Fuente: elaboración propia a partir de memorias institucionales del CONICET (1983, 1989).
Tal como aparece en la Figura 1, entre 1983-1996, el CONICET estaba organizado en un órgano colegiado conformado por el Directorio, la Presidencia, el Comité Ejecutivo y un secretario ejecutivo. Después lo seguía un Departamento de Programación que se ocupaba de del seguimiento de los proyectos subsidiados, las becas, programas (SAPIU),[32] aspectos administrativos de las carreras y procesos evaluativos internos. También estaba el Departamento Jurídico, encargado de configurar los actos administrativos y la aplicación de normativas internas. El Departamento Jurídico tenía el atributo de llevar a cabo rendiciones de cuenta, implementar políticas regulatorias en el funcionamiento de los institutos (con seguimientos mensuales e informes).
Tabla 8. Autonomía relativa entre actores directivos y actores de gestión. CONICET 1983-1989.
ACTORES DIRECTIVOS |
ACTORES DE GESTIÓN |
|||
SECYT |
CCT |
DEP. JUR. |
DEP. DE PROG. |
|
PRESIDENTE |
ALTA |
ALTA |
MEDIA |
MEDIA |
DIRECTORIO |
MEDIA |
MEDIA |
MEDIA |
MEDIA |
Nota: SECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica) // CCT (Consejo Científico y Tecnológico) // DEP. JURÍDICO (Departamento jurídico) // DEP. PROGRAMACIÓN (Departamento de Programación).
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, actas y resoluciones de CONICET 1983-1989.
Con la nueva gestión con Carlos Abeledo en la presidencia, cobró importancia su autoridad por sobre el Directorio, como así también la presencia de la SECYT, sobre todo a partir de su elevación de rango a Secretaría en conjunto con el CCT, un actor que apareció dentro del CONICET y que a partir de sus funciones adjudicadas y de los diversos representantes de instituciones de CyT, contribuyeron a aminorar el poder discrecional dentro del Consejo de la élite científica en la organización de los institutos. La figura presidencial del CONICET estaba en concordancia con los lineamientos políticos y objetivos de la SECYT, Abeledo no solo ocupó un rol predominante en la imagen externa al Consejo, sino en las reformas de los instrumentos de promoción científica, financiamiento externo y reformas organizacionales internas. Tal como aparece reflejado en la tabla 8, si analizamos la autonomía entre actores burocráticos, en particular entre directivos y de gestión se evidencia una alta autonomía relativa del presidente del CONICET con respecto a la SECYT y el CCT. Esta capacidad de acción del presidente se destacó en las decisiones pertinentes a los instrumentos de promoción científica y la política de financiamiento externo, aspectos destacados entre 1983-1989. En este sentido, el presidente encabezó el proceso de conformación de las comisiones encargadas de elaborar los lineamientos de convocatorias a los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) y los Proyectos de Investigación Anual (PIA).
Uno de los objetivos de la gestión de Abeledo fue restarle autoridad y autonomía a los directores y a las comisiones de instituto. Una de las formas fue que los 75 programas registrados hasta 1984 fueran reevaluados por las comisiones asesoras y reconvertidas como PID. Así, en lo vinculado al manejo de fondos, desde el Directorio comenzó a exigirse la presentación del presupuesto anual a los directores de institutos, y el control sobre un gasto anual para el funcionamiento institucional. Según el director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL):
Abeledo buscó democratizar el sistema de investigación: para esto, los fondos (todos) los que eran administrados por los directores de institutos (quienes actuaban en muchos casos como faraones de la ciencia) se dividieron en dos partidas. Uno fue para el funcionamiento, administrada por el director de los institutos (un 20% de los fondos totales). Otra partida de fondos fue para los PID que eran asignados por temas a los investigadores, privilegiaba a los investigadores por sobre los directores de institutos. (Entrevista a Neiff, J. José. Director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral –CECOAL– en la década de 1980)
Tal como describe el director del CECOAL, los PID y los PIA tendieron a privilegiar a la calidad del proyecto y a permitir la participación de investigadores que no necesariamente tenían relación con el CONICET. Este instrumento tendió a disminuir la autoridad y autonomía relativa de los directores de institutos, como así también de los miembros de las comisiones de institutos. En lo que respecta a la política de financiamiento externo, Carlos Abeledo fue una figura de importancia en el proceso de solicitud y negociación del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo se concretó en el ochenta y siete y comenzó a estar operativo en el ochenta y ocho. En realidad, el objetivo principal del préstamo del BID-CONICET era tener acceso a divisas. Poder asegurar, en una época de crisis económica, un afluente de ingresos del sector externo, frente a una demanda de renovación de equipamiento, dado que había obsolescencia de equipamiento. (Entrevista a Carlos Abeledo. Presidente del CONICET 1984-1989)
Así también, el presidente del CONICET durante la gestión radical contó con capacidad de acción para gestionar un préstamo orientado a fortalecer las actividades e instrumentos ligadas a la promoción científica. Los objetivos del préstamo para el CONICET se sustentaron en el interés de fomentar el financiamiento de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos, incorporación de equipamiento científico y las primeras experiencias de vinculación tecnológica. De este modo, el Programa Especial de Promoción en Ciencia y Tecnología tendría como principal destinatario la promoción de actividades de I+D a través del estímulo de la oferta de conocimiento.
