Articulación, violencias de género y abordaje de vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes

Presentamos avances del proyecto de investigación “Violencias, derechos y políticas públicas: tensiones entre el interés superior del niño/a y la perspectiva de género”, de la Universidad Nacional de Moreno. Buscamos indagar dispositivos de intervención que abordan situaciones donde la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes está condicionada por contextos de violencias de género e identificar estrategias y redes que producen las organizaciones comprometidas en ese proceso. La investigación se desarrolla desde una modalidad cualitativa, con un diseño exploratorio descriptivo basado en la teoría fundamentada y la metodología de problematización recursiva. Este encuadre epistémico posibilitó reformular interrogantes y metodologías a partir de la situación producida por el COVID-19.

Profundizamos sobre el concepto de articulación, recuperando aportes de la psicología social, el psicoanálisis, el trabajo social y enumeramos desafíos que se plantean a los procesos de articulación territorial y al diseño de políticas públicas.

ABSTRACT

We present progress of the research project “Violences, rights and public policies: tensions between the best interests of the child and the gender perspective”, in the National University of Moreno. We seek to investigate intervention devices that address situations where the violation of the rights of boys, girls and adolescents is conditioned by contexts of gender violence and identify strategies and networks produced by organizations committed to this process. The research is developed from a qualitative modality, with a descriptive exploratory design based on grounded theory and the recursive problematization methodology. This epistemic framework made it possible to reformulate questions and methodologies based on the situation produced by COVID-19.

We delve into the concept of articulation, recovering contributions from social psychology, psychoanalysis, social work and we list challenges that arise in the processes of territorial articulation and in the design of public policies.

KEY WORDS

Introducción

En este artículo[1] presentaremos avances del proyecto de investigación PCYDIT “Violencias, derechos y políticas públicas: tensiones entre el interés superior del niño/a y la perspectiva de género”, de la Universidad Nacional de Moreno.^{^[2]} Es continuación de un proyecto anterior en el cual se analizaron los dispositivos de intervención del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la localidad de Moreno.^{^[3]} Dicha indagación permitió distinguir los múltiples componentes de los dispositivos con que se interviene en situaciones de vulnerabilización de las niñeces y adolescencias, conceptualizar los facilitadores y los obstáculos y situar el escenario social e institucional que implicaron las políticas neoliberales impulsadas en los años en que tuvo lugar la investigación.^{^[4]}

Lo conceptualizado constituyó el planteamiento del problema de la investigación en curso al advertir la necesidad de profundizar la indagación de las tensiones que se generan, en las intervenciones, entre el campo de las niñeces y el de la protección integral contra las violencias por motivos de género (VMG). En este sentido, el propósito que guía la investigación es ampliar conocimientos respecto a las estrategias de articulación territorial, la complejidad de las intervenciones familiares y comunitarias en contexto de violencias de género y la relación con las políticas públicas que abordan la vulneración de derechos de NNyA y de las mujeres.

a) Las situaciones que demandan intervención de equipos en los sistemas de promoción y protección de NNyA están condicionadas, en su mayoría, por violencias por motivos de género.

b) En situaciones donde se da conjuntamente la violencia de género y el maltrato y violencias contra las niñeces, cada equipo aborda en su especificidad y deriva a otra área fragmentando el abordaje.

c) La gravedad de las situaciones y la intervención en la urgencia va en detrimento de la articulación e integralidad.

d) La atención a las mujeres que sufren violencias basadas en el género pareciera no contemplar el impacto que tiene en sus hijas/os, constituyendo muchas veces un invisible.

e) Permanece una perspectiva tradicional de la familia y la maternidad, se otorga un lugar estereotipado a la mujer como cuidadora, se acentúan imaginarios profesionales condenatorios de las mujeres excluyendo a otros actores en las estrategias de cuidado.

f) Hemos observado vacancias en la formación en perspectiva de género en los equipos que abordan niñeces.

Se está frente a un campo de problemas donde se presentan, de forma conjunta y en tensión, los dispositivos de intervención que despliegan los sistemas de protección de derechos de NNyA y las estrategias de abordaje frente a situaciones de violencia por motivos de género, donde la modalidad preponderante es la violencia doméstica contra las mujeres (art. 6, inc. a de la Ley N° 26485).^{^[5]}

En el trabajo realizado en el primer año de la investigación hemos encontrado que la noción de articulación es central para analizar enfoques, miradas y el desarrollo de estrategias vinculadas a la coordinación de acciones, dispositivos, programas, servicios que intervienen con niñeces y mujeres.

El propósito de este trabajo es identificar los entramados y las brechas entre el campo de las niñeces y la problemática social de las desigualdades de género y sus violencias, cómo opera en los equipos y en las políticas públicas y conocer alcances y dificultades que presentan los abordajes integrales que implican articulaciones en las estrategias de intervención. Recuperaremos aportes de la psicología social, el psicoanálisis, el trabajo social y las teorizaciones sobre géneros y niñeces.

Especificaciones metodológicas: investigar en pandemia

La investigación se enmarca en una modalidad cualitativa que implica un método inductivo con diseños de investigación flexibles, pero no por eso infundados. Distintos autores señalan que la singularidad de estos estudios está dada por la creatividad, por constituir un arte que si bien requiere lineamientos orientadores –siendo centrales la pregunta y los problemas de investigación– no implica reglas y técnicas rígidas (Lacasa, 2000; Taylor y Bogdan, 1990; Jodelet, 2003), sino una articulación interactiva de los momentos en la investigación (Maxwell, 1996; Mendizabal, 2007).

