Disputas y controversias

Coproducción | Problemas públicos | Interrupción voluntaria del embarazo | Aborto

Este trabajo explora las disputas por la configuración de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como problema público en Argentina, en 2018. Analizamos los procesos de coproducción de conocimiento entre no expertos y expertos, partiendo de una selección de discursos emitidos por expositores invitados a participar de los plenarios de comisiones donde se discutió el proyecto de ley de IVE en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en la Cámara de Senadores. Proponemos cruces teóricos entre los lenguajes de la coproducción y la sociología de los problemas públicos y concluimos que las conceptualizaciones científicas no son autónomas de los saberes ordinarios. Los modos de hacer-conocimiento científico son al mismo tiempo modos de hacer-orden social, de configurar el mundo y la organización de la vida de la gente en ese mundo.

This paper explores the disputes over the configuration of the voluntary termination of pregnancy as a public problem in Argentina, in 2018. We analyze the processes of knowledge co-production between non-experts and experts based on a selection of speeches made by the speakers invited to participate in the plenary sessions of the committees where the IVE (the spanish acronym for “voluntary termination of pregnancy”) bill was discussed in the Chamber of Deputies and, later, in the Senate. We propose theoretical crossovers between the languages of co-production and the sociology of public problems and we conclude that scientific conceptualizations are not autonomous from ordinary knowledge. The ways of producing scientific knowledge are at the same time ways of producing social order, configuring the world and the organization of people's lives in that world.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo explora las disputas por la configuración de la interrupción voluntaria del embarazo como problema público en Argentina, en 2018, analizando los procesos de coproducción de conocimiento entre expertos y no expertos. Nos proponemos mostrar que las conceptualizaciones científicas no son autónomas de los saberes ordinarios. Los modos de hacer-conocimiento científico son al mismo tiempo modos de hacer-orden social, de configurar el mundo y la organización de la vida de la gente en ese mundo.

Durante 2018, se debatió en el parlamento argentino el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante, IVE), presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este colectivo nuclea a más de 300 organizaciones de todo el país que luchan por el derecho de la mujer a decidir, incluyendo movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y agrupaciones científicas, académicas y de derechos humanos. La Campaña encabeza la lucha en pos de la legalización del aborto en Argentina.

El ingreso del proyecto de ley para ser debatido en la Cámara de Diputados formó parte de una lucha histórica de los colectivos feministas por la despenalización del aborto en Argentina. Con la sanción del primer Código Penal en 1886 se penalizaron todos los casos de aborto. En 1921, se despenalizó la práctica cuando es ejercida con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En 1968, se estableció la no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave; o en caso de violación, siempre que este estuviera judicializado. En 1973 estas modificaciones fueron dejadas sin efecto y reincorporadas años más tarde en 1976. En el año 1984, el gobierno retrotrajo el marco legal al código penal de 1921, donde se establecieron los casos de no punibilidad vigentes actualmente. Así, el art. 86 del Código Penal argentino establece que:

El presente artículo propone explorar el camino que lleva a la configuración de la IVE como problema público y los procesos de coproducción de conocimiento acaecidos en el marco de las disputas por su definición. Es nuestro objetivo estudiar cómo incide el conocimiento científico en la configuración del problema a partir del estudio de la controversia de la interrupción voluntaria del embarazo como un proceso de reconfiguración del orden social. En ese sentido, nos preguntamos: ¿qué papel jugó el conocimiento científico en las controversias político-sociales desarrolladas en el debate parlamentario de 2018?, ¿cuáles fueron las disputas por su definición?, ¿cómo se relacionaron los saberes expertos y no expertos?, ¿de qué forma las distintas partes en disputa se apropiaron del conocimiento científico? Para abordar estos interrogantes vamos a analizar la IVE en tanto problema público a la luz de los lenguajes de la coproducción. Nos enfocaremos en las disputas por la definición del problema público y analizaremos la apropiación del discurso científico por parte de grupos contrapuestos que intervinieron en la discusión pre-parlamentaria. Nos centraremos en el análisis de la controversia sobre el estatus ontológico del embrión como un caso ejemplar de uso del conocimiento científico en el marco de una discusión de carácter público. Esto nos permitirá observar cómo, al disputarse distintas apropiaciones del conocimiento científico, se ponen en juego formas antagónicas de configuración del orden social.

Ahora bien, el aborto en Argentina no es un tema nuevo. Ha generado profundas controversias en la opinión pública y procesos de movilización que, a su vez, han sido retomados para su estudio por las ciencias sociales dando lugar a un extenso cuerpo bibliográfico. Irrazabal caracteriza el panorama de investigación, afirmando que:

A esta caracterización del panorama del conocimiento actual, podemos agregar bibliografía referente a la incidencia de los distintos movimientos de mujeres en la configuración de esta problemática (Pantelidez y López, 2005), con trabajos recientes que se centran particularmente en las vertientes de este movimiento lideradas por adolescentes y mujeres jóvenes (Elizalde y Mateo, 2018). Existen también artículos que estudian los procesos históricos que dieron lugar a la actual configuración de la problemática del aborto (Bellucci, 2014; Tarducci, 2018) y los distintos procesos de clausuras y aperturas que enfrentaron los debates sobre el aborto en Argentina (Aszkenazi, 2007).

