Doi: 10.5281/zenodo.14197978

Celina Andreassi
CIT-Rafaela, CONICET, Argentina
ORCID: 0009-0006-2946-664X | celina.andreassi@gmail.com

Las Lagunas de Guanacache son un humedal ubicado entre las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza que ha sufrido un intenso proceso de desecamiento a lo largo de los años, en gran parte debido a factores antrópicos relacionados con el uso del agua para el desarrollo de la industria vitivinícola. En este artículo, realizamos un análisis acerca de cómo los distintos actores estatales y sociales han intervenido en el conflicto por la desertificación de estos humedales y los diversos modos de productividad que ha generado este conflicto, los cuales se expresan en acciones legislativas, producción de territorio y consolidación identitaria por parte de los habitantes huarpes de la zona.

The Guanacache wetlands, located between the provinces of San Luis, San Juan and Mendoza, have undergone a serious process of drying up over the years, mostly due to anthropogenic factors related to the use of water in the development of the wine making industry. In this article, we analyze the way different state and civil society actors have intervened in the conflict over the desertification of these wetlands and the different types of productivity that the conflict has generated, which manifest themselves as laws, production of territories and the consolidation of the identity of the huarpe indigenous people living in the area.

El largo proceso de desecamiento de las Lagunas de Guanacache, en la región argentina de Cuyo, pone en evidencia los impactos ambientales, sociales y económicos de los modelos de desarrollo basados en el acaparamiento de los recursos naturales, en este caso el agua, sobre los territorios. Una zona que antiguamente fue el humedal más extenso de la región hoy es un desierto cruzado por lechos de ríos secos y vegetación degradada por el sobrepastoreo de especies animales que han debido introducirse para reemplazar la producción agrícola, ya inviable, de quienes decidieron no emigrar a las ciudades o de quienes lo hicieron para, años después, retornar a su lugar de pertenencia.

El presente artículo surge a partir una revisión de las fuentes disponibles, realizada en el marco del trabajo prospectivo de la autora para su tema de tesis doctoral. Su objetivo es el de presentar, a partir de dicha revisión, el conflicto que surgió en las últimas décadas a partir de la voluntad de los actores locales por restaurar y recuperar las Lagunas de Guanacache en la provincia de San Luis, considerando no solo su resolución en términos ambientales sino también su incidencia en el proceso de recuperación de la memoria y la identidad huarpe de la zona. Con este fin, nos apoyaremos en el concepto de “productividad del conflicto”, acuñado por Merlinksy et al (2018), que nos permite no solo analizar las causas de los conflictos (en particular aquellos identificados como conflictos ambientales), sino también la variedad de transformaciones que estos producen, sus consecuencias y los aprendizajes que los diversos actores pueden obtener de ellos. En el caso que nos ocupa, nos enfocaremos particularmente en la comunidad huarpe de Guanacache y sus interacciones con otros actores relevantes, tales como la ONG Inti Cuyum, que impulsó un proyecto de restauración de los humedales, y el Gobierno de la Provincia de San Luis. Cabe destacar que estos tres actores no fueron antagónicos en este conflicto en particular, sino que lograron, con mayor o menor éxito, articular sus acciones en pos de buscar una resolución al mismo.

En términos metodológicos, la información que sustenta el artículo fue obtenida a través de fuentes secundarias, tales como informes, artículos periodísticos y otros trabajos académicos enfocados principalmente en el desarrollo histórico de la comunidad huarpe de Guanacache, y de fuentes primarias a partir de observación participante en territorio realizada en el marco de la labor profesional de la autora en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA) entre los años 2022 y 2023.

El sistema palustre de Guanacache está conformado por ríos, lagunas y bañados cuyas nacientes de agua provienen de la Cordillera de los Andes. La unión de los ríos Mendoza y San Juan origina este encadenado de lagunas y esteros que se inserta en la cuenca del río Desaguadero hasta las salinas del Bebedero. El sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero abarca 962.370 ha, en territorio del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, dependiente de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Representa el humedal más extenso de la región de Cuyo: en los períodos de mayor abundancia hídrica llegó a ocupar unos 2.500 km² de superficie de agua. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX un proceso de desecamiento comenzó a afectar el área, el cual se fue agravando con el pasar de los años. Estudios recientes señalan que en el período comprendido entre 1987 y 2018 la pérdida de superficie del humedal fue del 80% (Arancibia Abrahan, 2019).