El universo de la investigación está compuesto, por un lado, por instituciones, programas y equipos que integran el Sistema de Promoción y Protección de NNyA, como también aquellos que intervienen en situaciones de VMG. Por otro lado, por organizaciones sociocomunitarias que trabajan con la población afectada.^{^[6]}

1. Indagar y analizar los dispositivos de intervención que abordan situaciones donde la vulneración de derechos de NNyA está condicionada por contextos de violencias de género, en la zona oeste del Conurbano Bonaerense.

2. Identificar y describir las estrategias y redes que producen las organizaciones comunitarias para intervenir en situaciones de vulneración de derechos de NNyA en contextos de violencias de género.

El contexto de la pandemia de COVID-19 obligó a los equipos profesionales y a las organizaciones comunitarias y territoriales a reconfigurar su cotidianeidad y desplegar su trabajo en la virtualidad.

La indagación de las nuevas condiciones de trabajo en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio^{^[7]} (ASPO) implicó que fuera necesario reformular algunas dimensiones de análisis en pos de incluir la situación extraordinaria de la pandemia, indagar sobre las características que adquirió el trabajo en este contexto y el impacto que generó en los equipos esta situación excepcional, así como analizar las modificaciones y estrategias que se produjeron en los dispositivos de intervención. Discutimos los cambios que se podrían haber producido en la problemática por investigar, las posibilidades del trabajo de campo, como así también sobre el diseño de los instrumentos de recolección de datos. Acordamos que las características de nuestro diseño de investigación son favorables para adecuarlo al nuevo contexto, cobrando relevancia la idea de caja de herramientas que no toma los conceptos desde criterios de verdad ni supone la aplicación de marcos teóricos totalizadores y completos, sino que la composición de la caja de herramientas se hace gradualmente (Fernández, 2007), opera en la sinergia del ida y vuelta con la indagación de campo. En este sentido, los materiales producidos como primeras aproximaciones analíticas sobre el COVID-19 y el aislamiento social nos permitieron –aun en la excepcionalidad y lo incierto de la pandemia– ampliar el entendimiento de lo que estaba aconteciendo.

La indagación de campo fue una de las instancias de la investigación que hubo que modificar. Las entrevistas fueron realizadas de manera virtual, lo que impidió el registro del contexto, la observación de la singularidad que se produce en el intercambio cara a cara y de los espacios físicos y comunitarios en que se realizan las tareas. Si bien no es imprescindible, sabemos que en los enfoques cualitativos tales observaciones enriquecen el material.

En cuanto a los objetivos de la investigación, fue preciso incluir las adecuaciones que los equipos debieron efectuar a raíz de la pandemia y las medidas sanitarias, y se tuvieron presentes las reflexiones que entrevistadas/os hacían respecto al impacto de tales medidas en la vida de las personas, las familias y la comunidad. El aislamiento ha agudizado y/o puesto de manifiesto dimensiones menos visibilizadas de la problemática abordada, como así también dificultades, tensiones y conflictos presentes en las intervenciones y articulaciones. Asumimos que esta mayor visibilización puede contribuir a acercarnos de una manera diferente a nuestro campo de estudio.

En pos del avance en torno a los objetivos propuestos, cabe señalar que, en tanto este proyecto constituye un estudio exploratorio descriptivo de corte cualitativo, no se trabaja con hipótesis sino con supuestos orientadores o conjeturas iniciales que favorecen el acercamiento a la temática y a la empiria. Asimismo, la metodología de problematización recursiva (Fernández, 2007) y la teoría fundamentada en los datos (Soneira, 2006; Suárez, 2019) nos permiten mantener abierto el campo problemático y revisar constantemente las dimensiones de análisis. De esta manera, este encuadre epistémico y metodológico posibilita formular nuevos interrogantes que contemplen el curso que vaya tomando la situación sociosanitaria producida por el COVID-19.

Para este artículo analizamos, a partir de los objetivos de la investigación, las entrevistas realizadas en la primera etapa del trabajo de campo, centrándonos en las experiencias y las complejidades de las articulaciones y construimos matrices que nos permitieron reagrupar los datos y profundizar en su comprensión.

Primeras aproximaciones al concepto de articulación

El objetivo de este trabajo es, a partir de las experiencias de quienes intervienen en las problemáticas que abordamos, describir cómo se expresan las articulaciones en el territorio y las dificultades que se presentan para su construcción y funcionamiento.

Comencemos expresando que articulación es un término polisémico. El Diccionario de la RAE la define como:

A partir de esto advertimos que las definiciones de articulación se aplican a diferentes ramas del conocimiento, en las que podemos diferenciar por lo menos las siguientes:

1) Anatomía: se describen diferentes tipos de articulaciones en función del movimiento que permiten. Las móviles (con gran amplitud de movimiento), semimóviles (movilidad escasa, se unen a través de un cartílago) y las inmóviles (rígidas).

2) Análisis del lenguaje y el habla: la articulación refiere al movimiento de una serie de músculos y estructuras que permiten la emisión de sonidos en el habla, así como en la posibilidad de coordinar conceptos en un discurso.

3) Botánica: utiliza este término para dar cuenta de la relación entre las distintas partes de una planta, por ejemplo, entre una hoja y la rama.

4) En el terreno de la música la articulación se refiere a la transición entre los sonidos para crear música. La armonía implica la ejecución de tres o más sonidos; simultáneamente, indica la manera de ensamblarlos de la forma más equilibrada posible y se combina con la melodía, que se basa en combinación de sonidos que se suceden en el tiempo. Las perspectivas sincrónica, diacrónica y asincrónica son importantes en la expresión musical.

Por otra parte, hay sonidos, acordes o intervalos que son estables y producen sensaciones de relajación o reposo sonoro (armonía consonante). Por el contrario, otras combinaciones de sonidos suenan inestables, crean tensión, desasosiego y motivan a una nueva búsqueda (armonía disonante).