En el marco de este trabajo, nos resultan particularmente relevantes ciertos estudios que han contribuido a echar luz sobre los argumentos esgrimidos en el marco del debate legislativo por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se produjo en Argentina en 2018 (Levín, 2018; REDAAS, 2019). Entre estos, encontramos algunos enfocados en el análisis de los discursos (Quiroga, 2013) y también otros que han analizado los contrastes entre los distintos proyectos de ley presentados en la legislatura previamente a la discusión parlamentaria de 2018 (Zivaco, 2015). Al mismo tiempo, distintas investigaciones se han dedicado a explorar el activismo religioso en el marco de las disputas por la IVE, destacando los aportes de Irrazabal (2015); Guidiño (2017) y Felitti y Prieto (2018). Por último, rescatamos también los aportes de Donoso, Guinez y Yáñez-Urbina (2018), quienes proponen un análisis de los discursos médico-católicos presentes en Chile al momento de la discusión sobre la legalización del aborto para estudiar cómo se construye al feto como un “sujeto de derecho”. Este artículo dialoga con este conjunto de estudios proponiendo aportes desde el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología que permiten analizar el debate en torno del carácter ontológico del embrión como una controversia en la que vislumbrar un proceso de coproducción de saberes entre expertos y no expertos con importantes consecuencias para la legislación y para la configuración del orden social.

En nuestro análisis, recuperamos la noción de problema público de Gusfield que nos permite explorar las disputas entre grupos que buscan configurar un problema público (Gusfield, 2014). Esta manera de estudiar los problemas que atraviesan nuestra sociedad puede enriquecerse al acompañarla con los análisis de la coproducción propuestos por Jasanoff (2001) y Vessuri (2004). A través de ellas, distinguimos dos sentidos del concepto de coproducción: “Uno se centra en la articulación de talentos, perspectivas y valores necesarios para producir nuevos tipos de conocimiento; el otro, en las transformaciones entrelazadas de las identidades, las instituciones, los lenguajes y los discursos que caracterizan el funcionamiento de la ciencia y la tecnología en sociedad” (Martini y Marafioti, 2016: 30). Por un lado, seguimos los lenguajes de la coproducción (Jasanoff, 2001), según los cuales la producción de clasificaciones científicas da lugar a la creación de nuevos órdenes cognitivos y morales a partir de críticas, controversias, negociaciones y ulteriores estabilizaciones, y que los modos de hacer-conocimiento científico son al mismo tiempo modos de hacer-orden social, de configurar el mundo y la organización de la vida de la gente en ese mundo (Jasanoff, 2004). Por otro lado, seguimos también a Vessuri, quien destaca:

Estos cruces teóricos entre la sociología de los problemas públicos y los lenguajes de la coproducción nos permiten analizar cómo distintos sectores hacen uso del conocimiento científico para sostener la validez de su definición del problema por sobre la de sus contendientes y, de esta manera, dar forma a cierta configuración del orden social. La interrupción voluntaria del embarazo en Argentina constituye un caso ejemplar del modo en que el conocimiento científico forma parte de las arenas públicas e incide en la definición de los problemas públicos.

Los estudios enmarcados en los lenguajes de la coproducción han dado lugar a abundante bibliografía; entre ella, a producciones referidas a problemas ambientales (Hidalgo, 2016), que por su clara dimensión pública podrían encuadrarse dentro de esta articulación. Sin embargo, consideramos necesario ampliar las contribuciones a este campo de conocimiento con nuevos aportes que permitan estudiar procesos de coproducción de conocimiento que se dan en el marco de disputas públicas, a la vez que colaboramos a los estudios de género, con aportes del campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología para echar luz sobre una parte de la discusión parlamentaria profundamente atravesada por el conocimiento científico y por el uso que actores legos hacen de este.

Para realizar este análisis hemos hecho una selección de discursos emitidos por expositores expertos y no expertos invitados a participar de los plenarios de comisiones, donde se discutió el proyecto de ley de IVE en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en la Cámara de Senadores. Dichos documentos constituyen dispositivos que tejen relaciones en el espacio social en el que son producidos, seleccionando contenidos del discurso científico y del discurso del sentido común, permitiéndonos aproximarnos a los modos en que actores sociales (movimientos sociales y científicos) requirieron y recurrieron al conocimiento científico como una herramienta para la definición de la disputa.

El artículo está organizado en las siguientes secciones: en un primer apartado se describen algunos conceptos centrales para estudiar las controversias y los procesos de coproducción en articulación con los problemas públicos; en un segundo apartado se indaga en el proceso de configuración de la IVE como problema público, para luego analizar el papel de la controversia médico-biológica sobre el estatus ontológico del embrión en la configuración de este problema; por último, indagamos en cómo la resolución de la controversia científica a favor de una de las dos posturas involucra conocimientos no expertos y trae aparejado un modo de configurar el orden social.

ENTRE PROBLEMAS PÚBLICOS Y COPRODUCCIÓN

Los lenguajes de la coproducción proponen que los modos de hacer conocimiento científico son al mismo tiempo modos de hacer orden social. No son corpus aislados del mundo sin incidencia en él y tampoco afectan solo a sus campos de aplicación inmediata, sino que las soluciones a los problemas del conocimiento son también soluciones a los problemas de orden social.

La noción de coproducción busca articular un proceso dual por el cual no solo los sujetos son clasificados y constituyen sus discursos, prácticas e identidades a partir de conceptualizaciones científicas, sino también estas clasificaciones son coproducidas entre no expertos y expertos al disputarse el orden social. El orden social se configura a partir de un intercambio entre formulaciones genéricas (institucionales, políticas y científicas) acerca de cómo se estructura el mundo y una compleja red de actores que lo reproducen y lo reconfiguran en situaciones concretas. En ese sentido, encontramos que se abre un espacio vacante muy rico en la articulación entre los lenguajes de la coproducción y la sociología de los problemas públicos (Gusfield, 2004). Para la sociología de los problemas públicos, la gestación del orden surge de una tensión sobre múltiples formas de definirlo. La noción de problema público permite explorar las disputas entre grupos que buscan configurar una cuestión de manera diversa. El articularla con la noción de coproducción nos permite analizar cómo, en el marco de esos debates, es retomado el conocimiento científico por parte de distintos actores como estrategia para hacer prevalecer su definición del problema, configurando el orden social.