El retraimiento de los cauces está ligado principalmente al aprovechamiento de los afluentes en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos mencionados, así como a la disminución de las precipitaciones níveas en la cordillera (Arancibia Abrahan, 2019). Estos cambios ayudaron a la formación de cárcavas en las nacientes del río Desaguadero, derivando en el vaciamiento de los lechos de agua.

Los factores que contribuyeron a la retracción de las aguas se relacionan con la apropiación de este recurso para el desarrollo vitivinícola regional, mediante la concentración y gestión del recurso hídrico a través de diques y redes de canales destinados a zonas de regadío. Este fenómeno, que se extiende hasta la actualidad, comenzó a manifestarse a finales del siglo XIX durante la consolidación del Estado nacional y de los estados provinciales; particularmente en el caso de Cuyo, para las provincias de Mendoza y, en menor medida San Juan, implicó la incorporación a la economía mercantil a través del pasaje a un sistema agroindustrial vitivinícola (Calderón Archina y Álvarez, 2022).

En este contexto de fortalecimiento del rol del Estado en el control de los recursos naturales, es necesario mencionar la promulgación de la Ley de Aguas en Mendoza en 1884, en la cual el Estado mendocino se posiciona como el encargado de distribuir el agua en todo el territorio de la provincia concediendo la dotación de derechos del agua únicamente a propiedades privadas destinadas a la producción vitivinícola y agrícola en detrimento de las zonas consideradas “improductivas” asociadas al atraso (Calderón Archina y Álvarez, 2022). La tala de algarrobo durante la expansión del ferrocarril que se remonta al siglo XVIII también causó un fuerte impacto en el ambiente. La suma de estos cambios implicó drásticas modificaciones en el estilo y calidad de vida de los pobladores, en varios casos ocasionando la diáspora de grupos familiares hacia los centros urbanos más cercanos (Escolar, 2007).

El principal factor de alteración del ecosistema de los humedales de Guanacache es, como ya fue mencionado, de origen humano. La desertificación “se explica entramada a intereses políticos y económicos, a determinadas políticas de los gobiernos provinciales de San Juan y Mendoza que desviaron estos caudales hacia las zonas urbanas y cercanas a éstas, donde se hallaban los principales cultivos vitivinícolas” (Calderón Archina, 2017: 10).

En efecto, para entender la agudización de este proceso de degradación ambiental en las últimas décadas y el surgimiento del conflicto en torno a la desecación de las lagunas de Guanacache, es insoslayable hacer foco en el agronegocio –el modelo de desarrollo agrícola predominante en el país en las últimas décadas y en el cual se inserta la industria vitivinícola– y la forma en que este se expresa en la región cuyana, la mayor productora de vino del país, y particularmente en la provincia de Mendoza.

El modelo agropecuario basado en el agronegocio, que se volvió hegemónico a partir de la década del noventa, implicó una

profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores. Además, en este esquema agropecuario los paquetes tecnológicos provistos por las grandes empresas semilleras y de tecnología agropecuaria imponen lógicas de producción (García Guerreiro y Wahren, 2023: 17).

El agronegocio se extendió por las distintas provincias del país y en las economías regionales adquirió características específicas según el tipo de producción agrícola (extensiva o intensiva), la distribución de la tierra y del agua. En el caso de la producción vitivinícola, el agronegocio se orientó a la producción de vinos para la exportación, introduciendo innovaciones tecnológicas y procesos de concentración y transnacionalización del sector (Petz, 2023).

Una de las características sobresalientes del modelo del agronegocio es la concentración en la propiedad de la tierra, y en regiones áridas y específicamente para la producción de uvas y vino, también la concentración del agua. En palabras de María Inés Petz (2023: 90), “(e)n los oasis de riego, aumentar la productividad significa también el acaparamiento de mayor cantidad de agua”.

En la provincia de Mendoza, el acaparamiento y la gestión del agua –tanto por actores privados como estatales– se convirtió en un elemento central del modelo de desarrollo productivo. El agua, en línea con los discursos neoliberales sobre los que se funda el agronegocio, es considerado un bien escaso que debe ser distribuido a partir de lógicas económicas, adquiriendo un valor monetario. Sumado a esto, la provincia atraviesa desde hace más de una década una crisis hídrica que profundiza las desigualdades en torno al manejo y control del agua.