5) En intervenciones psicosociales: las articulaciones nos permiten analizar las relaciones entre personas, grupos, organizaciones y/o comunidades. De esta manera, “la articulación institucional es en sí una herramienta imprescindible en tanto mecanismo que promueve el accionar coordinado y solidario de soluciones y respuestas para una mayor eficacia en las intervenciones” (Canavessi, Innamoratto y Núñez, 2015: 37). Este tipo de relación debería facilitar movimientos entre partes diferenciadas, donde cada componente mantenga cierta independencia, pero buscando coordinación para lograr mayor integralidad y flexibilidad en las acciones. En las situaciones y escenarios que nos toca analizar, los elementos que se articulan son los propios sujetos, sus configuraciones vinculares –familiares y colectivas-comunitarias– en contextos donde se despliegan múltiples violencias y específicamente se identifican las violencias por motivos de género.

Pensando en las articulaciones como procesos psico-sociales recurrimos a Fernando Ulloa que ha enriquecido la psicología social en nuestro país. En un texto del año 1969, analizó las instituciones desde una perspectiva psicoanalítica; estas eran su objeto de estudio en ese momento, más tarde se extendió a lo que denominó la “numerosidad social” (2011a). En el análisis de las organizaciones, Ulloa describe tres componentes centrales: la organización de las responsabilidades (roles), la organización del tiempo y la del espacio. Incorpora el concepto de movimiento institucional, que surge en función de las relaciones internas (horizontales, verticales, transversales), las relaciones con el contexto y las relaciones entre la institución como totalidad y las personas que conforman la institución.

Estos aportes desde el psicoanálisis se dieron en una época de fuerte cuestionamiento a las instituciones centrales de la modernidad. En el marco de lo que se denominó el movimiento institucionalista, se interpelan los centros de encierro, sus prácticas y la hegemonía de los saberes disciplinarios (Baremblitt, 1991). Desde la idea de movimiento se otorga valor al diálogo interdisciplinario y a las experiencias de la comunidad en su relación con las instituciones y sus saberes extradisciplinarios.

Ulloa (1969) define que la articulación se hace visible cuando hay tensiones y se producen mortificaciones, se genera lo que denomina fracturas institucionales. En los movimientos geográficos, temporales o de responsabilidades/roles se articulan, relacionan, diferentes elementos de la complejidad institucional. Las articulaciones fracturadas se visibilizan a partir de los malestares o sufrimientos que surgen en la vida institucional; esto habilita planificar estrategias de intervención para aliviar los padecimientos que se generan, como los relacionados con la violencia institucional. Importa aquí destacar los conceptos de “encerrona trágica” y “síndrome de violentación institucional”, a partir de los cuales Ulloa identifica una serie de “síntomas”, afecciones, sufrimientos que impactan en las subjetividades y en las configuraciones vinculares. En este sentido, una consecuencia de la violentación institucional está dada por la arbitrariedad que asumen las lógicas institucionales y que impacta generando sujetos coartados, “al borde de la supresión como individuo pensante” (Ulloa, 2011b: 214).

Desde estos aportes, ideas como movimiento, articulación, fractura las podemos referir para elucidar también las relaciones de la organización/institución con su contexto, lo que hoy se denomina articulaciones interinstitucionales, comunitarias o intersectoriales. En este sentido, es posible identificar los efectos de las fragmentaciones en las articulaciones tanto en las mujeres que atraviesan VMG como en los equipos que intervienen. Principalmente, se observa que se pierde la iniciativa, se resignan frente al dolor y lo reproducen sobre otros y otras. En sus propias palabras:

La fragmentación puede graficarse en el testimonio de una trabajadora del área de Género respecto al abordaje conjunto con el área de Niñez de ese municipio:

Articulación, territorio y redes sociales

La noción de articulación, también se presenta desde la psicología social, a partir de la perspectiva de red. Las redes sociales como metáfora permiten visibilizar vínculos interpersonales, interinstitucionales y comunitarios (Ussher, 2016). Surgen a partir de nodos interconectados. El eje central del funcionamiento de una red es justamente la articulación entre sus elementos que, sin perder su especificidad, pueden generar acciones coordinadas, definir problemas en común, organizar estrategias compartidas.

Las redes son configuraciones heterárquicas, donde se busca la circulación de poder, en función de objetivos comunes. Esto no es fácil de transitar, ya que en la organización social hay instituciones que concentran la capacidad de decidir sobre el resto, por ejemplo, el poder judicial. En este caso las redes configuran intercambios desiguales, donde la palabra de algunos tiene más peso que la de los demás, impidiendo el avance en procesos colaborativos.

Sin embargo, importa subrayar que en las entrevistas realizadas se expresa que los vínculos profesionales previos, establecidos a lo largo de la trayectoria laboral de cada quien, son facilitadores para avanzar en las articulaciones necesarias a la intervención.

Si contemplamos el trabajo que llevan adelante las organizaciones que se referencian en los feminismos y que trabajan desde una concepción socio-comunitaria, advertimos que conocen las particularidades e idiosincrasia de los barrios, sus redes territoriales y los modos de relación de las instituciones presentes en la comunidad. Eso hace posible una mayor articulación entre esas organizaciones. Estos vínculos se presentan como habilitadores de acciones donde prima el conocimiento que se tiene del escenario de intervención que se constituye como espacio intersubjetivo (Carballeda, 2017).

De algún modo, la integralidad en las intervenciones en el marco de la articulación entre las organizaciones sociales, el Estado y sus políticas públicas aparece como posibilidad de coordinar entre quienes comparten el territorio y construyen vínculos interpersonales singularizados en el marco de los recursos con que cuentan para llevar adelante una intervención. Las redes son procesos históricos, que llevan un tiempo en su desarrollo y consolidación.