Para estudiar las disputas por la configuración de un problema público, debemos empezar por reconocer que los problemas de nuestras sociedades tienen historia, no siempre fueron definidos como lo son hoy. Su existencia es resultado de un procedimiento que construye una situación como problemática, insistiendo en que debe preocupar a la sociedad y requerir la actuación de los funcionarios (Gusfield, 2014). A la hora de estudiar estos procesos históricos de configuración de un problema público, los conceptos de propiedad y responsabilidad son centrales. El concepto “propiedad” alude a la capacidad de un individuo o grupo de crear la definición pública de un problema e influir sobre ella. La propiedad no es única e indiscutible, sino que es continuamente disputada por colectivos que tienen interés en definir el problema de una manera y no de otra. En estas disputas, se hacen jugar saberes expertos junto a voces no expertas como estrategia para influir en la definición del problema.

Ahora bien, para indagar sobre el contenido de tal definición y sobre las estrategias posibles para resolver la problemática, podemos aproximarnos desde los conceptos de responsabilidad causal y responsabilidad política. Por un lado, el término responsabilidad causal refiere a la secuencia de sucesos que dio existencia al problema. Busca responder a las preguntas: ¿quién provocó el problema? y ¿qué le dio origen? Nos permite indagar por una supuesta causa. A la hora de asignar la responsabilidad causal, se busca sostenerla a partir de conocimiento. Por otro lado, el término responsabilidad política hace alusión al individuo, grupo o institución que asume la tarea de aliviar la situación. Busca responder a la pregunta: ¿quién debe solucionar el problema? Las diferentes respuestas a estos interrogantes configuran diversos modos de definir el problema que guían nuestro accionar respecto de el mismo. Estas definiciones no son nunca acabadas, sino que son presa de una constante lucha por su reconfiguración. La estructura de los problemas públicos es un área de conflicto entre grupos e instituciones que compiten por la propiedad del problema, la aceptación de teorías causales y la atribución de responsabilidad política (Gusfield, 2014).

En ese sentido, un problema público es una forma selectiva de mirar la realidad y de organizarla, que se articula tanto a partir de una dimensión cognitiva (conocimientos científicos y –agregamos nosotros desde la coproducción– saberes no expertos) como de una moral (a partir de ideas del bien común) (Gusfield, 2014). En la disputa por la IVE, estuvieron involucrados grupos heterogéneos conformados tanto por científicos y profesionales de diversas áreas como por ciudadanos no expertos. Simplificando la disputa, podrían distinguirse dos grupos mayoritarios: aquellos a favor de la legalización de la IVE y aquellos en contra del proyecto de ley. Una descripción más detallada de la composición de cada uno de estos grupos será proporcionada en el siguiente apartado. Estos grupos apelaron a saberes expertos, retomaron clasificaciones científicas y convocaron a científicos y profesionales para abogar por sus teorías causales y sostener su posición. Sin embargo, la comunidad científica no presentó una visión unificada con respecto al problema del aborto, sino que tuvieron lugar controversias.

Una controversia es un estado de incertidumbre compartida, donde los actores no discrepan solo sobre una cuestión, sino sobre el desacuerdo mismo, sobre la validez de las categorías y de los datos a disposición. Las controversias se transforman en tales cuando lo dado por hecho empieza a ser cuestionado y los desacuerdos ya no pueden ser ignorados por los actores. Muestran lo social en su forma más dinámica, dando lugar a nuevas alianzas, a la vez que rompen otras que parecían indisolubles (Venturini, 2010). Las controversias se clausuran cuando un grupo impone su visión del tema sobre otro o cuando se llega a algún tipo de compromiso. Comúnmente el término es utilizado para referirse a porciones de la ciencia y la tecnología no estabilizadas, sin embargo, las controversias son situaciones que competen a actores muy heterogéneos: no solo a actores expertos, sino también a organizaciones sociales y políticas, y a actores no humanos (Latour, 2008) –seres naturales, productos industriales, instituciones, etc.–. Las controversias, por su pluralidad, traspasan las aparentes fronteras entre ciencia y política; son conflictos que se dan simultáneamente en ambos planos. Por esto, nos parece necesario analizar los procesos conflictivos de construcción, validación y utilización de conocimiento científico para la definición de una controversia como un campo de lucha donde participan tanto expertos como no expertos (Arancibia, 2012).

En ese sentido, en el marco de las disputas por la estabilización de la IVE como problema público se produjeron procesos muy interesantes para los lenguajes de la coproducción, a saber, la puesta en escena de conocimiento experto como estrategia para la definición de un problema, la apropiación y reconfiguración de ese conocimiento por parte de los no expertos y un proceso dinámico de críticas, controversias, negociaciones y ulteriores estabilizaciones que da lugar a la creación de nuevos órdenes cognitivos y morales coproducidos. El orden es entonces resultado de conceptualizaciones científicas, pero también de la acción de colectivos que participan en los procesos de definición.

LAS DISPUTAS POR LA CONFIGURACIÓN DEL IVE COMO PROBLEMA PÚBLICO

Los problemas públicos se refieren a desacuerdos y controversias, y se definen desde las actividades de individuos o grupos que realizan reclamos sobre condiciones que les resultan injustas. Distintos acontecimientos han contribuido a la configuración actual del problema de la IVE. Entre ellos, se destacan tres: a) la constitución de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2003; b) la constitución de un movimiento plural de mujeres a partir de las movilizaciones en contra de los femicidios bajo la consigna “Ni Una Menos”, impulsadas por el colectivo homónimo; y c) la incorporación del proyecto de ley a la agenda parlamentaria en 2018, por primera vez desde su presentación en 2007.