Como explica Petz (2023), la escasez de agua es una característica de las provincias cuyanas ubicadas al pie de la cordillera de los Andes, donde la mayor parte del territorio presenta características edáficas y climáticas que dificultan o imposibilitan la producción agrícola. Por eso fue de vital importancia a lo largo de la historia la gestión del recurso hídrico, incluyendo la intervención sobre los cauces de los ríos para la creación de los oasis de riego que permitieron la producción agrícola y el desarrollo poblacional. En Mendoza menos del 4% del territorio se encuentra irrigado, pero allí se concentra más del 95% de la población y se genera la mayor parte del producto bruto de la provincia.

Si bien los humedales de Guanacache se extienden entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, el conflicto surgido a raíz de la degradación ambiental en la zona se ha desarrollado de formas distintas en las tres provincias. En San Juan especialmente se han movilizado comunidades “laguneras” del pueblo huarpe en contra de empresas cuyo accionar empeoró la problemática ambiental de Guanacache.

En la provincia de San Luis el conflicto por los recursos naturales en las Lagunas de Guanacache tomó otras formas, menos visibilizadas y abiertas, donde los reclamos no fueron dirigidos hacia los actores que, siguiendo el análisis de los apartados anteriores, podrían considerarse responsables por el desecamiento de las lagunas, como el gobierno de la Provincia de Mendoza o las empresas vitivinícolas que explotan el recurso río arriba. En cambio, las acciones se dirigieron principalmente hacia el gobierno de San Luis y el gobierno nacional, quienes respondieron de forma positiva a dichos reclamos. Sin embargo, al no ser los responsables directos de la situación, las soluciones ofrecidas no fueron totalmente efectivas en términos de la restauración ambiental buscada y la tensión respecto del uso y disponibilidad del agua permanece latente. Siguiendo a Merlinsky et al, consideramos igualmente que se trata de una forma de conflicto ambiental, en tanto implica disputas “por el acceso, la apropiación, la producción, el uso, la distribución y la gestión de los bienes naturales en cada comunidad o región” (Merlinsky et al, 2018: 32). Como indica la autora, en estas situaciones de tensión que se dan a partir de los recursos naturales se juegan cuestiones vinculadas no solo a los impactos ambientales sino también a otras dimensiones, que pueden ser económicas, sociales y/o culturales.

Uno de los principales actores involucrados en la definición del conflicto fue una ONG ambientalista llamada Fundación Inti Cuyum. A partir de la formulación y lanzamiento de su “Proyecto Guanacache” de remediación ambiental de los humedales en el año 2003, la ONG instó al gobierno de San Luis a incorporar a los territorios de las lagunas que se encontraban tanto dentro de la provincia como en jurisdicción nacional (dentro del Parque Nacional Sierra de las Quijadas) a la Convención Ramsar.¹ Esto se debe a que originalmente, en 1999, la Convención fue suscripta solo por Mendoza y San Juan, a pesar de que el gobierno sanluiseño había impulsado la firma del Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo en 1992, el cual comprometía a las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza a proteger los bosques nativos y los humedales de Guanacache.²

La Fundación Inti Cuyum, junto con un grupo de familias huarpe de la zona afectada, presentó en 2003 el Proyecto Guanacache ante la Defensoría del Pueblo de San Luis. A partir de esta presentación, lograron que en noviembre de ese mismo año el Defensor del Pueblo emita una resolución en la cual describe al proceso de desertificación de las lagunas producto de la acción antrópica como “un verdadero desastre ecológico y ambiental”. La misma resolución insta a las áreas de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Turismo de la provincia a “que realicen esfuerzos en pos de lograr una solución ambientalmente adecuada para la restauración y preservación de los ecosistemas de humedales que conforman las lagunas y bañados de Guanacache a niveles aceptables” y solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que “incluya efectivamente en la definición de Sitio RAMSAR [sic] denominado Lagunas y bañados de Guanacache a los humedales presentes en la Provincia de San Luis” (Resolución N° 142 del Defensor del Pueblo de la provincia de San Luis). Finalmente, en junio de 2007 se amplió el Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, pasando a denominarse Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, incluyendo 962.370 ha de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

Medidas como la firma del Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo y la inclusión de los humedales de Guanacache en el listado de la Convención Ramsar fueron el puntapié y el marco institucional para los distintos intentos por detener e incluso revertir el proceso de desecamiento de las lagunas por parte de los actores estatales provinciales. Estos procesos ilustran lo que Merlinsky et al (2018: 43-47) entienden por productividad jurídica del conflicto (en tanto implica la creación y/o movilización de legislación específica) y político-institucional (expresada en las dinámicas de transacción entre los colectivos movilizados y los poderes públicos).