En ese marco las articulaciones suelen ser más móviles, situacionales y configurarse desde una invención singularizada de quienes la llevan adelante. En otros casos pueden generar articulaciones rígidas que profundizan la fragmentación.

Hemos observado que las articulaciones que es posible identificar en las situaciones de multi-intervención se presentan superpuestas y descoordinadas al abordar las violaciones a los derechos de NNyA. Cuando esto ocurre, se genera victimización secundaria, procesos de desubjetivación y conflictos en las familias y las organizaciones (Cabrera et al., 2021).

En este sentido, podemos afirmar que las articulaciones muchas veces se sostienen en un entramado de vínculos interpersonales que se combinan en una intervención que se describe como artesanal, armada en el caso a caso, casi al borde de lo posible, en los márgenes, en la precariedad de los recursos, recuperando los vínculos cercanos y afectivos. En otras las articulaciones pueden constituirse como estrategia de resistencia, sobre todo en contextos en los que se produce una retracción estatal en términos de derechos, donde adquiere especial relevancia lo territorial.

Las articulaciones requieren de un funcionamiento en red, pero ello solo no la garantiza. Se deben poner en común los recursos, generar acuerdos en la definición de los problemas por abordar, es decir, brindar institucionalidad a las estrategias coordinadas.

Hay distintas formas de describir y analizar las redes. En una entrevista realizada a integrantes del sector judicial identificamos una diferencia significativa en referencia a redes territoriales y redes de gestión. Las redes vinculadas a la gestión fueron descritas como espacios de articulación en función de actividades comunes, campañas de difusión y construcción de acuerdos a nivel municipal o distrital. En dichos espacios participan actores más vinculados a la gestión y con mayor incidencia en la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas locales.

Las otras redes mencionadas en las entrevistas, las redes territoriales, están conformadas por integrantes de organizaciones de influencia en un territorio delimitado, en una relación barrial, en interacción concreta y directa con las familias involucradas en los abordajes: la escuela, el centro de salud, la iglesia, el centro comunitario, el comedor. Recuperando los aportes de Clemente (2014), en estas redes denominadas de proximidad se encuentran involucradas no solo las instituciones y organizaciones, sino también las familias. Entendemos que este vínculo entre instituciones, organizaciones y familias habilita el acceso a la provisión de bienes y servicios. En estas redes, las personas/familias, sujetos de intervención pueden encontrar un lugar de participación activa.

En función de los abordajes de las VMG, es preciso considerar las redes territoriales como mecanismos de integración (Elizalde y Maglioni, 2014) que habilitan la inscripción comunitaria de las familias, basadas en relaciones interpersonales que trascienden lo estrictamente doméstico, atravesadas por vínculos de vecindad, de parentesco ampliado. Se relacionan con la satisfacción de necesidades a través de la ayuda mutua y el cuidado. Cuentan con menores niveles de formalización y organización de responsabilidades que las redes mencionadas anteriormente y son sumamente importantes en las estrategias de articulación. Justamente, estas redes de vínculos ampliados son, las que en las mujeres que atraviesan violencias de género, debilitadas por el varón agresor.

La participación activa en la construcción de espacios comunitarios promotores de derechos no es accesible a todxs, hay barreras simbólicas que surgen de manera cotidiana en los procesos de coordinación interinstitucional y se hacen más graves cuando nos dirigimos a las niñeces y adolescentes.

Las voces de quienes entrevistamos nos aproximan a posibles estrategias en contextos de vulneraciones de derechos, intervenciones que se desarrollan de forma situada, en ámbitos territoriales que le otorgan singularidad. Ese espacio comunitario/territorial constituye el escenario en el que se inscriben los problemas sociales de una época.

Las redes territoriales generan también estrategias de cuidado y soporte para los trabajadores y trabajadoras que abordan estas situaciones, que requieren estrategias donde se debe considerar el desgaste profesional y los procesos de implicación (Borakievich, Cabrera, Ortiz Molinuevo y Fernández, 2014).

Las dificultades para generar estrategias comunes aparecen en las tensiones que surgen en las articulaciones interinstitucionales y en los juegos de poder que se despliegan. No es solo articular, hay que poder analizar cómo se articula, cómo se juega el poder allí. Los actores involucrados se constituyen como tales en función de un contexto particular, cuentan con bases de poder sumamente diversas (Robirosa, 1997) y, en esa heterogeneidad, el objetivo de producir decisiones de forma conjunta implica un desafío mayor a la constitución de espacios para el intercambio de información, el asesoramiento o la corresponsabilidad construida entre instituciones y organizaciones. Robirosa propone, como variable de análisis del poder, estimar cuán imprescindible resulta un actor social en cada escenario. Siguiendo este planteo, podríamos referenciar a partir de los marcos normativos y procedimientos, que en el campo de la niñez los actores con mayor incidencia en la toma de decisiones lo constituyen los servicios locales y zonales, mientras que en el campo de las violencias de género podrían ser los judiciales, en tanto habilitan las medidas cautelares. Sin embargo, en la práctica intervienen diversas instancias intermedias vinculadas a la prevención, al acceso a la justicia, la seguridad, la salud, entre otras. En términos de la articulación, los actores sociales cuyas resoluciones resultan de carácter imprescindible poseen mayor poder latente en la interacción (Robirosa, 2004).

En tanto lo comunitario para Elena de la Aldea (2019) es la alianza, el respeto y la valoración de lo diferente, el desafío de la articulación comunitaria pasa entonces por amalgamar, tejer en una trama común, diversidad de perspectivas.