Un aspecto para tomar en cuenta al analizar el proceso de configuración de un problema público es la actividad de denuncia por parte de algunos grupos de activistas (Pereyra, 2009). En el caso de la IVE, estas actividades estuvieron vinculadas a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que, desde su conformación, planteó la discusión del lugar que debe ocupar la autoridad política en relación con el derecho a la IVE. La Campaña buscó instituir su autoridad como propietaria de este problema y definió al Estado como responsable causal (por omisión) y político (como garante de derechos) del problema. Este trabajo de denuncia estuvo directamente asociado a la construcción de públicos, es decir, a la generación de conciencia del problema por parte de la sociedad. En este marco, el 2015 cobra especial relevancia para la consolidación del movimiento de mujeres en Argentina. Un hito sustancial fue la marcha “Ni una menos”, consigna que dio nombre a un movimiento feminista que emergió en Argentina durante el 2015 en protesta contra la violencia de género, particularmente, contra los feminicidios. El 3 de junio de ese año, este colectivo convocó a una marcha multitudinaria que recorrió las calles de Buenos Aires, y que luego se expandió a otros países en Latinoamérica. En 2017 la marcha “Ni una menos” alcanzó su punto álgido, siendo ese año el de la convocatoria más masiva.

Ahora bien, el camino hacia la definición del problema por parte del colectivo de mujeres a favor de la legalización de la IVE fue un proceso de elaboración que implicó transformaciones. En un principio, las activistas feministas buscaron centrar la discusión en el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo. Sin embargo, este tipo de argumento enfrentó reiteradas dificultades para alcanzar un consenso y promover la aceptación en una porción más amplia de la sociedad. Por eso, a la hora de presentar el proyecto de ley, ese camino perdió su preeminencia y se puso el foco en la configuración de la cuestión como un problema de salud pública. Esta maniobra requirió de la elaboración de diagnósticos y la formulación de propuestas. Los programas políticos, como el anteriormente mencionado proyecto de ley de IVE, fueron acompañados por el desarrollo de un trabajo experto y no experto multidisciplinario en la materia y la producción de datos –que será discutido más adelante en el artículo– que permitió dar forma al problema. Sin embargo, con la incorporación del proyecto de ley a la agenda parlamentaria en marzo de 2018, por primera vez desde su presentación en 2007, la propiedad de este problema público fue disputada por grupos contrarios a la legalización, activos desde años anteriores (Guidiño, 2017), pero que vieron vigorizada su lucha.

Habiendo accedido el problema público a la instancia parlamentaria, la disputa por su configuración tuvo lugar tanto dentro como fuera del parlamento. Dentro del parlamento, se sucedieron 15 sesiones plenarias, en las que los diputados tuvieron la oportunidad de convocar a especialistas y representantes de organizaciones. Durante estas, se apeló a saberes expertos para apoyar las teorías causales de ambos grupos en la lucha por la configuración. El conocimiento científico jugó un rol importante en la arena pública, relacionándose de múltiples formas con los saberes ordinarios.

Como primera aproximación a un mapeo de esta controversia, configuramos una lista con todos los actores invitados a participar de los plenarios de comisiones celebrados en la Cámara de Diputados, antes de la discusión parlamentaria. Estos actores fueron categorizados según: i) tipo de organización a la que pertenecían: instituciones públicas –nacionales, provinciales o locales– (48 expositores), instituciones privadas (37 expositores), asociaciones y organizaciones sin fines de lucro (62), organizaciones sociales (131), entidades religiosas (32), actores individuales (238) y partidos políticos (52); ii) profesión: con especial participación de profesionales de la medicina (152) y del derecho (155), seguidos en menor medida por políticos (85); dirigentes de organizaciones (42); profesionales del área de la salud mental (30) y oficiales religiosos (23); y iii) organización de pertenencia: con una amplia participación de representantes de universidades como la Pontificia Universidad Católica Argentina –en adelante, UCA– (30) y la Universidad de Buenos Aires –en adelante, UBA– (21), la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (18) y el Frente para la Victoria (14).

Al distinguir el posicionamiento de cada uno de estos actores en relación a la controversia, encontramos lo siguiente.

Por el lado de los grupos favorables a la ley, los actores no expertos clave fueron i) la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que no solo fue la impulsora del proyecto, sino que aporto 18 expositores favorables a la legalización durante las sesiones; ii) la organización Socorristas en Red, que no solo aportó nueve expositoras al debate, sino que su trabajo fue recuperado por referentes de otros espacios durante las sesiones (véase, por ejemplo los discursos de Susana Yappert y Nayla Vacarezza)^{^[1]}; iii) representantes de distintos colectivos que conforman el Frente para la Victoria (14 expositores que invitaron a votar a favor del proyecto) y la Unión Cívica Radical (siete expositores a favor y dos en contra); y iv) la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que se presenta como un caso muy interesante por su doble filiación, por un lado identificándose con el catolicismo –cuya jerarquía se proclamó y militó fuertemente en contra del proyecto–, pero a la vez a favor de la aprobación del proyecto de ley.

Paralelamente, los principales actores expertos a favor de la legalización de la IVE fueron: i) científicos y profesionales pertenecientes a la UBA y al CONICET, que si bien no presentaron una postura unificada (siete de los 33 expositores se proclamaron en contra del proyecto de ley), sí expresaron un apoyo mayoritario; y ii) la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización conformada en el 2014 que reúne a efectores de todo el país que trabajan con mujeres y personas con capacidad de gestar, y que estuvo representada por más de 30 expositores durante los debates.

