Recibido: 17 de diciembre de 2024. Aceptado: 09 de mayo de 2025
Transcurrido un año de gobierno del presidente Javier Milei, hay que reconocer que lo que ha hecho no es una sorpresa. En todo caso es sorprendente que haya podido cumplir con lo que anunció en campaña sin que la pérdida en las condiciones materiales de vida de buena parte de la población le haya generado una situación social de conflicto.
En los meses previos a las elecciones Milei se ocupó de impulsar, con sus declaraciones sobre la convertibilidad del peso y la desaparición del Banco Central, la espiralización de un proceso inflacionario que ya venía en crecimiento luego de la pandemia, emulando al Domingo Cavallo de 1989. Al asumir, lejos de liberar el dólar, generó una devaluación el 54% disparando un pico inflacionario al mismo tiempo que se aseguraba de no tener presupuesto para el año 2024. El índice de precios al consumidor (IPC) del año 2023 terminó siendo del 211,4%, y la combinación de un presupuesto vigente para 2024 igual en pesos al ejecutado en el año 2023 hizo el resto.
Frente a un IPC del 25,5% en diciembre y del 20,6% para enero, se otorgó unilateralmente un incremento salarial de 6,0% y del 0,0% para esos meses. Se modificó la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones, que estaba atada a la evolución de la economía en el trimestre anterior, evitando la recomposición que correspondía a los meses de mayor inflación. Todo esto determinó una pérdida del 30% tanto del salario de los trabajadores como de las jubilaciones y pensiones. En paralelo se suspendió la obra pública por completo y se limitó la renovación del personal contratado de la Administración pública nacional.
Como se puede ver de lo relatado, nada de esto se hizo específicamente contra el sector educativo o de ciencia y tecnología, sino que se aplicó a todo el Estado sin excepciones. En el caso de educación, se eliminó el Ministerio unificando esa dependencia con Trabajo y Desarrollo Social. Todos los planes que impulsaba el Estado nacional en apoyo a los niveles inicial, primario y medio se suspendieron, incluyendo la compra de libros y de computadoras. También se eliminó desde el mes de marzo el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En el caso de las universidades, se transfirieron por resolución los $6100 millones de programas para el impulso de la ciencia y la tecnología en las universidades al programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa, del que hasta el presente se ejecutó solo un 2,25%. Se redujo a menos de la mitad el programa de Becas Universitarias, tanto por la disminución de los montos otorgados como por la menor cantidad de becas asignadas.
Al inicio del año 2024 la situación presupuestaria de las universidades era crítica. Las partidas para cubrir salarios se remitían asegurando que se pudieran abonar los salarios, con la pérdida del poder adquisitivo ya descripto. Pero históricamente los gastos de funcionamiento se actualizaban al aprobar el presupuesto anual, cosa que en el año 2024 no ocurrió. Eso derivó en una situación explosiva, con gastos de funcionamiento a valores del año 2023 y tarifas públicas que habían sido incrementadas de manera sostenida para cumplir con el objetivo de no tener déficit fiscal.
Las universidades públicas desarrollaron una intensa campaña de información a la sociedad y convocaron a una movilización en todo el país para el 23 de abril. La convocatoria tuvo un acompañamiento masivo. El Gobierno nacional ejecutó una estrategia que repetiría a lo largo del año: primero intentó cuestionar el funcionamiento de las universidades y luego ofreció aumentos poco significativos. Finalmente, ante la contundencia de las medidas de reclamo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió un incremento a la Universidad de Buenos Aires para los gastos de los hospitales universitarios y para el funcionamiento. Esto demostró la legitimidad del reclamo, por lo que finalmente los mismos porcentajes de incremento fueron asignados a todo el sistema, pero en cuotas.
Una vez resuelto el problema de la falta de partidas para funcionar, el reclamo se concentró en la pérdida salarial y la impulsaron los gremios que representan al personal docente y no docente. La dinámica del conflicto fue similar: campaña de información de la situación por parte de los gremios y las autoridades universitarias a la sociedad, campaña de desprestigio impulsada por el Gobierno nacional, organización de una nueva marcha universitaria. Ante la inminencia de la nueva convocatoria para el 2 de octubre, el gobierno realizó nuevamente ofertas de último momento tratando de parar el conflicto y cuando el congreso ya había aprobado la Ley de Financiamiento Universitario que aseguraba los fondos necesarios para recomponer la situación presupuestaria del sistema universitario.
A pesar del impacto de esta segunda marcha, el Gobierno nacional vetó la ley, y una semana después este veto fue ratificado por la Cámara de Diputados quedando firme. A modo de cierre el Gobierno otorgó un 5,8% de incremento salarial a partir de octubre, que se sumó al 1% previamente otorgado, lo que equiparó la pérdida salarial del sector universitario a la del resto de la Administración pública nacional.
Simultáneamente el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó a fines de agosto solicitar al Poder Ejecutivo nacional de un total de 7,19 billones de pesos para el año 2025. El 15 de septiembre el presidente Milei presentó el proyecto de presupuesto y en su mensaje dijo:
Por eso es hora de volver a las bases y barajar y dar de nuevo algunas definiciones. Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales.
En su definición la salud, la educación y la ciencia son cuestiones de las que, en el mejor de los casos, se deben ocupar las provincias y los privados.
El presupuesto presentado por el Gobierno para el año 2025 asigna a las universidades nacionales 3.8 billones de pesos, un 47% menor a lo solicitado. Hasta hoy el presupuesto tuvo escaso tratamiento en la Cámara de Diputados y el Gobierno no lo ha incluido entre los temas que se podrían tratar en sesiones extraordinarias o prórroga de las ordinarias, por lo que se estima que Milei apuesta a gobernar por segundo año consecutivo con un presupuesto prorrogado.
Para completar el panorama, el 13 de diciembre el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1091/2024 que elimina la posibilidad de que el Estado nacional realice contrataciones directas con universidades nacionales. De esta forma el Estado pone en pie de igualdad al mayor reservorio de conocimiento público con las empresas privadas, obligando a las universidades a participar de procesos licitatorios, dificultando el acceso al asesoramiento universitario y promoviendo negocios con privados. Paradójicamente, el mismo día publicó los decretos N° 1092/2024 y N° 1093/2024 que obligan a las universidades nacionales a utilizar los sistemas de contratación electrónicos COMPR.AR y CONTRAT.AR, el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) y el Sistema e-Recauda, lo que colisiona con la autonomía universitaria.
Es evidente que el Gobierno nacional sigue con el objetivo de destruir el Estado y a las universidades nacionales como parte de este. Las encuestas siguen mostrando que la sociedad sigue asignando a la educación universitaria una muy buena valoración, basada en la percepción de que esta sigue siendo una de las únicas posibilidades de ascenso social. El resultado del conflicto que impulsa el Gobierno dependerá de la capacidad del sistema universitario de sostener ese apoyo social garantizando educación pública de calidad.