Los reclamos ante el gobierno provincial y las acciones llevadas a cabo por la Fundación Inti Cuyum junto con la comunidad huarpe de Guanacache (ubicada en la localidad de La Tranca, cerca del límite con San Juan y en un área que se solapa con la del Parque Nacional Sierra de las Quijadas) propiciaron el surgimiento de un proyecto de restauración de las lagunas a través de la construcción de seis azudes. Estos consisten en represas de aproximadamente 6 metros de altura en su parte más alta y una longitud de más de 750 metros, que permiten bajar la velocidad de las crecientes del río e impedir su erosión y las de sus márgenes, posibilitando que se produzca el progresivo embancamiento del agua, lo cual eleva la cota del nivel del río, permitiendo que desborde y se formen nuevamente los humedales (Agencia San Luis, 31 enero de 2015).

Para la realización de esta obra fue necesaria la firma de un convenio entre las tres provincias, lo cual produjo demoras inesperadas en su ejecución por parte del gobierno de San Luis. El primer tramo de la obra, consistente en la construcción de dos de los seis azudes, fue inaugurado en 2014 y hasta el momento ha sido el único tramo de la obra realizado (Calderón Archina y Álvarez, 2022). La superficie irrigada detectada durante la temporada estival 2005-2006 fue de 43 ha, mientras que para el período 2015-2016, dos años después de la ejecución de la obra hidráulica, se registraron 421 ha cubiertas por agua, lo cual indica un efecto positivo aunque limitado de los azudes, ya que existen aún cauces de ríos completamente desecados en el área donde habita y produce la comunidad huarpe de Guanacache, en el límite con la provincia de Mendoza.

Otro actor clave en el desarrollo del conflicto por el acceso al agua y contra la desertificación de las lagunas han sido los pobladores de la zona, quienes aún tienen recuerdos de ríos fluyendo donde hoy hay desierto. Como comentó un miembro de la comunidad huarpe señalando el cauce seco del río Desaguadero: “hace veinte años nos bañábamos en este río” (comunicación personal, 24/10/2023). Como veremos a continuación, puede afirmarse que el conflicto que, siguiendo a Merlinsky et al (2018) podemos definir como “territorial”, en tanto está espacialmente localizado y expresa contradicciones entre el espacio económico y el espacio de vida, tuvo rasgos constituyentes respecto de la reivindicación y del autorreconocimiento del pueblo huarpe como tal.

Siguiendo a Merlinsky et al, es factible analizar el conflicto por los humedales de Guanacache en términos de su productividad, entendida como la conformación de procesos que se desencadenan a partir del conflicto “y que permiten la formación, transformación y/o mantenimiento de diferentes momentos de la vida social”, incluyendo “los aprendizajes de los actores que han participado y las transformaciones de los marcos cognitivos que utilizan para denominar su lugar de vida” y “cambios en las formas de gobierno territorial” (Merlinsky et al, 2018: 43).

Lo narrado hasta aquí respecto del desarrollo del conflicto y las reacciones de los actores sociales y estatales permite ilustrar la productividad territorial del conflicto, entendida como la “producción de representaciones que revalorizan y cualifican el espacio y que establecen un renovado lazo social entre los colectivos movilizados y el territorio”, así como las ya mencionadas productividad jurídica y político-institucional.

Existe, finalmente, una productividad social relacionada con la reafirmación de la identidad huarpe en la zona. Esta dimensión, muchas veces descuidada en el estudio de los conflictos ambientales, hace referencia a los procesos de aprendizaje y consolidación por parte de las poblaciones y organizaciones locales, así como a la articulación con otras experiencias y actores estratégicos.

Históricamente, el lento proceso de deterioro y degradación ambiental de las lagunas empujó a las poblaciones cada vez más a migrar a centros urbanos en las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza. Incluso para aquellos que se quedaron, las actividades productivas mutaron de la agricultura a la ganadería caprina, convirtiéndose en “puesteros”. Estos procesos derivaron en una invisibilización de la identidad huarpe desde principios del siglo XX, cuando se minimizó el accionar indígena en la construcción de la identidad puntana, y se ocultó su continuidad y presencia, consolidando en la población de la provincia un “sentido común asociado a la extinción” (Calderón Archina, 2021: 266). No fue sino hasta inicios del siglo XXI que distintos grupos comenzaron a organizarse en torno a una reivindicación identitaria alrededor de la herencia huarpe. En efecto, los principales protagonistas del movimiento huarpe en la actualidad son campesinos cuyas reivindicaciones están más relacionadas con la defensa de sus territorios y el acceso a los recursos naturales (Escolar, 2005).