En relación a aquellos grupos en contra de la legalización, por el lado de los saberes no expertos, o con experticias no tradicionales, encontramos: i) distintos movimientos sociales que se definen a sí mismos como provida, por ejemplo, Rosario Provida; ii) más de 49 fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que se manifestaron “a favor de la vida por nacer”, entre ellas Gravisa, Asociación Pro Familia, Asociación Civil Vida y Esperanza, Asociación de Síndrome de Down Argentina, Asociación Voz Post Aborto, Fundación La Esperanza, Fundación Provida, etc.; iii) iglesias, asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales de filiación religiosa, con una presencia mayoritaria de aquellas adheridas a la religión católica, pero también con presencia evangelista e islámica como la Asociación Civil Hay Vida en Jesús, el Centro Islámico de la República Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, y con la participación de oficiales religiosos de distintas iglesias, etc. Esta representación coincide con la caracterización propuesta por Guidiño, quien establece que:

Por el lado de los saberes expertos en contra de la legalización, estos fueron representados: i) en su mayoría por profesionales pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica Argentina, que si bien no hizo un pronunciamiento institucional, aportó 30 expositores, todos los cuales se expresaron en contra de la legalización del proyecto de ley; ii) también fueron escuchadas voces expertas pertenecientes a la Universidad Austral que, si bien no tuvo una postura unánime, siete de sus ocho expositores se expresaron en contra del proyecto de ley; iii) la academia de Ciencia Médicas Nacional, con exposiciones de cinco profesionales de la medicina que se pronunciaron en contra del proyecto; y iv) representantes del Centro de Bioética, Persona y Familia que, en la línea desarrollada por Irrazabal (2015), se pronunciaron todos en contra de la legalización.

Un mapeo más exhaustivo de los actores intervinientes en la controversia será abordado en futuros trabajos; por lo pronto, nos interesa reconstruir brevemente los principales argumentos de cada grupo. Quienes se expresan a favor de la legalización del aborto alegan que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sostienen la necesidad de reducir la mortalidad por abortos clandestinos, que afecta principalmente a las mujeres de los sectores más vulnerables. Arguyen que el tener leyes restrictivas no disminuye los casos de aborto, sino que los aumenta, particularmente a los abortos inseguros; y niegan la condición del embrión como ser humano. Por su parte, quienes se expresan en contra de la legalización del aborto sostienen que el embrión es un ser humano desde el momento de la concepción, por lo tanto, consideran que “el proyecto crea categorías de seres humanos que carecen de derechos y pueden ser suprimidos por decisiones de terceros” (Argentina - Congreso nacional, 2019b). Sostienen que legalizar el aborto es legalizar el homicidio y que trae graves secuelas psicológicas para la mujer que decide abortar. Niegan que la legalización disminuya la tasa de mortalidad materna y proponen buscar alternativas.

Como vemos, la comunidad científica no presentó una visión unificada con respecto al problema del aborto. Durante el debate, tuvieron lugar controversias tanto sobre la validez de los “datos científicos” que sostienen las regulaciones hoy vigentes en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, como con respecto a aquellos datos que esgrimen quienes son favorables a su legalización. Estas controversias “científicas” no eran disputas vigentes en la comunidad experta, sino que surgieron cuando mujeres, movimientos sociales y ONG buscaron retomar clasificaciones científicas para sostener una definición del problema en un proceso de coproducción. Estas controversias sociales y políticas involucran a profesionales de la salud, de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas y a abogados y juristas (expertos), como así también a grupos no expertos que pusieron en juego distintas apropiaciones del conocimiento científico, para sostener formas antagónicas de configuración del orden social.

A continuación, me propongo presentar brevemente una de las controversias surgidas sobre la IVE y sus repercusiones en las disputas por la configuración del problema público. Consideramos que el análisis de una controversia puede ser de utilidad para estudiar el papel del conocimiento científico en la lucha por la definición de un problema público. En ese marco, si bien los argumentos expertos son múltiples, por motivos de extensión nos centraremos en la controversia médico-biológica sobre el estatus ontológico del embrión. Esta propuesta puede resultar interesante para entender no solo cómo en la Argentina y en el mundo la penalización del aborto se concretó de la mano de la construcción de ciertas “verdades” científicas, sino también cómo la construcción de “verdades” alternativas logró un interesante grado de legitimidad pública apoyando nuevas normativas contrarias a la penalización.

CONTROVERSIA MÉDICO-BIOLÓGICA SOBRE EL ESTATUS ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN

Una de las grandes controversias que acompañó la discusión parlamentaria sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo refiere al estatus ontológico del embrión. Quienes se oponen a la legalización del aborto argumentan que, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, el cigoto es vida humana, correspondiéndole entonces el goce de todos los derechos garantizados a un ser humano. Por su parte, grupos de científicos disidentes argumentan que el embrión no es vida humana, en cuyo caso el acceso a los derechos humanos queda postergado hasta el nacimiento.

Este debate está asociado a la primera definición del problema sostenida por las activistas feministas: el derecho de las mujeres a decidir. La centralidad de esta discusión había sido desplazada en pos de la definición de la IVE como un problema de salud pública. Sin embargo, grupos de activistas en contra de la legalización del aborto esgrimieron como argumento la idea de que el embrión es un ser humano vivo, apropiándose de conocimiento científico para sostenerlo. De esta manera, buscaron redefinir el problema corriendo la atención de los argumentos sobre salud pública.

Dentro de los argumentos médico-biológicos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, nos centraremos en la contribución de Alberto Kornblihtt, doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del CONICET y docente universitario en la Universidad de Buenos Aires. La elección de Kornblihtt responde, por un lado, a su filiación institucional, ya que la UBA fue la segunda institución con mayor representación en el debate pre-parlamentario y la primera entre aquellas que expresaron una opinión favoritaria al proyecto de ley. Por otro lado, responde a su profesión: esta investigación se enmarca en el campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología y se preocupa por una controversia con una dimensión biológica importante, por lo que retomar la contribución de un representante de las ciencias biológicas era necesario. Por último, entre los tres biólogos pertenecientes a la UBA/CONICET que participaron en el debate (Ana María Franchi, Fabricio Matías Ballarini, y Alberto Kornblihtt), Kornblihtt era el más pertinente, ya que decidió centrar la totalidad de su intervención sobre el estatus ontológico del embrión y fue convocado nuevamente para el debate en la Cámara de Senadores.