Fragmentaciones y desarticulaciones repercuten en los territorios, en sus instituciones y en una multiplicidad de actores sociales. Las tensiones que esto genera pueden agudizar problemáticas ya presentes y/o generar nuevas, complejizando, más aún el tejido de la trama comunitaria.

El territorio como caja de resonancia de la fragmentación

Sobre los territorios, comprendidos en términos espaciales, con sus características específicas, sus reglas internas y sus límites, pero también como espacios habitados donde se desarrollan las relaciones sociales (Arias, 2013), operan una enorme cantidad de acciones y dispositivos de los niveles nacionales, provinciales o municipales con diferentes llegadas a recursos y continuidades en el tiempo.

El despliegue de intervenciones estatales sobre los territorios no responde necesariamente a una organización institucional homogénea, muchas veces las intervenciones no fortalecen las instituciones, sino que operan como programas superpuestos (Arias, 2013).

A lo largo del trabajo de campo, una pregunta va guiando nuestra lectura: ¿cómo se manifiesta la fragmentación de la política pública en los dispositivos de intervención? En este sentido, sostenemos que los dispositivos de intervención, en sus distintos componentes, visibilizan, permiten establecer un mapa, siempre singular y situacional de la comunidad, del territorio, de los entornos donde la intervención se despliega. De aquí que proponemos pensar los territorios como caja de resonancia de las operatorias de fragmentación que se producen/reproducen en el desarrollo de políticas públicas.

Es en el territorio donde al implementarse las políticas públicas formuladas fragmentariamente se visibilizan las ausencias y/o superposiciones de intervenciones, las dificultades para las articulaciones y se amplifican las problemáticas de la no integralidad. Paralelamente, los sujetos que acceden a los programas sociales reparadores se ven obligados a realizar complejos recorridos por oficinas públicas que funcionan con lógicas diferentes entre sí, lo que amplía aún más las repercusiones de la fragmentación en el territorio (Aenlle, 2020) y aumenta las brechas en la accesibilidad.

En el territorio resuena la falta de articulación vertical entre los diferentes niveles del Estado, que puede generar dificultades cuando no es coordinada.

De acuerdo a lo referido por la entrevistada, esta situación se produce cuando los municipios no coordinan los recursos que brindan nación, provincia u otras organizaciones:

Como venimos sosteniendo, las articulaciones interinstitucionales y comunitarias aparecen como creaciones singulares, que se dan en el caso a caso, a partir de vínculos entre personas, más que como fruto de vínculos institucionales. En varias entrevistas se da cuenta de la fragilidad de estas coordinaciones y planean la necesidad de generar más institucionalidad a estos dispositivos.

La noción de corresponsabilidad contribuye a pensar redes en las que actores de diferentes áreas, sectores, niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad se involucren en función de objetivos comunes en consonancia a lo que dispone la Ley N° 26061 de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 32 y la Ley Provincial N° 13298 en el artículo 14. Ambos marcos normativos establecen la conformación de un sistema de protección que involucra al conjunto de organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de NNyA. Vale interrogarnos acerca del lugar, la voz, la participación que tienen mujeres y NNyA que atraviesan situaciones de violencias en las relaciones que se generan entre los efectores que integran dicho sistema.

De la lectura de las legislaciones que establecen derechos y responsabilidades, como son la Ley N° 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley N° 26061, podemos ver que la última no refiere puntualmente sobre situaciones de VMG, aunque establece que si existiera conflicto de derechos e intereses frente a otros igualmente legítimos, prevalecerán aquellos que impliquen la protección de NNyA. Por su parte, la Ley N° 26485 incorpora en diferentes artículos la relación entre violencia hacia las mujeres y las consecuencias en las vulneraciones de derechos de NNyA.

¿Qué tipo de intervenciones son necesarias para deconstruir mandatos poderosos, arraigados en nuestra cultura y en las estructuras institucionales? ¿Qué tipo de institucionalidades es necesario generar para que actúen en sintonía con el marco de derechos?

Si consideramos que una de las definiciones que la RAE da al verbo articular se relaciona con la posibilidad de combinar palabras para producir discursos, nos preguntamos: ¿las articulaciones adecuadas pueden generar sujetos políticos de enunciación? El movimiento Ni Una Menos en aquella masiva movilización del 3 de junio de 2015, y luego las jornadas por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el año 2018, visibilizó las históricas luchas que mujeres y diversidades vienen llevando adelante como un colectivo activo que inscribe su historia en los ya 34 Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, No Binarie. Tales jornadas constituyen acontecimientos que enuncian un discurso claro que propone nuevas institucionalidades. En este sentido, cabe preguntarnos: ¿qué sustenta estas nuevas institucionalidades?

En esta línea, la mirada crítica de una integrante de una de las organizaciones entrevistadas que reflexionaba: “es necesaria la institucionalización, pero se institucionaliza sobre bases de instituciones en un sistema patriarcal y capitalista”. Queda planteada la tensión entre la relevancia que adquieren la institucionalización de procesos vinculados a garantizar derechos y los procesos instituyentes impulsados por quienes problematizan las estructuras vinculadas a la raíz de las violencias. En este sentido, una integrante de una organización feminista subrayaba: “el aborto es uno de los claros ejemplos donde las mujeres, las feministas, garantizamos el aborto antes que el Estado pudiese hacerlo” (Referente de movimiento social).