Por otro lado, la figura del presidente del CONICET contó con una autonomía relativa de nivel medio en lo que respecta a los vínculos con el departamento jurídico y el de programación; particularmente en temas relacionados con la organización interna del Directorio, de las comisiones asesoras y Junta de Calificación, como así también del proceso de revisión de funciones y tareas de los directores de institutos. En este sentido, los actos administrativos firmados tanto por el directorio como por el presidente y vinculados a temas de altas o bajas de los miembros de CIC, de CPA debían ser evaluados por el Departamento Jurídico y el Departamento de Programación.
La administración del CONICET a lo largo de la década de 1980 buscó la redefinición de los instrumentos de promoción científica. En lo vinculado al manejo de fondos, desde el Departamento Jurídico y de Programación comenzó a exigirse la presentación del presupuesto anual a los directores de institutos y seguimiento en los gastos funcionales. Se comenzó a aplicar seguimientos trimestrales con el interés de transparentar el manejo de fondos. Según Juan A. Tirao, director del Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba (CIEM):
De alguna manera, en la década del ochenta, los directores de institutos quedaron con menos rango de acción, se limitó el funcionamiento de los directores al manejo de un presupuesto menor, destinado a infraestructura y aspectos generales de un instituto. Ya no destinaba plata para un grupo de investigación, esto dependía de los PID. En los ochenta, los directores dejaron de tener fuerza en el CONICET. (Entrevista a Tirao, A. Juan. Director del CIEM.)
Este nuevo Directorio reflejó la manifestación de rasgos de una cultura burocrática preocupada por la democratización de la institución y la administración de fondos, pero ligado a valores académicos, dado que sus miembros provenían de la docencia universitaria y la investigación (sin necesariamente ser miembros de la CIC). Este Directorio se dedicó a la gestión interna del CONICET, pero así también a reconstruir los vínculos con otras instituciones del SPI, tales como la SECYT y las universidades públicas. La continuidad del CCT como asesor externo al Directorio buscó legitimar un enfoque institucional que transformó los procedimientos administrativos heredados de la gestión de la última dictadura militar.
Tabla 9. Autonomía relativa entre actores directivos y actores de gestión. CONICET 1989-1995.
ACTORES DIRECTIVOS |
ACTORES DE GESTIÓN |
||
SECYT |
DEP. JUR. |
DEP. DE PRO. |
|
PRESIDENTE* |
BAJO |
MEDIO |
MEDIO |
DIRECTORIO |
BAJO |
MEDIO |
MEDIO |
PRESIDENCIA COMPARTIDA SECYT/CONICET |
ALTO |
ALTO |
ALTO |
Nota: SECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica) // DEP.JURÍDICO (Departamento jurídico) // DEP. PROGRAMACIÓN (Departamento de Programación).
*Cabe aclarar que la figura del presidente del CONICET con la gestión de Matera se mantuvo vigente desde junio de 1989 hasta abril de 1991. Después esta autoridad queda anulada frente a la intervención y presidencia compartida de la SECYT/CONICET.
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, actas y resoluciones de CONICET 1989-1995.