Para presentar los argumentos en contra de la interrupción del embarazo, tomaremos las palabras de Graciela Moya, médica y doctora en Ciencias Biomédicas, profesora con dedicación especial e investigadora del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Como en el caso de Kornblihtt, la elección de Moya responde por un lado a su filiación institucional, ya que la UCA fue la organización con mayor representación en el debate y se pronunció de manera unánime en contra del proyecto. Por otro lado, su trabajo como genetista y directora de un laboratorio la ubicaba más cerca de las Ciencias Biológicas que los demás profesionales de la UCA convocados. Otra posible elección hubiera sido la genetista Eleanora Pagano, sin embargo el hecho de que –como Kornblihtt–Moya haya sido convocada nuevamente para el debate en la Cámara de Senadores nos inclinó en su favor.

Es interesante observar la filiación institucional de cada experto. En relación al Doctor Kornblihtt, tanto la UBA como el CONICET se pronunciaron a favor de la legalización de la IVE. En cuanto a la UCA, si bien no existió un pronunciamiento, es importante notar su filiación religiosa, como así también el hecho de que dependencias de la institución estuvieron implicadas en la organización de la Segunda “Marcha por la Vida” y que un gran porcentaje de los expositores expertos en contra del proyecto de ley provenían de esta universidad^{^[2]}.

Moya sostiene que la vida humana comienza con la fusión del óvulo y el espermatozoide. A partir de ese momento comienzan a desarrollarse “una cascada de eventos moleculares a nivel bioquímico y genético, independiente, autorregulada, que permite que el cigoto se desarrolle como una vida orgánica” (Argentina, Cámara de Senadores, 25/07/18). De este modo, se conformaría una vida humana única e individual, distinta en su material genético a la de sus padres.

Por su parte, Kornblihtt sostiene como parte de un argumento más amplio que “el embrión y el feto no son seres independientes de la mujer gestante, sino que, hasta el nacimiento, son casi como un órgano más de ella” (Argentina, Cámara de Senadores, 17/7/2018). Kornblihtt sostiene que el concepto de vida humana no está presente en las ciencias médico biológicas. La biología no define “vida humana”, sino “vida”, y esta definición, incluso siendo exhaustiva, refiere solo a las células. Si bien es cierto que el feto está compuesto por células vivas, así también lo están la placenta y el cordón umbilical que se descartan, los espermas que no logran fecundar al óvulo, los óvulos desechados en cada menstruación, y las células cadavéricas de un cuerpo humano muerto.

Así desarrollada, la controversia sobre el estatus ontológico del embrión queda reducida a un desacuerdo exclusivamente experto. Sin embargo, esta visión del problema es reduccionista en dos sentidos. Por un lado, no da cuenta de las profundas consecuencias que trae aparejadas para el orden social decantarse por una u otra forma de configurar el conocimiento. Por otro, ignora el papel de los grupos no expertos que produjeron la controversia en primer lugar. En ese marco, es importante destacar que la controversia sobre el estatus ontológico del embrión no era una controversia vigente en el campo de las ciencias naturales, sino que surgió de la mano de grupos no expertos que se apropiaron de conocimientos científicos a la hora de defender su definición del problema público. Estos grupos buscaron que la resolución de la controversia a su favor diera apoyo a las distintas definiciones del problema que proponían. Los grupos en contra de la aceptación del proyecto de ley propusieron una definición que, en su mayoría, asignaba la responsabilidad causal a la mujer por no prevenir el embarazo y requería de esta que asumiera la responsabilidad política llevándolo a término. En contraste, los grupos a favor del proyecto de ley buscaron estabilizar el problema como uno de salud pública, donde la responsabilidad causal recaía en el Estado por la falta de educación sexual en las escuelas, y donde era también el Estado el que debía hacerse cargo de la solución, garantizando el acceso a todas las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito.

Estas fuerzas no expertas, que buscaron imponer su definición del problema, no solo intervinieron en la puesta en juego de la controversia, sino que también permearon en los discursos expertos. Para los casos presentados, tanto Moya como Kornblihtt complementan los aspectos técnicos-cognitivos de su discurso con argumentos políticos, éticos, religiosos y ciertas ideas cercanas a explicaciones de tipo social (sociología espontánea). En este punto, cabe retomar las palabras de Hebe Vessuri quien sostiene que:

Dado el predominio del discurso científico en nuestra sociedad, este accionar puede resultar peligroso, ya que ignora que todo discurso experto es parcial y contingente, que está producido con referencia a valores y normas particulares, en base a decisiones previas. Por eso, los debates sobre hechos que intervienen en un problema público son debates sobre significados sociales. En este sentido, Jasanoff y Simmel sostienen:

Al desconocer esta faceta coproductiva del esfuerzo por producir hechos científicos, la apropiación de problemas públicos por parte de funcionarios y expertos es síntoma de un esfuerzo que busca despolitizar estas problemáticas. En ese sentido, este trabajo muestra cómo, desde los lenguajes de la coproducción y los problemas públicos, es posible también dar cuenta de un proceso inverso a esta práctica despolitizadora: la acción de colectivos tendiente a influir directamente en la configuración del orden social al involucrarse en procesos de producción de conocimiento científico.

COPRODUCCIÓN: DISPUTAS Y CONTROVERSIAS EN LA CONFIGURACIÓN DEL ORDEN SOCIAL

Los modos de hacer conocimiento científico son, al mismo tiempo, modos de hacer orden social y natural. Las formas en que conocemos y representamos el mundo son inseparables de las formas en que elegimos vivir en él (Jasanoff, 2004: 2). De esta manera, considerar que la vida humana empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide implica dotar al embrión de los mismos derechos que un ser humano nacido, considerar el aborto como un homicidio y, por lo tanto, abogar por un orden social que penalice la interrupción voluntaria del embarazo. Considerar al embrión como vida no humana, como un ser no independiente de la mujer gestante, implica reivindicar el derecho de la mujer sobre su cuerpo, considerar el aborto como una decisión personal y repudiar el homicidio por omisión que implica su clandestinidad.