Perspectiva de géneros y cuidados

Reflexionar en torno a las tareas de cuidado desde una perspectiva de géneros es condición necesaria si se quiere desnaturalizar las lógicas patriarcales y del patronato en la mirada y los abordajes vinculados a niñeces y mujeres. Los cuidados se pueden definir como “la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana” (Batthyány Dighiero, 2015: 10). Implica dimensiones económicas, comunitarias, culturales, biológicas y psicológicas que se realizan en diferentes espacios y formas; siempre se vehiculiza a través de relaciones interpersonales, vínculos de proximidad que movilizan afectos. En la organización social de cuidado se naturaliza la división sexual del trabajo, adjudicando mayoritariamente a las mujeres las responsabilidades de cuidar, invisibilizando situaciones de inequidad y la responsabilidad social para responder a las necesidades de cuidado como un derecho y una cuestión a considerar en las políticas públicas. En su elucidación, los cuidados se constituyen en una noción estratégica que puede generar acciones integrales en clave de igualdad de género, combinando acciones de diferentes sectores.

Ierullo recupera de Bourdieu la noción de campo social en relación con los cuidados infantiles definiéndolo como

El escenario de los cuidados de las niñeces está lógicamente atravesado por relaciones de poder construidas por fuera del propio campo que, por un lado, adjudican la responsabilidad del “buen” cuidado a las mujeres en tanto madres y, por otro, la necesidad de desarrollar formatos institucionales coherentes con la noción de NNyA como sujetos de derechos.

La multiplicidad de dimensiones que atraviesan el cuidado dio lugar, en la Argentina, a la conformación de una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado^{^[8]} que se propuso dimensionar el rol social y económico con relación a la organización social del cuidado. En las relaciones de cuidado se identifican diferentes actores: familias, comunidades, mercado y Estado, organizados en redes o sistemas de cuidado que relacionan a las personas que proveen y reciben cuidados. Aunque se establecen regulaciones, las tramas mercantiles y comunitarias, las representaciones sociales que asignan roles diferenciados por género, raza, situación social definen procesos que, en muchas ocasiones, reproducen cadenas de desigualdades. Es por eso que en el marco de esa Mesa Interministerial se expresa:

Recordemos que la interseccionalidad implica que cada sujeto sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales (Crenshaw, 2012) en tanto los organizadores sociales y estructurales sexo-género-clase-raza. En cuanto a nuestra investigación adquiere relevancia, junto con la categoría de género, la de clase y también podríamos incluir la etaria en tanto niñas y adolescentes que padecen vulneraciones.

Nancy Fraser (2015: 112) plantea que la fase actual del capitalismo financiero ha planteado una crisis de cuidados que pone en riesgo la sociedad, la acumulación ilimitada “tiende a desestabilizar los procesos mismos de reproducción social”. Las diferentes fases del capitalismo implican una modificación de las formas familiares de crianza, de las relaciones de género y la división sexual del trabajo; generaron diferentes modelos de seguridad social, modificaron el papel del Estado y dieron origen a diferentes formas de colonización del mundo. Hoy, la fase actual del capitalismo pone en riesgo la vida.

A lo largo del Siglo XX el enfoque de derechos y la perspectiva de género permitieron ir delineando el cuidado como un derecho y un bien público (Marco Navarro y Rico, 2013: 15), estableciendo estándares mínimos que los Estados que se incorporan a estos acuerdos asumen como obligaciones a cumplir y tareas que realizar. El desafío del siglo XXI es que estos tratados internacionales se hagan concretos en políticas públicas, tomen forma en diferentes marcos legales y se materialicen en el ámbito de la justicia frente a conflictos, para hacer posible su exigibilidad. Reconocer el cuidado como derecho estimula el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas que son titulares de ese derecho y no meros beneficiarios de acciones paliativas.

En 2007 se firmó el Consenso de Quito que reconoce “el cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias” en la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y varones en el ámbito familiar (art. 9). Esta afirmación se siguió trabajando posteriormente en otros acuerdos internacionales.

El reconocimiento del derecho a ser cuidado, cuidar y al autocuidado implica nuevos desafíos para el Estado como regulador de las relaciones entre las familias, la comunidad y el mercado para distribuir responsabilidades y garantizar la accesibilidad y el derecho a una vida digna, al mismo tiempo que se constituye en condición para la erradicación de las violencias producidas por las desigualdades entre los géneros.

La ruta crítica en el camino de la restitución de derechos

El abordaje de situaciones de VMG puede analizarse también desde la perspectiva de la ruta crítica (Sagot, 2000) como aquel recorrido que realizan las mujeres que sufren violencia en búsqueda de alternativas, respuestas, ayuda para superar o ser acompañadas. Está influenciada por representaciones, experiencias, vínculos, por la accesibilidad a los recursos para revertir situaciones que muchas veces tienen muchos años de desarrollo. También en las entrevistas aparece por parte de las áreas de género la preocupación por “construir rutas críticas”, es decir, brindar información, orientación para que el recorrido que realice la mujer sea facilitador de mayores niveles de protección y evitar la revictimización. Desde los dos puntos de vista, la ruta crítica implica el contacto, vínculo, acceso a diversos dispositivos con distintos niveles de especialización y sectorizados.

Lo que nos muestra el relato, lejos de representar un abordaje singular de cada situación que amerite un abordaje propio o artesanal, es la imposibilidad de generar articulaciones sostenidas entre dispositivos que abordan la complejidad de las violencias.

Entonces, entendemos que la noción de ruta crítica entendida en términos del recorrido que desarrolla una mujer que atraviesa una situación de VMG debe considerar los factores propios de la experiencia singular: experiencias previas, fortalecimiento y la propia decisión para salir de la relación de agresión, redes de integración, de apoyo, familiares con las que cuenta junto a otros factores determinantes como el acceso a la información precisa, actualizada y la integralidad y efectividad de intervenciones (Sagot, 2000). Si hay niñxs implicados en esa situación, el camino de protección de sus derechos debería ser recorrido en la misma dirección que la ruta que recorre la mujer. La ruta de protección de derechos de NNyA debe converger con la ruta de las mujeres implicadas en la misma situación. La integralidad e indivisibilidad de los derechos exige ese esfuerzo a los operadores institucionales y territoriales. El recorrido de esa ruta debe estar guiado por una ética de cuidado a todos los implicados en la situación. Si esto no es así, las intervenciones se convierten en procesos de revictimización, mayor desubjetivación y violencias.