Según narra Calderón Archina (2017) a partir de un trabajo etnográfico realizado con la comunidad huarpe de Guanacache, la Fundación Inti Cuyum se involucró entre los años 2003 y 2004 con un grupo de familias del paraje La Represita, iniciando un trabajo conjunto para la visibilización de la problemática ambiental de los humedales en Guanacache. Mientras los representantes de la ONG presentaban dicha problemática aludiendo a que las lagunas habían sido el último bastión de un ya inexistente pueblo huarpe, fueron interpelados por Pascuala Carrizo Guakinchay, una mujer huarpe de la zona, que les hizo notar que los huarpes aún vivían en Guanacache. Para Calderón Archina, este encuentro fue “revelador” tanto para los huarpes como para la ONG, y a partir de entonces Pascuala se incorporó como colaboradora al Proyecto Guanacache, comenzando así su trayectoria como líder indígena y articulando la consolidación de la comunidad huarpe de Guanacache a partir del reclamo por el acceso al territorio ancestral y a los recursos de esas tierras, incluyendo el agua. La incorporación del área sanluiseña de los humedales al sitio Ramsar en 2007, “a diferencia de lo que acontecía en 1999 […] incorporó a los huarpes, ya no solo como parte del ‘legado histórico’ del complejo lagunar sino, también, como sujetos activos” (Calderón Archina, 2017: 20).

Las obras de remediación llevadas a cabo por el gobierno de la provincia de San Luis fueron modestas y, por el momento, han quedado inconclusas. Existen todavía miles de hectáreas de humedales –específicamente aquellas en donde está ubicada la comunidad huarpe de Guanacache– que no han recuperado nada del agua perdida a lo largo de las décadas. Aún si se completaran las obras previstas, queda claro que la solución a los conflictos ambientales y territoriales no descansa en la ingeniería. La conservación –y la restauración– de áreas naturales protegidas “es, ante todo, un problema social, político y económico” (Ferrero, 2014: 11)

Las políticas públicas abstractas y ajenas a las comunidades en las cuales se las implementa tampoco terminan de resolver este tipo de conflictos. Si bien la inclusión de los humedales de Guanacache en el listado de la Convención Ramsar fue producto de los procesos desencadenados por los protagonistas del conflicto y si bien dio un marco institucional para visibilizar la problemática y llevar a cabo potenciales medidas reparadoras, esto tampoco logró restituir el agua a las comunidades cuya forma de vida se vio afectada radicalmente por el déficit hídrico. Es más, muchas comunidades locales no fueron consultadas respecto de esta iniciativa y en su mayoría no saben de qué se trata esta categoría de protección. Existen paradigmas de conservación y protección ambiental más actuales que podrían y deberían aplicarse al manejo de las áreas protegidas. Uno de ellos es el paradigma “participativo”, que busca involucrar activamente a las poblaciones en el manejo de los recursos naturales mediante la creación de mesas de diálogo, el otorgamiento de cuotas de poder a los locales y la creación de redes entre organizaciones, presentándose como un medio eficaz para la resolución de conflictos sociales y territoriales (Ferrero y De Micco, 2012).

Si bien la implementación de este tipo de políticas representaría un avance en la gestión territorial y ambiental, esta no puede considerarse escindida de un contexto más amplio que fomenta el desarrollo económico a expensas del ambiente y las poblaciones locales; en palabras de Svampa y Viale (2014), el “maldesarrollo”. Este se caracteriza por la insustentabilidad de los modelos vigentes, incluido el del agronegocio como forma dominante de producción de alimentos; por el fracaso del ideal de progreso que promete y por las diferentes dimensiones del “malvivir” que produce, afectando especialmente a grupos vulnerables como pueblos originarios, pobres, mujeres y niños. Es en este modelo de maldesarrollo, desplegado a lo largo de décadas, en el cual se anclan los conflictos ambientales como el descripto en este artículo. Es por ello que estos conflictos solo encuentran soluciones insuficientes, parciales y acotadas territorialmente.

Sin embargo, la perspectiva teórica ofrecida por Merlinksy et al (2018) nos ha permitido analizar otras aristas del conflicto que se desarrollan independientemente de su resolución en los términos planteados explícitamente por los actores involucrados. Desde este punto de vista, el desarrollo del conflicto por las Lagunas de Guanacache ha resultado productivo en términos territoriales, jurídicos, político-institucionales y sociales, en tanto ha permitido a la comunidad revalorizar sus representaciones de y sus vínculos con el territorio, ha generado dinámicas transaccionales entre los colectivos movilizados y diversos actores estatales y, especialmente, ha contribuido a fortalecer procesos de aprendizaje y consolidación por parte de la comunidad, en articulación con otras experiencias y actores estratégicos.

Por lo tanto, si bien el conflicto por el uso y la gestión del agua no ha logrado, por el momento, recrear los humedales perdidos, sí fue el puntapié para una reivindicación identitaria del pueblo huarpe que contribuyó tanto a su reconocimiento formal por parte del Estado como al fortalecimiento de la organización comunitaria.

Arancibia Abrahan, V. (2019). Fluctuación espacio-temporal del complejo de Lagunas de Guanacache, Divisadero y Bebedero durante 1987-2018. Boletín de Estudios Geográficos, (112), 161-180.

Calderón Archina, A. (2017). De oasis a desierto. Re-emergencias huarpes y la promesa del agua en las Lagunas de Guanacache. Síntesis, (7). Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

----- (2021). Reconocimiento, reparación y expropiación: alteridades huarpes y Estado en San Luis. En Cartografía de conflictos en territorios indígenas del Cuyum, Argentina. San Juan: Universidad Nacional de San Juan.

Calderón Archina, A. y Álvarez, L. (mayo-octubre de 2022). Políticas del agua y de restauración de los humedales en lagunas de Guanacache: aproximaciones a un diálogo transdisciplinario. Boletín de Estudios Geográficos, (117).

Escolar, D. (2005). El “estado del malestar”. Movimientos indígenas y procesos de desincorporación en la argentina: el caso huarpe. En C. Briones (comp.), Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

----- (2007). Los dones étnicos de la nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.

Ferrero, B. G. (2014). Conservación y comunidades: una introducción. Avá. Revista de Antropología, (24), pp. 11-33. Universidad Nacional de Misiones.

Ferrero, B. y De Micco, C. (2012). Nuevas conformaciones de territorialidad en Misiones: problemas sociales y ambientalismo. En A. Mastrángelo (ed.), Entre chacras y plantaciones. Condiciones de trabajo y ambiente en la Argentina del siglo XXI. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.

García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2023). Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria. Un debate en el marco del modelo del agronegocio. En T. Palmisano y T. Perelmuter (coords.). Agronegocio en la Argentina. Modelo hegemónico, resistencias y experiencias alternativas de los movimientos sociales. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Merlinsky, M. G. et al. (2018). Defender lo común: qué podemos aprender de los conflictos ambientales. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Petz, M. I. (2023). El agronegocio en las economías regionales. El impacto de la reestructuración productiva en el territorio del Valle de Uco, Mendoza (1990-2015). En T. Palmisano y T. Perelmuter (coords.), Agronegocio en la Argentina. Modelo hegemónico, resistencias y experiencias alternativas de los movimientos sociales. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz Editores.

La Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención de Ramsar, es un tratado internacional suscripto en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, aprobado por la Argentina mediante Ley N° 23919. Su misión es “la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales, nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo” (Convention on Wetlands Secretariat, s./f.).↩︎
Específicamente, el Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo preveía: a) realización de estudios para la restauración del Sistema Lacustre de Guanacache, San Silverio y Bebedero; b) algunas pautas mínimas de manejo de la cuenca; c) requerir apoyo técnico y financiero del gobierno nacional y de los organismos extranjeros e internacionales, y participación de las provincias del Nuevo Cuyo, en la elaboración de los proyectos ecológicos nacionales; y d) gestionar ante el gobierno de la nación la priorización de la región en función de sus características ecológicas en los planes y programas previstos presupuestariamente por la nación (Masci, 2003).↩︎

El impacto socioambiental del agronegocioConflicto por el agua en los humedales de Guanacache, San Luis

El impacto socioambiental del agronegocio
Conflicto por el agua en los humedales de Guanacache, San Luis