A su vez, otro sentido de la noción de coproducción propone que las clasificaciones científicas son coproducidas entre no expertos y expertos al disputarse el orden social. Durante las discusiones parlamentarias sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, a los grupos de expertos les disputaron la propiedad del problema grupos no expertos, colectivos de mujeres con el pañuelo verde, y otros con el pañuelo celeste, que inundaron la arena pública con sus demandas.^{^[3]} En el caso de esta controversia, vemos dos estrategias diferentes adoptadas por parte de los grupos no expertos.

Por un lado, los colectivos no expertos en contra de la legalización buscaron centrar la discusión en el debate médico-biológico sobre el estatus del embrión. Coincidimos con lo observado por Guidiño, quien en su estudio de los discursos y prácticas del activismo católico antiabortista en Argentina observó que “dichos colectivos postulan y modernizan sus discursos opositores al aborto desde el entrelazamiento de argumentos religiosos, jurídicos y médico-biológicos sobre la defensa de los derechos personales de los fetos/embriones” (Guidiño, 2015: 41). La estrategia discursiva dentro del recinto coincidió con la estrategia de aparición pública aplicada fuera de este, donde las imágenes de fetos mutilados aparecen como “representaciones iconográficas [que] tienen como objetivo reafirmar un discurso científico y bioético acerca del aborto como ‘crimen’ y ‘asesinato’” (Guidiño, 2015: 42).

En ese sentido, nos parece relevante retomar las declaraciones de Gustavo Volpe, presidente de Rosario Provida. La elección como portavoz a analizar responde por un lado a su filiación, ya que Volpe es parte de los colectivos Provida y particularmente preside el capítulo Rosarino de esta ONG que tuvo gran repercusión. En su discurso, Volpe recurre al conocimiento científico para sostener su posición:

Ahora bien, estos grupos no se limitaron a recuperar discursos expertos de tinte médico-biológico. También recuperaron argumentos de carácter jurídico, afirmando que el proyecto no reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que interpreta la vida como derecho de unos pocos. También encontramos un ejemplo de esto en el discurso de Volpe, quien exclama:

Además, algunos argumentos jurídicos esgrimidos discuten directamente con el texto del proyecto de ley afirmando que, por su redacción, habilita el aborto más allá de las 14 semanas de gestación. Otras intervenciones toman categorías de las ciencias sociales, afirmando que el aborto es un problema social generado por la desigualdad de género y que legalizar la IVE no es más que un paliativo que oculta los delitos y abandonos que sufren las mujeres y que no genera más justicia, ni libertad al no solucionar los problemas de base que provocan desigualdad. Por otro lado, muchos de los expositores señalan, con especial preocupación, los riesgos para la salud física y mental que supone para la mujer el hacerse un aborto. Tal es el caso de Lorena Bauza, voluntaria de Gravida, quien desde su experiencia acompañando mujeres expone:

Vemos, entonces, cómo el conocimiento científico es retomado por los actores legos que se apropian de clasificaciones expertas de carácter médico-biológico, jurídico, y sociales, las articulan con conocimientos alcanzados a través de sus propias experiencias y las utilizan para legitimar determinadas teorías causales que llevarían a la conformación de un orden social punitivo con respecto a la IVE.

Ahora bien, en contraste con la estrategia de los grupos en contra del proyecto de ley, al analizar los discursos de las expositoras de las principales organizaciones a favor observamos que estas buscaron desviar la atención de la controversia sobre el estatus ontológico del embrión para tratarlo como un problema de salud pública. Las expositoras afiliadas a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Socorristas en Red y Católicas por el Derecho a Decidir sostuvieron argumentos relacionados a la necesidad de un Estado laico, que garantizase el cumplimiento de los derechos humanos, tal como los sostienen los organismos internacionales más importantes, y que asegurase a las personas con capacidad de gestar el derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual. Este es el caso de la intervención de Viviana Della Siega, miembro de la Campaña, quien retomando las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas asegura:

A su vez, las activistas a favor de la legalización esgrimieron como argumento la situación de violencia institucional que enfrentan muchas mujeres al querer abortar, incluso estando amparadas por la ley vigente (art. 89 del Código Penal), se pronunciaron en contra de la objeción de conciencia institucional y la falta de educación sexual en las escuelas. Silvia Julia, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, se expresa de esta manera cuando dice:

La discusión sobre el estatus ontológico de la vida del embrión se encuentra ausente de los discursos analizados, excepto por una breve referencia en el discurso de María Teresa Bosio, también representante del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, quien sostiene:

En este sentido, podemos decir que mientras los lenguajes de la coproducción nos permiten ver cómo los colectivos anti-aborto se apropiaron del conocimiento científico para sostener sus argumentos haciendo especial énfasis en la dimensión médico-biológica de la disputa, y cómo los colectivos a favor de la legalización hicieron lo mismo, pero con énfasis en las cuestiones de derecho y salud pública. A su vez, la sociología de los problemas públicos nos va a permitir echar luz sobre estrategias de producción no experta de conocimiento desplegadas por los colectivos favorables a la legalización para acompañar estos argumentos. Para la sociología de los problemas públicos, la reflexión y la investigación pueden ser también asuntos de no expertos, quienes pueden asociarse con investigadores para, así: “Comprender las dificultades que los perturban, identificarlas y reformularlas, y darles una consistencia científica, jurídica y política al debatir puntos fácticos y normativos” (Gusfield, 2014: 25). Así sucedió en el caso de la IVE con las organizaciones que abanderaron el proyecto de ley. Estas produjeron los primeros datos en Argentina, como fue el caso de la organización Socorristas en Red, que presentó en el parlamento información cuantitativa sobre la vida de las mujeres y sus procesos de aborto con medicación obtenida a través de su trabajo territorial en el asesoramiento y acompañamiento de mujeres que deciden abortar (véase la intervención de Julia Burton, socióloga integrante de esta organización). Aportaron información de las estadísticas sobre muertes por abortos clandestinos y apelaron al mayor riesgo sufrido por las mujeres de los sectores más vulnerables de la población. Sostuvieron que legalizar el aborto salva vidas y que la evidencia mundial muestra que, al legalizarse, tras una leve alza en los primeros años al disponer de números más precisos, la tasa de abortos luego disminuye.

El colectivo de mujeres pro-elección busco trasladar la definición del problema hacia un nuevo lugar, retomando, por ejemplo, argumentos relacionados con la salud pública y las consecuencias prácticas en la vida de las mujeres.^{^[4]} De esta forma, disputó la apropiación de clasificaciones científicas y la formulación de conceptos que habiliten nuevas formas de ser, experimentar y dar orden al mundo. Pero, si bien los argumentos científicos fueron centrales en sus discursos, estos movimientos sociales defienden la definición del problema como una disputa política sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

CONCLUSIONES

La regulación parlamentaria de la interrupción voluntaria del embarazo como problema público se encuentra todavía en disputa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito había logrado posicionarse como propietaria de este problema, asignando la responsabilidad causal y política al Estado argentino a través de procesos de denuncia (tanto jurídicos como a través de redes sociales), de producción de datos y de movilización social. Sin embargo, con el ingreso del proyecto de ley a la agenda parlamentaria nuevas organizaciones disputaron la propiedad del problema. Estas organizaciones propusieron una configuración distinta del problema, abogando por una nueva definición y adjudicando otras responsabilidades causales –muchas veces asociadas a la idea del embarazo no deseado como un problema privado (Gusfield, 2014: 69)– y diferentes responsabilidades políticas. Tras el rechazo del proyecto legislativo en la Cámara de Senadores, podría considerarse que la configuración del problema público se definió a favor de las organizaciones en contra de la legalización de la IVE; sin embargo, cabe recordar que la definición de un problema público es un proceso histórico siempre abierto a sucesivas reformulaciones, y que dos años después –mientras se escriben estas palabras– el debate vuelve a abrirse en la Cámara de Senadores.

El conocimiento científico jugó un rol importante en la arena pública, relacionándose de múltiples formas con los saberes ordinarios. En la Argentina y en el mundo la penalización/despenalización del aborto avanza de la mano de la construcción de ciertas “verdades” científicas, así como también de verdades alternativas. Las controversias científicas permitieron amplificar la voz de los expertos en relación a esta temática, a la vez que brindaron argumentos y evidencias a organizaciones a favor y en contra de la legalización de la IVE para sostener su postura en un lenguaje investido de gran autoridad en nuestra sociedad.

Con el análisis de la controversia, pudimos observar cómo los modos de hacer conocimiento científico influyen en la forma en la que decidimos ordenar la sociedad. A su vez, pudimos ver cómo los saberes ordinarios están imbricados en el discurso de los científicos, quienes incluyeron en sus intervenciones argumentos políticos, éticos, religiosos y sociales ajenos a sus disciplinas. En muchas ocasiones, se busca trasladar las decisiones de los responsables políticos a los expertos, quitando a los ciudadanos “no expertos” la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Sin embargo, en respuesta a este panorama han surgido formas de acción colectiva que van recreando la relación entre la ciencia y la sociedad. Los no expertos contendientes en la definición de un problema público no solamente se afirman sobre argumentos técnico-cognitivos aportados por los expertos, sino que producen sus propios datos y clasificaciones, eligen en qué aspecto de la problemática centrar su atención y la de sus públicos, y trabajan en pos de la politización de la problemática proponiendo nuevas formas de dar orden al mundo.

En el mundo en el que vivimos, el desafío es repolitizar la ciencia. Los movimientos a favor y en contra del aborto cuestionaron el consenso que día a día lleva a despolitizar problemas públicos, abriendo a los ciudadanos no expertos la posibilidad de intervenir en estos espacios, incidiendo y auditando la producción de conocimiento científico. Para Hebe Vessuri:

El discurso sobre el aborto se convirtió en un campo discursivo enormemente complejo y polifacético, en el que científicos producen discursos más o menos legitimados sobre el estatus ontológico del feto, las consecuencias de la clandestinidad, sus implicaciones jurídicas y constitucionales, pero en el que los discursos más eficaces son los que se movilizan en los campos de batallas donde se define la adopción de los códigos de práctica y la configuración del orden social.

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^{^[1]} Socorristas en Red se define como: “una articulación de colectivas de Argentina. Damos información –siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud– y acompañamos a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas. Para que lo hagan de manera segura y cuidada” (Socorristas en Red (2020) Quienes Somos. Argentina. Recuperado de https://socorristasenred.org/quienes-somos/).

^{^[2]} Las marchas por la vida fueron manifestaciones convocadas por aquellas personas, asociaciones y grupos que se expresaron en contra de la legalización de la IVE en Argentina. Este colectivo se encolumnó bajo la consigna “Salvemos las dos vidas” como una forma de lucha para impedir la aprobación del proyecto de ley.

^{^[3]} El pañuelo verde es un símbolo adoptado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que fue ampliamente adoptado por la comunidad durante la discusión pre-parlamentaria y parlamentaria como expresión del apoyo a la legalización de la IVE. El pañuelo celeste fue un símbolo adoptado por los colectivos nucleados bajo la consigna “Salvemos las dos vidas” para expresar su repudio hacia las prácticas de IVE y mostrar su rechazo a la legalización de la IVE.

^{^[4]} Autodenominación asumida por los movimientos que luchan por el derecho al aborto.

Disputas y controversias: La interrupción voluntaria del embarazo como problema público en el marco de las discusiones pre-parlamentarias en Argentina, 2018