La articulación como dispositivo de intervención en el trabajo con violencias

En una investigación que reconocemos como antecedente de la presente, “Dispositivos de intervención del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Moreno. Facilitadores y obstáculos en un proceso complejo”, planteamos que la lógica tutelar, sostenida en el patronato, siguió conviviendo con lógicas instituyentes del paradigma de derechos, generando múltiples tensiones (Cabrera y Ussher, 2019b). La asistencia a los NNyA, luego de reconocer el fracaso de las instituciones responsables de su socialización y cuidado, obliga al Estado a actuar, la mayoría de las veces sin reconocer ese fracaso como propio, respondiendo en general a demandas de control. En términos de situaciones en las que junto con vulneraciones de NNyA se presentan violencias de género, nos preguntamos qué continuidades encontramos respecto de la lógica tutelar, ya no por una cuestión cronológica-tutelar, sino en términos de la lógica patriarcal de subordinación de las mujeres. Podemos profundizar en qué medida la articulación como dispositivo podría constituirse superadora de dicha lógica.

La noción de dispositivo nos remite a los aportes de M. Foucault (1991) quien sostenía que los mismos están conformados por una red de relaciones que entrama lo discursivo y lo no discursivo, las organizaciones espaciales, los reglamentos, las leyes, las prácticas que configura. Los dispositivos se transforman en el tiempo y tienen funciones estratégicas que construyen subjetividad y marcan los cuerpos.

En situaciones complejas relacionadas con las violencias, los dispositivos de intervención integran distintas dimensiones coordinadas entre sí: legales, sociales, subjetivas, profesionales, políticas, históricas, institucionales, en las que se despliegan prácticas y discursos. Las articulaciones interinstitucionales, intersectoriales, territoriales son elementos centrales que configuran dispositivos específicos que generan redes que coordinan acciones en busca de abordajes integrales.

Analizaremos, a partir de lo trabajado hasta aquí, algunas dimensiones de los dispositivos de articulación y los desafíos que se plantean para las intervenciones territoriales y las políticas públicas:

Los dispositivos de articulación buscan coordinar estrategias que se organizan en diferentes escalas temporales:

¿Es posible aquí generar una melodía armónica cuando los actores marchan a ritmos diferentes? ¿Cómo compatibilizar estas diferencias? ¿Quién dirige esta orquesta?

Esto nos abre a considerar la dimensión de poder en la definición interinstitucional de las acciones. Por ejemplo, en las entrevistas, aparece que las acciones del Poder Judicial tienen más incidencia que las acciones de otrxs actores institucionales. ¿Hay jerarquías en la conducción de un proceso de articulación? ¿Cómo se establecen los ámbitos de negociación de estas jerarquías? ¿Dónde quedan aquí las voces de niñxs y mujeres implicadxs en las intervenciones? ¿Cómo hacer audibles las manifestaciones de cuerpos silenciados por violencias?

Volvemos a recurrir a Boaventura de Sousa Santos para reflexionar sobre las dificultades culturales que advertimos en los procesos de articulación:

Cada política pública, cada institución, cada profesión, cada equipo genera a lo largo del tiempo universos de significación propios, lógicas institucionales, procedimientos administrativos, lenguajes, valores, prioridades. La traducción intercultural es un proceso de trabajo vivo, interpersonal, artesanal, que debe poner el foco permanentemente en las desigualdades de poder presentes, ya que traducir implica interpretar y ello requiere una vigilancia epistemológica permanente. Boaventura de Sousa Santos afirma que la traducción intercultural requiere de zonas de contacto caracterizadas como “campos sociales en que mundos culturales vivos se juntan, median, negocian y chocan” (2014: 260). ¿Podemos pensar la articulación como un dispositivo puente que permita el diálogo, la cooperación, la disidencia entre territorios diferentes pero que buscan objetivos compatibles entre sí?

El trabajo articulado para los abordajes de vulneraciones de derechos de NNyA y violencias de género se ve favorecido cuando existe presencia en el mismo territorio de diversos recursos y posibilidades de despliegue de los dispositivos de intervención. El trabajo de las organizaciones en la comunidad se convirtió en un aliado clave de las intervenciones frente a las violencias hacía NNyA y hacía las mujeres. En su mayoría, organizaciones de base territorial e inscriptas en los movimientos de mujeres y de los feminismos, con una reconocida trayectoria por parte de la población.

Es posible señalar dos circuitos de intervención, uno que prioriza la vinculación horizontal, entre organizaciones que comparten el trabajo con las familias en un mismo territorio y otro de modalidad vertical, que se establece entre los equipos locales con las áreas municipales, provinciales y nacionales, que conlleva la obtención de recursos que permiten las intervenciones y que en ocasiones implica la articulación con las acciones que se realizan desde las organizaciones de mujeres. Las referencias de las áreas de género municipal destacan la relevancia de la dimensión temporal en el diseño de estrategias de acompañamiento, entendiendo que la posibilidad de realizar una denuncia u otras acciones orientadas a problematizar la violencia de género son un proceso. En ocasiones, esta dimensión se tensiona con las estrategias de áreas de niñez que transitan la urgencia de los abordajes de situaciones donde están en riesgo niñas/os que es preciso proteger.