Con la entrega anticipada de la administración de Abeledo a Matera a mediados de 1989, la figura del presidente evidenció bajos niveles de autonomía relativa durante los meses de gestión de Cavotti hasta la reforma en el Directorio con el Decreto N° 719 que estableció la presidencia compartida CONICET/SECYT. A partir de abril de 1991 hasta 1995, Matera y Liotta ocuparon el cargo simultaneo de presidencia del CONICET y el de secretario de la SECYT entre 1989-1995, ambos eran profesionales de las ciencias médicas con una gran proximidad política al partido gobernante. Matera asumió al cargo de Secretaría como si esta hubiese sido creada desde foja cero por el gobierno menemista. Previo a asumir, Matera difundió su “Programa de 26 medidas” (Matera, 1992a). Siete de esas 26 medidas se reducían a “analizar” o “evaluar” la situación del complejo de CyT, dejando entrever el grado de desconocimiento con el cual asumía. Según Matera:
En la Argentina no existe un sistema de ciencia y tecnología. Hay sectores dispersos: SECYT-CONICET, donde se agrupan la mayoría de los centros e institutos de investigación básica y aplicada del país, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CITEFA… y otras instituciones similares que guardan autonomía respecto a las demás. (Matera, 1992a: 29)
Lo primero que despierta la atención de la afirmación anterior, era la ausencia de las universidades públicas como componente elemental del complejo. Más teniendo en cuenta la centralidad que había tenido para la gestión Sadosky, lograr la reconciliación entre el CONICET y las universidades por medio de diversos instrumentos de promoción científica. Lejos de este objetivo, la gestión de Matera repitió la tendencia de la última dictadura militar, profundizando la separación del CONICET de las universidades públicas.
Con el fallecimiento de Matera en 1994, llegó Domingo Liotta a la SECYT.[33] El único cargo de gestión pública que Liotta había ejercido hasta ese momento fue el de secretario de Estado de Salud Pública con el regreso de Perón desde 1973 y hasta su fallecimiento en 1974. El cargo de secretario de Ciencia y Tecnología no fue algo que él buscase, lo aceptó prácticamente como un favor al entonces presidente Menem y al fallecido Matera.
Tal como figura en la tabla 9, la figura presidencial compartida SECYT/CONICET entre 1991-1995 registró una elevada autonomía en relación al Directorio, como así también de los departamentos Jurídico y de Programación del CONICET. Tanto Matera como Liotta, más allá de su desconocimiento de las políticas de CyT, se interesaron por reconstituir el valor de los salarios los miembros de la CIC y CPA, pero restringieron fondos para los instrumentos de financiamiento de proyectos de investigación. Así también, el congelamiento de los ingresos a las carreras y la desarticulación de programas como el SAPIU fueron decisiones ejecutadas por Matera y respaldadas por el Directorio.
Por otro lado, el Directorio manifestó bajos niveles de autonomía relativa frente a la SECYT y a la figura compartida de la presidencia SECYT/CONICET entre 1991-1995 y una elevada autonomía durante los meses de la presidencia de Cavotti. Así también, el Directorio que operó entre 1989-1996 dejó de estar condicionado por los informes de control del Departamento Jurídico y el de Programación al momento de discutir y autorizar los actos administrativos.
Figura 2. Organigrama interno del CONICET entre 1996 y 2002.
Fuente: elaboración propia a partir de la información sustraída del PEN 1996. Decreto 1207/96, p. 4.
Tal como aparece ilustrado en la Figura 2, la estructura del CONICET experimentó un desarrollo significativo con la reforma de 1996 con la intervención de Del Bello. A nivel de sede central, en su máxima línea de conducción se mantuvo el Directorio bajo la composición de ocho miembros, el presidente y dos vicepresidentes, uno de Asuntos Científicos y otro de Asuntos Tecnológicos (que conformaban el Comité Ejecutivo). Por otro lado, con la creación de las áreas de trabajo organizadas en tres gerencias (Gestión Operativa; Evaluación y Acreditación; y Desarrollo Científico y Tecnológico) y una Asesoría Legal, se destaca el avance de las estructuras administrativas que concentran los aspectos “menos ligados a lo académico”, parafraseando la definición de uno de nuestros entrevistados, en detrimento de otras áreas asociadas tradicionalmente con la gestión de las actividades de investigación.[34]
El CONICET a fines de los noventa lentamente fue incorporando cambios en la incorporación de un modelo de gestión posburocrático descentralizado. En este sentido, desde el Consejo comenzó a demandar profesionales con una alta calificación técnica en esa materia, pero con una marcada carencia para articular los distintos planos e intereses de diversos actores implicados en la administración, lo cual iba mucho más allá de la preparación técnica específica de dichos coordinadores.
Tabla 10. Autonomía relativa entre actores directivos y actores de gestión. CONICET 1996-2002.
ACTORES DIRECTIVOS |
ACTORES DE GESTIÓN |
|||
SECYT |
GER. DE DES. CIENT. Y TECN. |
GER. DE EVAL. |
GER. OPE. |
|
PRESIDENTE |
MEDIA |
BAJA |
MEDIA |
MEDIA |
DIRECTORIO |
ALTA |
MEDIA |
MEDIA |
MEDIA |
INTERVENTOR |
ALTA |
ALTA |
BAJA |
MEDIA |
Nota: SECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica) // GER. DE DES. CIENT. Y TECN. (Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico) // GER. DE EVAL. (Gerencia de Evaluación) // GER. OPE. (Gerencia Operativa).
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, actas y resoluciones de CONICET 1996-2002.
La gestión de Del Bello en la SECYT se desvió significativamente del rumbo adoptado por los dos secretarios previos al impulsar la transformación del sector de CyT argentino, al promover la creación de nuevas instituciones y fundar lógicas innovadoras en la gestión de la política pública de CyT; especialmente mediante la consolidación de relaciones estables con el BID.
Según la tabla 10, la figura del presidente evidenció niveles medios de autonomía relativa con respecto a la SECYT, en tanto este último actor monitoreó las decisiones llevadas a cabo por el CONICET. Así también, la figura presidencial registró niveles bajos de autonomía relativa con respecto al Directorio y a la gerencia de desarrollo científico y tecnológico. Esta escasa capacidad de acción se comprende en base al debilitamiento de la figura presidencial entre 1996-2003 en el CONICET, producto de la sucesión de cargos que conllevaron a conflictos con la SECYT y la comunidad científica. Según el Subgerente de Desarrollo Científico y Tecnológico entre 1997-2003), “Había una cierta supervisión de la SECYT sobre el accionar del Directorio y de la presidencia del CONICET. Esto llevó a desinteligencias que desencadenaron la renuncia del presidente Stefani y su reemplazo por el Ing. Dr. Bertranou” (Subgerente de Desarrollo Científico y Tecnológico entre 1997-2003).
El Directorio, por su parte, incrementó su autonomía relativa con respecto a la SECYT y al presidente del CONICET y mantuvo estrechos vínculos de seguimiento y asesoramiento por parte de las gerencias.
Así, Del Bello como integrante de una élite gubernamental tuvo un alto grado de autonomía para traducir sus orientaciones y preferencias en políticas públicas no solo durante sus meses como interventor del Consejo, sino a lo largo de sus años en la SECYT. La idea central fue la de diferenciar al menos tres funciones en el SPI: la elaboración de políticas para CyT, la promoción de la CyT, y la ejecución de actividades de CyT. La función de elaboración de políticas quedó concentrada en la SECYT, la función de ejecución de actividades de CyT se mantuvo en los centros establecidos de investigación y desarrollo (I+D), tales como el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Por otro lado, para la función de promoción se creó una nueva institución dedicada exclusivamente para tal fin, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
Cabe destacar que la intervención y reforma del Directorio en 1996 implicó la reestructuración de los diversos departamentos de gestión existentes en el CONICET desde 1983. Esto conllevó a la conformación de tres gerencias (Desarrollo Científico y Tecnológico; Evaluación; y Operativa).
En este trabajo se buscó un primer acercamiento a los cambios en la gobernanza y gobernabilidad de los actores directivos de la burocracia interna al CONICET entre 1983-2002 a partir de una descripción de la autoridad, medida a través de la aprobación de administrativos, y la autonomía relativa entre actores directivos y de gestión en el desempeño de funciones, relevado por medio de documentos y entrevistas. En este marco, la tensión latente entre actores al interior del CONICET y en sus vínculos con la SECYT interpela a la idea de soberanía en su dimensión científica y tecnológica, en donde las capacidades de acción de los actores directivos burocráticos difícilmente configuren procesos de gobernanza unívocos en el CONICET; es más propio identificar a lo largo del período analizado procesos de gobernanza afectados por los detalles de la implementación de la autoridad y la autonomía de los actores. El CONICET se destaca por una burocracia cuya actividad está considerablemente rutinizada y demanda saberes relativamente poco especializados, concentrados en la aplicación de normativa. i) En primer lugar, los procesos de gobernanza académica normativista (identificado para los años 1983-1989 con el retorno de la democracia) motivaron la configuración de un sistema de normas y formas de ejercicio de la autoridad por actores que tendieron a priorizar la política de la transparencia en el funcionamiento de la institución por sobre los intereses corporativos; ii) en segundo lugar, los procesos de gobernanza académica corporativa (durante los años 1989-1996) propiciaron un sistema de normas y formas de ejercicio de la autoridad caracterizados por fortalecer los intereses corporativos al interior de la institución. La tensión entre lo público y lo corporativo encuentra en este caso su denominación en la perspectiva corporativista, que tendió a propiciar procesos de uso del patrimonio del Estado por determinados grupos de intereses corporativos organizados al interior del CONICET; iii) en tercer lugar, el período de 1996-2002 destacó procesos de gobernanza académica reformista, manifestando abiertamente la tensión entre las culturas burocrática y académicas. Estos conflictos alcanzaron puntos cúlmines frente a las reformas del SPI en la Argentina impulsadas desde la SECYT a partir de 1996. El CONICET representa a un campo científico con un alto componente de autorreferencialidad; lo que sucede en su interior se estructura en torno a reglas y condiciones prefijadas por los propios integrantes, más allá del carácter disputable de sus supuestos y logros por parte de otros actores de la sociedad. Cabe preguntarse para futuras investigaciones qué rol jugaron las tradiciones al interior de los actores directivos, de gestión y de evaluación en las diversas instancias que integran el sistema. ¿Qué rasgos culturales y organizacionales reflejaron? ¿Qué recursos y estrategias desplegaron para la realización de las tareas? En todo caso, este artículo busca aportar a la discusión sobre los cambios en la gobernanza y la gobernabilidad de las instituciones de CyT en Argentina, en torno a su funcionamiento/comportamiento, abrir la discusión y las preguntas que orienten futuros trabajos.
Aguilar Villanueva, L. F. (2014). Las dimensiones y los niveles de la gobernanza. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1(1), 11-36.
----- (2015). Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica.
Aguiar, D. y Svampa, F. (2019b). Financiamiento competitivo de proyectos de investigación y autoridad relativa. El caso de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) en Argentina. Debates sobre Innovación, 2(1), 1-21. Albornoz, M. (1996). De la “anomalía” argentina a una visión articulada del desarrollo científico y tecnológico. REDES, 7(3), 53–77.
Albornoz, M. y Gordon, A. (2011). La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983-2009). En M. Albornoz y J. Sebastián (eds.), Trayectorias de las políticas científicas y universitarias de Argentina y España. Madrid: CSIC.
Bekerman, F. (2010). Modernización conservadora: la investigación científica durante el último gobierno militar. En F. Beigel (coord.), Autonomía y dependencia de las ciencias sociales: Chile y Argentina (1957-1980) (pp. 207-232). Buenos Aires: Biblos.
----- (2016). El desarrollo de la investigación científica en Argentina desde 1950: entre las universidades nacionales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 7(8), 3-23.
Bresser Pereira, L. C. (1999). Ciudadanía y res publica. La emergencia de los derechos republicanos. Nueva Sociedad, 159, 42-75.
Benz, A. (2007). Governance. A polítical Science Perspective. [Gobernanza. Una perspectiva de la ciencia política]. En D. Jansen (ed.), New forms of Governance in Research Organizations [Nuevas formas de Gobernanza en las Organizaciones de Investigación] (pp. 3-22). Springer.
Bobbio, N.; Matteucci, N. y Pasquino, G. (1993). Diccionario de Ciencia Política. México: Siglo XXI Editores.
Camou, A. (2001). Gobernabilidad y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, N° 6. Instituto Nacional Electoral, México.
Dagnino, R. y Thomas, H. (1999a). La política científica y tecnológica en América Latina: nuevos escenarios y el papel de la comunidad de investigación. Redes, 6(13), 49-74.
Del Bello, J. C. (2014). Argentina: experiencias de transformación de la institucionalidad pública de apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. En G. Rivas y S. Rovira (coords.), Nuevas instituciones para la innovación: Prácticas y experiencias en América Latina (pp. 35-79). CEPAL-Naciones Unidas.
Elzinga, A. y Jamison, A. (1996). El cambio de las agendas políticas en Ciencia y Tecnología. Zona Abierta, 75/76, 1-22.
Feld, A. (2015). Ciencia y política(s) en la Argentina, 1943-1983. Bernal: UNQ Editorial.
Garland, R. (2009). Project Governance. A Practical Guide to Effective Project Decision Making. Londres: Kogan Page.
Hanford, M. (2006). Establishing Portfolio Management Governance: Key Components. Developer works. Recuperado de ibm.com/developerworks/rational/library/oct06/hanford/ index.htm IBM
Hurtado, D. (2010). La ciencia argentina: un proyecto inconcluso: 1930-2000. Buenos Aires: Edhasa.
Lechner, N. (1990). De la revolución a la democracia. Debate Feminista, 1, 29-45. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/42623881
Mayorga, F. y Córdova, E. (2007). Gobernabilidad y gobernanza en América Latina, Working Paper NCCR Norte-Sur IP8, Ginebra. [No publicado].
Matera, R. (1992a). Desafío Aceptado I. SECYT.
Mayntz, R. K. (2001). Zur Selektivität der steuerungstheoretischen Perspektive. Köln: Max Planck Institut Für Gesellschaftsforschung, 1(2).
Nun, J. (1991). La democracia y la modernización, treinta años después. Desarrollo Económico, 31(123), 375-93. Recuperado de https://doi.org/10.2307/3466911.
Nye, J. S. y Donahue, J. D. (eds.) (2000). Governance in Globalizing World. Washington: Brookings Institution Press.
Prats, J. O. (2003). El concepto y el análisis de la gobernabilidad. Revista Instituciones y Desarrollo, 14/15, 239-269. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Barcelona, España.
Rip, A. (1996). La república de la ciencia en los años noventa. Zona Abierta, 75/76, 1-19.
Sadosky, M. (1989). Memoria crítica de una gestión. Buenos Aires: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación República Argentina.
Sánchez, J. J. (2012). Usos de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza (una manera de diferenciarlos). En B. Lerner y otros, Gobernabilidad y gobernanza en los albores del Siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo (pp. 217-265). México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Svampa, F. y Aguiar, D. (2019a). Los Consejos de investigación y la tensión entre culturas burocráticas y académicas. El caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (1983-1989). En Ciencia, Docencia y Tecnología. 30(5), 1-36.
Svampa, F. (2020). Gobernanza en el Sistema Público de Investigación de la Argentina: La investigación científica en el CONICET entre 1973-1989. En REDES, 27(51).
Torres-Melo, J. (2007). Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno: una aproximación conceptual. En C. Zorro Sánchez (comp.), El desarrollo: perspectivas y dimensiones. Aportes interdisciplinarios. Bogotá: Universidad de los Andes CIDER, Ediciones Uniandes. Koninkrikder Nederlanden, Embajada de los Países Bajos.
Velho, L. (enero-abril de 2011). Conceitos de ciência e a política científica, tecnológica e de inovação. Sociologias, 26, 128-153.
Webb, E.; Campbell, D.; Schwartz, R. y Sechrest, L. (1966). Unobstrusive Measures. Nonreactive Research in the Social Sciences. Chicago: Rand McNally.
Whitley, R. (2011). Changing Governance and Authority Relations in the Public Sciences. In Minerva, (49), 359-385.
Zingales, L. (2008). Corporate governance. En L. Blume y S. Durlauf (eds.), The new Palgrave Dictionary of Economics. Londres: Palgrave Macmillan.
Documentos oficiales
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1967b). Informe de sus actividades. Año 1966. CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1980). Programa de desarrollo de centros regionales. BID-CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1984). CONICET. Informe de las actividades 1976-1982. CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1985). Boletín informativo. CONICET. N° 133. CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1989). Aportes para una memoria (enero 1984-julio 1988). Carrera de investigador Científico y Tecnológico y Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1989). Aportes para una memoria (enero 1984-julio 1988). Panorama General. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (1989). Aportes para una memoria (enero 1984-julio 1988). Nuevos mecanismos y actividades conexas de promoción y apoyo a la investigación. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2006). Ciencia y tecnología para el desarrollo. Edición Nacional Editora e Impresora.
Entrevistas realizadas
Abeledo, Carlos. (2018). Entrevista realizada por Svampa, Fernando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Brem, José. (2019). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Bazán, Armando. (2018). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Fanchiotti, Huner. (2018). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Farias, Ricardo. (2019). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Lattuada, Mario (2022). Entrevista realizad por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Macdonald, Isabel. (2021). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Quel, J. Eduardo. (2019). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Sábato, Hilda. (2018). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tirao, A. Juan. (2019). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Tulio, A. Juan. (2019). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Tezón, Jorge. (2022). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Vaccarezza Leonardo. (2018). Entrevista realizada por Svampa, Fernando, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[1] La historia de los consejos de investigaciones tiene sus inicios en 1916, fecha en que fue fundado el Consejo Consultivo para la Investigación Científica e Industrial en Inglaterra y el Consejo Nacional de Investigación en Canadá. En el mismo año, en Estados Unidos se creó el Consejo Nacional de Investigación, con el tiempo, más de treinta países en el mundo empezarían a crear instituciones centrales para la promoción y coordinación de la investigación científica. En Italia, en 1923 se creó el Consiglio Nazionale delle Richrche, institución del Estado que tenía como función asesorar a la actividad científica; el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en Francia surgió en 1939, y en España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) surgió también en el mismo año. Durante esa etapa histórica, en la Unión Soviética también se le adjudicó una importancia al desarrollo planificado de la ciencia y la tecnología. Así, en Bélgica en 1928 comenzó a operar el Fonds National de la Recherche Scientifique y en 1945 el Institut pour Iécoaragement de la Recherche Scientifique dans I´Industrie et I´Agriculture; estas instituciones tenían funciones de promoción científica, con centros de investigación propios, o con instrumentos para favorecer a la investigación científica y la formación de recursos humanos.
[2]El concepto de Sistema Público de Investigación (SPI) es propuesto por Whitley (2011) para enmarcar al conjunto de entidades (actores individuales, colectivos) cuyos recursos humanos, de infraestructura y financieros son asignados en mayor medida a la investigación científica y tecnológica, a través de un entramado institucional y canales de financiación, gestión y evaluación de recursos.
[3] Cabe aclarar que hay otros actores de corte más académico evaluativo en el CONICET ubicados en los cargos de las comisiones asesoras disciplinares y la Junta de Calificación y Promoción. Así también, hay actores incluidos en las clientelas del CONICET y que son los beneficiarios del funcionamiento de los instrumentos de promoción científica y tecnológica, nos referimos a los directores de institutos y centros regionales, población de investigadores, personal de apoyo y becarios. Sin embargo, para este artículo la problemática, el desarrollo y las reflexiones del mismo se centran en la dinámica de gobernabilidad de los actores académicos y burocráticos ubicados en los espacios de dirección. Para profundizar en el rol de otros actores en el CONICET ver (Svampa y Aguiar, 2019; Svampa, 2020).
[4] El recorte temporal responde a criterios históricos y de gestión presidencial. En primer lugar, se inicia el análisis desde el retorno de la democracia y la administración de Carlos Abeledo en la presidencia del CONICET, condicionada por la herencia de la política de la última dictadura militar. En segundo lugar, el corte en el 2002 se corresponde con la culminación de una etapa de acefalia presidencial en la institución y el inicio de la gestión de Eduardo Charreau que encabezaría una política de estabilidad institución y crecimiento sostenido en el CONICET. Por lo tanto, se considera que desde 1983 al 2002 se dieron cambios en la gobernanza y gobernabilidad (en particular con la segunda reforma del Estado en 1996) de importancia para comprender la historia de la institución.
[5] Torres-Melo (2007) plantea que las traducciones de textos académicos del inglés al español han producido diversas confusiones en el uso de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Gobernanza es en inglés governance, gobernabilidad es gobernability y buen gobierno es good governance.
[6] Esta definición clásica resulta de utilidad para este artículo, dado que permite que conceptos genéricos como gobernanza corporativa o gobernanza de la empresa (Zingales, 2008) o gobernanza académica (Whitley, 2011) tengan sentido. De igual manera, gobernanza ha sido empleada en otros ámbitos de las organizaciones: gobernanza de proyectos (Garland, 2009) o de portafolios (Hanford, 2006).
[7] La figura de gerencia se aprueba por resolución de Directorio en 1996, anterior a esos años, las gerencias del CONICET funcionaban como departamentos de control y asesoramiento.
[8] Para una definición más precisa del concepto ver Withley, 2011.
[9] El estilo especialmente abierto de esta técnica, permite la obtención de una gran riqueza de información (de carácter holístico o contextualizada), proporcionando al investigador la posibilidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, en un marco de interacción más directo.
[10] Hemos realizado quince entrevistas, la mayoría entre el 2018 y el 2022. En todos los casos procuramos preservar la identidad de los entrevistados. Solo la explicitamos cuando citamos un trabajo o artículo con firma o cuando hemos sido expresamente autorizadas a ello.
[11] Se procesaron un total de 54.238 resoluciones de actos administrativos del CONICET entre 1983-2002. Esta información fue suministrada por la Gerencia de Gestión Operativa durante el año 2021.
[12] Durante 1982, las ideas sobre la política de CyT fueron discutidos por grupos de intelectuales en el Centro de Participación Política de la UCR que dirigía Jorge Roulet (Sadosky, 1989).
[13] Manuel Sadosky, nació en Buenos Aires en 1914 y fue un matemático, físico e informático argentino. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de 1955, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA entre 1957 y 1966.
[14] Las principales preocupaciones del movimiento Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS), denominado de esta forma por Dagnino, Thomas y Davyt (1996), radicaban en la relación entre ciencia, tecnología y problemáticas socioeconómicas en Latinoamérica enmarcadas en un contexto periférico desde la geopolítica internacional.
[15] Fue un hecho de desalojo violento por parte de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966, en cinco facultades de la UBA, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno.
[16] El concepto de gobernanza académica normativista es propuesto a los fines descriptivos del período correspondiente a 1983-1989 para el CONICET. En tanto refiere a una propiedad de nuestro caso de estudio, el mismo se limita a la información recolectada, procesada y analizada de las memorias institucionales, resoluciones y entrevistas a informantes claves del Consejo.
[17] El Consejo ejecutivo estaba conformado por: Humberto Alagia, Ismael Algranati, Tomás Buch, Gilberto Gallopln, Carlos Giannanlonio, Alberto Re. González, Eduardo Lambias, Jorge Mazza, Rubén Piacentíni, Jorge Katz, Eduardo Rabossí, Oilda Romero Brest, Enrique Rotstein, Alberto Solarí y Eduardo Staricco.
[18] A partir de 1985 comienzan a aplicarse el financiamiento a proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) y posteriormente los proyectos de Investigación Anual (PIA) para grupos de investigación científica y tecnológica tanto internos como externos a la dependencia del CONICET.
[19] A lo largo de estos años se firmaron 4.292 resoluciones que trataron sobre proyectos y 3.800 sobre temas de beca.
[20] Cargos en el Directorio, en los departamentos del CONICET, en las comisiones asesoras y juntas de calificación.
[21] Tanto para la categoría CIC como CPA se incluyen temas de presentación a ingresos, egresos y promociones en los escalafones.
[22] La mayoría de los convenios productivos fueron llevados a cabo con el sector de industria petroquímica y en la industria química durante la administración de Abeledo en el CONICET.
[23] En relación a las temáticas sobre institutos se hace referencia a los nombramientos y despidos de directores de institutos en un contexto de normalización de las funciones y atributos concedidos a estos actores fuertemente beneficiados de la última dictadura militar en Argentina.
[24] Las seis resoluciones sobre financiamiento externo son acuerdos y normativas ligadas al préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmado en 1987, que posibilitó que el CONICET contara con divisas para financiar la agenda de política durante la administración de Abeledo.
[25] Fue el segundo préstamo gestionado desde el CONICET para el acceso de recursos financieros destinados a financiamiento de proyectos y recursos humanos.
[26] El redireccionamiento de los programas de investigación en beneficio del CONICET y el achicamiento del sistema científico-tecnológico en sus líneas generales (con un fuerte proceso de reducción de recursos en las universidades públicas) fueron aspectos de la última dictadura militar que se verificaron en el marco de estructuras organizativas que permanecieron inmodificadas durante décadas (Bekerman, 2016).
[27] Este concepto surge para describir un período histórico en el CONICET entre 1989-1995. En tanto refiere a una propiedad de nuestro caso de estudio, el mismo se limita a la información recolectada, procesada y analizada de las memorias institucionales, resoluciones y entrevistas a informantes claves del Consejo.
[28] Según estos autores, a partir de 1996, comienza a evidenciarse la aparición de funcionarios e investigadores con un perfil burocrático en las instituciones del complejo de CyT. En 1995 se había implementado en materia de educación superior medidas como la Ley de Educación Superior (LES) (Ley N° 24521), que favoreció a la segmentación del mercado académico, y el Programa de Reforma de Educación Superior (PRES), que posibilitó el rol de evaluador del Estado frente a las universidades (Bekerman, 2016).
[29] Uno de los principales canales a través de los cuales se manifestó esta disidencia fue el Boletín SECYT-CONICET editado extraoficialmente y difundido bajo la firma de Eugenio Rodríguez Marangoni, escritor de la revista El Cabildo, principal expresión del nacionalismo católico en Argentina.
[30] Para ese entonces debido a las complicaciones presupuestarias, el CONICET tenía acumulado retrasos en el desembolso de fondos de subsidios a proyecto desde 1989.
[31] El proyecto de ley fue presentado por el senador Salum en 1999 y tratado en el Senado.
[32] Sistema de apoyo para investigadores universitarios (SAPIU). Fue uno de los programas destacados en la época para valorizar a través de un subsidio especial la tarea de investigador que enseña, creando la categoría de “docente universitario dedicado a docencia y a la investigación”. Tuvo vigencia entre 1988-1991.
[33] Liotta era un médico cardiocirujano de 70 años y con prestigio en su campo de estudios. Si bien tenía un perfil más científico que Matera, estaba lejos de ser un experto en políticas de CyT.
[34] Para algunos referentes entrevistados, este desarrollo de la estructura de gerencias ha contribuido a desdibujar, en alguna medida, el núcleo sustantivo de la gestión del organismo en favor de los aspectos normativos.