Como se enunció líneas arriba, se denomina ruta crítica, a las instancias institucionales que va recorriendo una mujer que sufre violencia por motivos de género. Crítica por la complejidad y los múltiples vínculos que es preciso establecer en ese trayecto que van desde la comisaría, los juzgados y fiscalías para las denuncias, hasta las instancias de atención en salud y la intervención de otros organismos. Ruta crítica que implica también el recorrido personal y que, como refieren las entrevistadas, es preciso acompañar desde un lugar de respeto y escucha de las decisiones que una mujer toma y desde una mirada desprejuiciada respecto a cómo criar, cómo maternar y por lo tanto de cómo se evalúan los cuidados hacia niñas/os.

Una conjetura es que la diferente percepción de los tiempos y las urgencias dificultan la construcción de agendas comunes que transiten las tensiones entre el interés superior del niño/a y la incorporación de la mirada de género, de las desigualdades de género y sus consecuentes violencias.

A quienes entrevistamos refirieron que el contexto de pandemia les permitió contar con tiempo para capacitaciones, algunas fueron en la perspectiva de género y diversidad sexual e identidad de género. Asimismo, los equipos reconocieron como una vacancia la falta de formación en la temática de género y de VMG en los equipos de niñez, en la justicia, en el sistema de salud. Es imperante generar instancias de formación en este sentido, dado que las naturalizaciones de las diferencias de género reproducen en las intervenciones estereotipos, roles y funciones diferenciadas para mujeres y varones que sostienen el circuito desigualdad-estereotipos-violencias y que conspiran contra las articulaciones que permitan trazar rutas críticas que, sabiendo de la complejidad de la intervención, operen restituyendo derechos a NNyA y mujeres.

Queda abierto el trabajo para profundizar en las interfases de los dispositivos, las tensiones entre perspectivas diferentes y el impacto que las nuevas políticas públicas van teniendo en el territorio, permitiendo nuevas alternativas y recursos para las intervenciones.

Desafíos

Las preguntas que guiaron inicialmente la investigación se vieron reformuladas a partir del contexto de pandemia por COVID-19 que implicó profundas modificaciones en los dispositivos de atención de las situaciones de vulneración de derechos de NNyA y mujeres y que especialmente alertó sobre las consecuencias negativas que podrían generarse a partir de las condiciones de aislamiento físico y social de personas que sufren VMG en convivencia con quienes las ejercen. De modo que los dispositivos y programas no solo debieron readecuar su modalidad de trabajo y abordaje, sino inclusive asumir la tarea de conocer e intervenir sobre nuevas expresiones de los problemas.

A partir de las entrevistas realizadas hemos visualizado que efectivamente el Sistema de Protección de Derechos de NNyA y de acciones orientadas a la atención de las VMG es heterogéneo, involucra diferentes sectores gubernamentales y del ámbito comunitario y que en todos los casos reconocen la necesidad de abordajes integrales a partir de la articulación. Lo que implica un trabajo artesanal fuertemente basado en los vínculos que se establecen a partir del territorio compartido, que se ha visto debilitado durante gobiernos neoliberales. Asimismo, la institucionalización de modos de trabajo entre diferentes áreas y programas se visualiza como un potencial avance en la medida que se logren interpelar y remover prácticas y enfoques patriarcales, especialmente los que se manifiestan en la estereotipación de las mujeres como madres y cuidadoras sin considerar las condiciones de reproducción social desde un enfoque interseccional.

Las complejidades de las articulaciones requieren de las políticas públicas y de los referentes responsables de la gestión local, una decisión fuerte para construir dispositivos interinstitucionales, que permitan los diálogos y los recursos para generar estrategias compartidas. Implicaría ser capaces de acordar tiempos y objetivos en el marco de las diferencias entre grupos, organizaciones, equipos de intervención. En-tramar los tiempos y los espacios del compartir en territorios que a-parecen fragmentados. Articular no es generar uniformidad sino coordinar diversidades.

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[1] Participaron de elaboraciones previas de este escrito Melina Bertolotto, María Alejandra D’Andrea y Tania Risso Oliva, integrantes del equipo de investigación.

^{^[2]} Proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico. Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Moreno. Período 2020-2021.

^{^[3]} “Dispositivos de intervención del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Moreno. Facilitadores y obstáculos en un proceso complejo”. Proyecto de Investigación Interna (PI), Licenciatura en Trabajo Social, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales (Período 2017-2019) Codirectoras: Mg. Margarita Ussher y Mg. Candela Cabrera. Equipo de investigación: Lic. María Alejandra D’Andrea, Lic. Román Pacheco, Lic. Natalia Kisman.

^{^[4]} El informe final será publicado en el repositorio de la Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Moreno. Se puede acceder a un avance de la investigación en la Revista de Políticas Sociales. UNM. Año 5. Nº 6. 2018. Recuperado de http://www.rps.unm.edu.ar/ojs/index.php/rps/issue/view/5

^{^[5]} El art. 6, inc. a) define por violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

^{^[6]} Realizamos 11 entrevistas a 15 personas (12 mujeres y 3 varones): profesionales de áreas municipales de Niñez y Juventudes (3); Salud Comunitaria (1); Género (2); Defensoría General. Ministerio Público (2); Equipos de orientación escolar (2), y a militantes de organizaciones y movimientos sociales (5).Todo/as trabajan en el mismo ámbito territorial del Conurbano Bonaerense.

^{^[7]} El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional que el Gobierno nacional adoptó en el contexto crítico generado por la pandemia por COVID-19, con el fin de proteger la salud pública. Se dispuso que todas las personas que habitan, o se encuentren temporalmente, en las jurisdicciones donde rige esta normativa deberán permanecer en sus domicilios habituales, solo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables (DNU 297/2020).

^{^[8]}Para mayor información ver https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf