Doi:10.5281/zenodo.17419664
Neoliberalismoperiférico
versusproyecto
nacional
Una genealogía del fetiche
de la “ciencia útil”
Diego Hurtado
UNSAM-CONICET, ArgentinaORCID: 0000-0002-4849-9790 |
dhurtado@unsam.edu.ar
Palabras
clave:sectores económicamente
estratégicos | políticas de ciencia y tecnología | semiperiferia |
neoliberalismo periférico
Recibido:
16 de septiembre de 2025.
Aceptado: 19 de septiembre
de 2025.
Resumen
A partir de la
caracterización de la Argentina como país de la semiperiferia de América
Latina, se analiza desde una perspectiva histórica el problema de la
desconexión entre los sectores económicamente estratégicos y las
políticas de ciencia y tecnología en la Argentina. El período estudiado
incluye el primer ciclo de industrialización sustitutiva (1930-1976) y
el ingreso al orden neoliberal (1976-presente). Se define la noción de
estancamiento dinámico como resultado del enfrentamiento entre una
modalidad específica de neoliberalismo periférico, que no necesita
ciencia y tecnología, y un proyecto de país que demanda capacidades
incrementales de gestión estratégica del conocimiento para iniciar un
sendero de salida del patrón de valorización financiera y extractivismo
financierizado.
Abstract
Based on the
characterization of Argentina as a semi-peripheral country in Latin
America, the problem of the disconnect between economically strategic
industries and science and technology policies in Argentina is analyzed
from a historical perspective. The period studied includes the first
cycle of substitution industrialization (1930-1976) and the entry into
the neoliberal order (1976-present). The notion of dynamic stagnation is
defined as the result of the confrontation between a specific form of
peripheral neoliberalism, that it does not need science and technology,
and a country project that demands incremental capacities for strategic
knowledge management to embark on a path out of the pattern of financial
valorization and financialized extractivism.
Keywords: economically strategic
industries | science and technology policies | semi-periphery |
peripheral neoliberalism
La permanencia de la
Argentina en la semiperiferia latinoamericana no se explica por una
posición de equilibrio estable entre la periferia y el centro, sino por
un conflicto entre fuerzas estructurales opuestas que generan una
dinámica de estancamiento dinámico: ciclos alternados de emergencia y
periferización. Concebir un sendero estable de desarrollo para la
Argentina supone, primero, comprender la contradicción sistémica que
desencadenaron algunas gestiones de gobierno que se proponen impulsar
políticas de ciencia y tecnología (CyT) integradas a metas de cambio
estructural y cómo superar las dinámicas que interrumpen y revierten los
procesos de acumulación de capacidades institucionales, organizacionales
y tecnológicas que buscan grados crecientes de autonomía y aumento
sistémico de la complejidad productiva en los sectores económicamente
estratégicos
(SEE).1Como
semiperiferia de América Latina, un problema estructural que enfrenta la
Argentina es que los SEE suelen ser disputados por los capitales
trasnacionales. Debido a sus efectos multiplicadores, su relevancia en
el comercio internacional y el acceso al mercado interno, las economías
centrales protegen, financian y subsidian a sus empresas en la captura
de los SEE de las economías no centrales. La imposición de “reglas de
juego” adversas para los actores económicos endógenos es una condición
de contorno que blinda los nodos sensibles –diseño, innovación, I+D,
comercialización y finanzas– con umbrales formales e informales de
acceso. Los SEE definidos por las economías semiperiféricas como la
Argentina, desde la perspectiva de los capitales transnacionales y sus
socios nativos, son resignificados como “ámbitos privilegiados de
acumulación”.2A
contracorriente del lugar asignado en el orden geopolítico y
geoeconómico, entre los ejemplos más visibles de SEE en los que se
involucró la Argentina en distintos momentos de su historia, con
resultados muy disímiles, pueden mencionarse: hidrocarburos;
aeronáutica; medicamentos y vacunas; agro; energía nuclear; automotriz;
minería; naval; satélites y telecomunicaciones; electrónica de consumo y
semiconductores; TIC y servicios informáticos. Son estas apuestas,
impulsadas por gobiernos que se propusieron transformar la posición
asignada a la Argentina en la rígida jerarquía del capitalismo global,
las que desencadenan la reacción que exacerba los condicionamientos que
impone la geopolítica del “patio trasero”. Su manifestación más radical
fueron los golpes de Estado hasta 1983 y, desde entonces, las políticas
de austeridad y el endeudamiento inducido.Desde la
perspectiva de la historia institucional y política de la CyT en
Argentina, los gobiernos conservadores y liberales hasta 1976 y, desde
entonces, la modalidad de neoliberalismo periférico que impuso la última
dictadura cívico-militar –que Azpiazu (2002: 23) describió como
“revancha clasista”– promovió activamente la desconexión total o parcial
entre, por un lado, la gestión de los SEE y, por otro lado, las
actividades de CyT. La inestabilidad crónica de los procesos de
aprendizaje y acumulación de capacidades institucionales y
organizacionales para la gestión del cambio tecnológico en los SEE es un
rasgo constitutivo de lo que llamamos estancamiento dinámico. Políticas
exteriores de alineamiento incondicional y nociones como “reducción de
riesgo” (“de-risking”) –enfoque dominante adoptado en su versión
radicalizada por el
RIGI–3
eliminan cualquier consideración sobre la definición de un proyecto de
país de mediano y largo plazo, clausurando la noción de SEE y su demanda
de agendas de I+D local.Como contrapunto, los
gobiernos peronistas durante los períodos 1946-1955 y 2003-2015 se
propusieron superar esta limitación complementando las políticas
económicas con el diseño de marcos normativos y estructuras
institucionales donde desarrollar capacidades de gestión de políticas
para definir e impulsar SEE, concebidos como vectores de cambio
estructural. Dado que este enfoque debe avanzar en el disciplinamiento
de las fracciones del poder económico concentrado, la legitimidad
política pasa a ser una condición necesaria para sostener dinámicas de
cambio institucional. Como parte de este proceso, la elaboración y
gestión eficaz de agendas de I+D deben ser capaces de responder a las
demandas de los SEE. En este paradigma, las iniciativas de
redistribución y generación de empleo, junto con una política exterior
de defensa de los SEE, más tarde o más temprano deben confrontar con las
fracciones concentradas y la geopolítica del “patio trasero”. El
derrocamiento en septiembre de 1955 y los 18 años de exilio y
proscripción de Juan D. Perón y, en el presente, la persecución, el
intento de asesinato y el encarcelamiento de Cristina Fernández de
Kirchner son consecuencias de la implementación de políticas que se
propusieron avanzar a contracorriente del rígido orden jerárquico
impuesto a los países de la región.La evolución
sinuosa de esta contradicción impactó al interior del sector de CyT en
la forma de ideologías y culturas sectoriales que pueden sintetizarse,
de manera simplificada, en el apoyo y/o reclamo de dos opciones
dicotómicas: agendas de producción de conocimiento autónomas –libertad
de investigación, autorregulación y producción de conocimiento de
calidad con estándares internacionales– versus políticas de CyT para las
demandas de un proyecto de país y de sus SEE. Mientras que en las
economías centrales estas dos orientaciones están integradas a un
ecosistema institucional-empresarial de escala nacional, en las
economías semiperiféricas como la Argentina aparecen desarticuladas y,
en ocasiones, se perciben como contradictorias. Como veremos, esta
debilidad comenzó, por primera vez, a superarse al final del período
2003-2015, cuando la estabilidad de un proyecto de país y la definición
de SEE hicieron posible que aparecieran rasgos incipientes de
complementariedad.La contradicción ya está presente a
mediados del siglo veinte. Bernardo Houssay, en su carácter de
corresponsal en Buenos Aires de la sección “Foreign Letters” del Journal
of the American Medical Association (JAMA), le informaba a su editor
estadounidense que, si bien Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública
del gobierno peronista, había inaugurado en octubre de 1949 un Instituto
Central de Cardiología, la institución de investigación más importante
en esta área era el Centro de Investigaciones Cardiológicas de la
Universidad de Buenos Aires. Y agregaba Houssay:
En los últimos años, el
Ministerio de Salud Pública ha creado muchos nuevos institutos de
diferentes clases, que ahora alcanzan a 40 direcciones y 34 institutos.
Algunos de ellos tienen denominaciones inusuales tales como Instituto
Pro-vida, Instituto de la Población, Instituto de Clínica Tecnológica,
etc. (Houssay, 1949)
Dos años más tarde, esforzándose
por mantener el monopolio de la interlocución con JAMA, le escribía a
uno de sus ex editores que “la única organización médica verdadera de
nuestro país es la Asociación Médica Argentina”. Y agregaba: “Es
importante para la American Medical Association estar familiarizados con
esta asociación y no con organizaciones formadas por razones políticas”
(Houssay, 1951).El paradigma de la ciencia académica
que defiende Houssay colisiona con el enfoque del gobierno peronista,
que pone en la cima de la jerarquía epistémica al factor tecnológico
orientado a “los objetivos especiales” y “las prioridades” definidos en
el Segundo Plan Quinquenal y sus las metas productivas y sociales, así
como de energía, minería, transporte, infraestructura, vivienda y
turismo.
Figura
1. Diagrama que acompaña el capítulo IV del Segundo Plan Quinquenal para
el período
1953-1957.
Fuente:
Presidencia de la Nación. 1953. 2° Plan Quinquenal. Buenos Aires:
Subsecretaría de
Informaciones.
Desarrollo y
seguridad
Como señala Rouquié (1982 [1978]:
348), con el derrocamiento de Perón se pierde la mentalidad de los
militares industrialistas: “Fue con la caída de Perón y la
‘desperonización’ de las instituciones militares, que significó un
viraje de ciento ochenta grados, que el esfuerzo industrial dejó de ser
una de las preocupaciones obligadas del ejército argentino”. Impuesta
desde el exterior, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), como
manifestación de la guerra fría en la región, se plasmó en la consigna
“desarrollo y seguridad”, que otorgó el estatus de mandato geopolítico a
la desconexión de las actividades de I+D de las políticas económicas. La
dictadura de Onganía, por ejemplo, mientras que se autopercibía como
desarrollista, detectaba la “frontera ideológica” y el “enemigo
subversivo” en las universidades y las fábricas, es decir, en los dos
núcleos vitales para el desarrollo.Un ejemplo del
laberinto que enfrentan las dictaduras latinoamericanas queda plasmado
en los escritos del intelectual del gobierno de facto, el general Osiris
Villegas, que ejerció como secretario del Consejo Nacional de Seguridad,
creado para gestionar la DSN. En su libro Políticas y Estrategias para
el Desarrollo y la Seguridad Nacional, publicado en 1969 –año del
Cordobazo–, Villegas reconoce que, “como consecuencia de la
industrialización, se acentúa el problema social”, de allí “la imperiosa
necesidad de planificar”. En la lógica de esta dictadura, la
planificación aparecía como un recurso disciplinador. Por otro lado,
argumentaba que “postergar el desarrollo” era “posibilitar la gestación
de condiciones que lleven a situaciones sociales explosivas”. Por lo
tanto, concluía, era “imperativo de la hora romper esquemas perimidos y
constituir una verdadera conciencia industrial nacional”. En este
esquema, “la ciencia y la técnica se constituyen en basamento
fundamental del desarrollo y, por ende, de la seguridad” (Villegas,
1969: 150-151, 169, 179). Paradoja sin solución del desarrollismo
autoritario latinoamericano, porque el enemigo subversivo proliferaba en
las universidades y las
fábricas.4Ese
mismo año, el físico brasileño José Leite Lopes expresaba: “Si se
llegara a cerrar una de las grandes universidades de un país de América
Latina, el sistema económico de ese país no sufriría ninguna alteración”
(citado en: Sunkel, 1970). Un ingeniero de la Fundación Bariloche,
Alberto Aráoz, en un artículo publicado a mediados de 1973 en la revista
Ciencia Nueva, titulado “¿Qué hace el sistema científico por la
industria en Argentina?”, basándose en una encuesta realizada en 1969 a
961 institutos de investigación, explicaba:
Del total de cerca de 10.000
proyectos relevados, sólo un 6 por ciento fue asignado a ‘industria’
como campo de aplicación probable, menos de 600 en números absolutos, lo
cual indicaría la poca importancia de dicho objetivo socioeconómico para
las actividades de investigación del sistema científico
nacional.
Y concluye: “Si bien es cierto
que las industrias dinámicas trabajan continuamente con tecnología
importada, no deja de llamar la atención el magro apoyo del sistema
científico” (Aráoz, 1973).La desconexión entre las
actividades de CyT y los SEE, incubada en la contradicción irresoluble
del eslogan “desarrollo y seguridad”, es funcional a la modalidad de
industrialización que promueven las fracciones económicas concentradas.
Guillermo O’Donnell (2009 [1982]) caracterizaba al capitalismo argentino
de este período como “extensamente industrializado, dependiente,
desequilibrado y profundamente penetrado por el capital transnacional”.
Los SEE quedan en manos del capital extranjero, que no demanda CyT
local, ni genera procesos de transferencia de
tecnología.El nudo gordiano de la contradicción
irresoluble entre seguridad y desarrollo en Argentina fue cortado por
Videla y Martínez de Hoz con un genocidio: seguridad mata
desarrollo.
Neoliberalismo
central y neoliberalismo
periférico
Parece necesario explicitar
una obviedad: las modalidades de neoliberalismo adoptadas por las
economías centrales como EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Francia o Japón
son muy diferentes de la matriz neoliberal periférica que impuso el
patrón de desindustrialización y valorización financiera (Basualdo,
2011), en muchos casos a través de dictaduras, en América Latina. El
papel asignado al Estado neoliberal por las economías centrales –en los
hechos, no en la retórica– es una de las diferencias cruciales. Por
ejemplo, en EE.UU., el fundamentalismo de libre mercado que vociferan
portavoces de los gobiernos y de los lobbies corporativos contrasta con
las iniciativas de intervención del Estado en el impulso de las agendas
de I+D e innovación. El sociólogo Fred Block (2008) califica esta
dicotomía como el “auge de un Estado desarrollista oculto en Estados
Unidos”. La transformación de los marcos jurídicos para mejorar la
competitividad económica y las capacidades de innovación –por ejemplo,
facilitar el patentamiento privado de innovaciones desarrolladas con
fondos públicos– fue acompañada de programas de incentivo
masivo:
•1980: Ley de Innovación
Tecnológica de Stevenson-Wydler. • 1980: Ley Bayh-Dole de Enmienda a la
Ley de Patentes.• 1982: Ley de
Desarrollo de la Innovación para Pequeñas
Empresas.• 1984: Ley nacional de
Investigación Cooperativa.• 1985:
La National Science Foundation establece un programa para centros de
investigación de ingeniería.•
1986: Ley federal de Transferencia de
Tecnología.• 1988: Programa de
Tecnología Avanzada (Departamento de
Comercio).• 1988: Programa de
Extensión de Manufactura (copia las iniciativas de extensión
agrícola).• 1991: Iniciativa de
Base Industrial y Tecnológica de
Defensa.• 1991: Ley de Computación
de Alto Rendimiento y Red Nacional de Investigación y
Educación.• 1992: Ley para la
Mejora de la Investigación y el Desarrollo de las Pequeñas
Empresas.
En América Latina, la matriz
neoliberal periférica fue moldeada como complemento funcional. Mientras
el gobierno de facto en Argentina había promulgado la Ley N° 21382 de
Inversiones Extranjeras en agosto de 1976, que allanaba el terreno a la
resolución de disputas fuera de la jurisdicción argentina, en marzo de
1981 promulgó la Ley N° 22425 de Transferencia de Tecnología, que
Emanuel Adler ubica “entre las más liberales de América Latina”. La
desregulación del régimen de importación de tecnología condujo “la
estrategia de ciencia y tecnología tan cerca del laissez-faire
tecnológico como lo había estado desde la década de 1960” (Adler, 1987:
110-111).Con el retorno a la democracia, esta matriz
evoluciona durante las décadas de 1980 y 1990 hacia: (i) el
desmantelamiento de las capacidades estatales de regulación económica y
financiera, y de gestión de las políticas sociales e industriales,
incluidos los derechos laborales y la protección social; (ii) la
transformación del Estado remanente (o residual) en Estado corporativo
que se orienta a la gestión de la apropiación privada de bienes
públicos, al diseño de “mercados” para la cooptación oligopólica o
monopólica de los SEE –agro, minería, energía, salud, infraestructura,
telecomunicaciones, aeronáutica, transporte, etc.– y a la gestión del
endeudamiento, la financierización y la fuga de excedentes (Basualdo y
Bona, 2017; Cantamutto et al., 2024). El sector de CyT, luego de una
recuperación moderada durante el gobierno de Alfonsín (1983-1989),
padece desfinanciamiento, desposesión de sus activos y, nuevamente, sus
actividades residuales son desconectadas de las políticas económicas,
que no demandan agendas de I+D local, ni pública ni
privada.Esta modalidad de neoliberalismo periférico
se completa con un perfil de elites económicas rentistas de muy baja
calidad y compromiso nulo con el desarrollo, que aceptan la imposición
de políticas exteriores de sumisión y alineamiento incondicional a la
geopolítica del “patio trasero”. Una de las mayores especialistas en
políticas industriales y tecnológicas en los países de industrialización
tardía, Alice Amsden, explica que en Argentina, “el gasto en I+D como
porcentaje del PBI fue de tan solo el 0,4% y se mantuvo estancado entre
1985 y 1995”, a pesar de “la impresionante matrícula en educación
superior y la formación de ingenieros”. Con referencia al sector
privado, si bien los datos son escasos alcanzan para hablar de “la
insignificancia del gasto en I+D antes (y después) de la década de
1980”. En 1995, “la tasa de crecimiento de las patentes entre 1980 y
1995 fue menor en Argentina que en cualquier otro país de ‘el resto’,
excepto
México”.5
Con respecto al problema de la competitividad, explica esta economista,
las grandes empresas argentinas durante los años noventa –que reclamaron
e impusieron un régimen de flexibilización laboral– “no tenían
profesionalizadas sus capacidades de gerenciamiento; pocas contaban con
planificaciones o cadenas de mando bien definidas”. También agrega que
las inversiones en I+D “eran insignificantes, por lo que no se empleaba
a trabajadores bien remunerados en empresas de alta tecnología”. Con
algunas excepciones, como las industrias siderúrgica y farmacéutica, “el
centro de gravedad de la economía argentina volvió a ser el campo,
caracterizado por una de las distribuciones de ingresos más desiguales
del mundo” (Amsden, 2001: 243, 291).Este perfil
encaja con los objetivos asignados a la Organización Mundial de Comercio
(OMC), creada en 1995, que promueve acuerdos para restringir la
posibilidad de regular la inversión extranjera directa (IED) a través de
“la prohibición de una buena parte de los instrumentos utilizados hasta
entonces por los países periféricos para promover la industrialización”
(Arceo, 2011: 112).
Emprendedorismo
y
financierización
Por un lado, el
cortoplacismo, la ausencia de compromiso con un proyecto de desarrollo,
la actitud rentista y predatoria de los activos públicos y su
convergencia con el poder financiero internacional, rasgos consolidados
de la cultura de los grandes grupos económicos locales, están ausentes
de las evaluaciones y diagnósticos sobre la debilidad del cambio
tecnológico en la Argentina. Por otro lado, los logros históricos del
sector de CyT son producto casi exclusivo de instituciones y empresas
del Estado. Este contraste da cuenta con deslumbrante nitidez de la
complicidad de las fracciones concentradas locales con las
estigmatizaciones que promueven los gobiernos neoliberales, con grados
de violencia incremental –discursiva, simbólica y material–, contra el
sector de CyT para allanar el camino a los recortes y
desmantelamientos.En este contexto de operaciones
ideológicas deshistorizadas debe insertarse la difusión de enfoques
neoschumpeterianos que promovieron el fetiche del emprendedorismo y
categorías como “sistema nacional de innovación” en un escenario donde
no es posible detectar nada que se parezca a un sistema ni existen
culturas empresarias afines a la innovación. Mientras organismos como el
BID prescribían que “la región colectivamente tiene que fortalecer sus
sistemas nacionales de innovación […] y tratar de vincularlos con la
sociedad mundial del saber” (BID, 2000: 2), uno de los creadores de la
categoría de SNI, Bengt-Åke Lundvall, explicaba: “el concepto remite a
sistemas relativamente fuertes y diversificados que cuentan con buen
apoyo institucional y de infraestructura para las actividades de
innovación”. En cuanto a su aplicación a los países en desarrollo,
Lundvall reconoce:
Otra debilidad del enfoque de los
sistemas de innovación radica en que hasta el momento no se ha ocupado
de las cuestiones de poder en relación con el desarrollo [...] Los
privilegios de clase y la situación poscolonial pueden bloquear las
posibilidades de aprendizaje; asimismo, competencias ya existentes
podrían ser destruidas por motivos políticos vinculados con la
distribución mundial de poder. (Lundvall, 2009: 380-381)
6
En síntesis, la categoría de SNI
fue concebida para ser aplicada a las economías centrales. Algo parecido
ocurre a comienzos del nuevo milenio con el modelo de cambio tecnológico
de Carlota Pérez (2002), de enorme difusión en América Latina, que se
aplica sin estudios que hayan dilucidado hasta la fecha el lugar de las
economías no centrales en este modelo. Entre las consecuencias que
resultan de emplearlo para el análisis de la región, se afirma que la
irrupción de las revoluciones tecnológicas abre “ventanas de
oportunidad”. Sin embargo, la revolución tecnológica de las TIC, en la
década de 1970, por ejemplo, vino acompañada por dictaduras que
arrasaron con las capacidades en electrónica de consumo, semiconductores
y TIC en países como Argentina y Brasil. En este ejemplo lo que ocurrió
es exactamente lo opuesto a una “ventana de
oportunidad”.En un escenario regional de extravío
teórico, las políticas de CyT del alfonsinismo intentaron navegar a
contracorriente del ingreso global al orden neoliberal con escasos
resultados que fueron arrasados por los años noventa. Ejemplo
emblemático fue la Escuela Superior Latinoamericana de Informática
(ESLAI) –“el Balseiro de la Informática”– creada en 1986 y clausurada en
1990. Basualdo y Bona (2017: 27), destacan que, entre 1993 y 1998, se
registró el récord histórico de “niveles de endeudamiento externo y
salida de capitales locales superiores a los que se habían registrado
durante la dictadura”. Si bien durante esta década se crearon nueve
universidades nacionales, la clausura de las carreras técnicas de nivel
medio iniciaron “una tendencia declinante” de largo plazo en la
formación de ingenieras/os (Panaia, 2013:
240).Mientras se avanza en las privatizaciones de
empresas públicas –un informe del Banco Mundial (1993) llega al absurdo
de proponer la privatización del CONICET– y en el desmantelamiento de
instituciones como CNEA, INTI e INTA, una excepción de este escenario,
ya durante la segunda presidencia de Menem, fue la gestión de Juan
Carlos del Bello –secretario de Políticas Universitarias, secretario de
Ciencia y Tecnología e interventor de CONICET–, exponente singular de un
“peronismo schumpeteriano” que creyó en un liberalismo con capacidades
locales. Del Bello impulsó algunos hitos de rediseño institucional
disfuncionales a los años noventa, como la creación de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), que encontraron
su lugar y mostraron su potencialidad recién luego del colapso de
2001.
Interregno
de reversión y proyecto
nacional
Hasta la fecha no existen
estudios en profundidad que hagan posible dimensionar los logros
inéditos en el sector de CyT del ciclo de gobiernos del período
2003-2015. La salida de la crisis terminal de 2001 y el default sobre su
deuda externa provocaron una transición política caótica. En el primer
semestre de 2003 el nivel de indigencia en aglomerados urbanos era de
27,7%, el índice de pobreza era de 62% y el desempleo rondaba el 20%.
Más del 60% de la población no tenía acceso a medicamentos básicos. Esta
era la herencia de un cuarto de siglo de neoliberalismo periférico que
se había iniciado en una Argentina que, en 1975, presentaba 6% de
pobreza y 4% de desempleo (Rovelli, 2021).En este
escenario se inició un ciclo de 12 años y medio que confrontó con la
matriz neoliberal periférica, se propuso la recuperación de las
capacidades del Estado, la convalidación de las demandas de los sectores
populares y el inicio de un nuevo ciclo de industrialización,
“intentando neutralizar la influencia decisiva del capital extranjero”
(Manzanelli y Basualdo, 2017: 78). Mientras se avanzó en el
desendeudamiento y en la redistribución del ingreso, se impulsó un
incremento gradual y sostenido de la inversión en educación y CyT. Una
“fotografía” de la Argentina de 2015 muestra que el salario mínimo es el
más alto de América Latina, con una distribución entre trabajo y capital
que alcanzó el “50 y 50”, una tasa de desocupación de 6,9%, un descenso
del empleo no registrado de 20% (de cerca de un 50% a un 30%, según
informe de CEPA de 2023), y más de 30% de descenso del índice de pobreza
(29,8% en 2015).Un documento de circulación
restringida publicado en 2016, titulado “Argentina: Land of
Opportunities”, elaborado por equipo de comunicación de Presidencia del
macrismo, explicaba que el país estaba primero en los índices de
desarrollo humano y educación, que presentaba “el coeficiente Gini más
bajo de la región” y el mayor PBI per cápita. También señalaba la “baja
relación deuda/PBI, del 13%”. Según la Fundación Norte y Sur, el mayor
promedio de crecimiento anual acumulativo del PIB durante el período
1945-2023 ocurrió entre 2003 y 2015 (4,6%) y el menor durante el
macrismo (-1,3). Finalmente, un informe de CEPA de 2022 muestra que,
desde el retorno a la democracia hasta 2023, el período con más alto
nivel de la IED fue durante el segundo gobierno de Cristina Fernández.
En este contexto, si bien no es posible en este artículo hacer un
tratamiento exhaustivo de la evolución del sector de CyT, nos interesa
plantear una síntesis que permita poner en evidencia, como principal
novedad, la aparición de rasgos inéditos de integración sistémica al
final de este período como indicio inequívoco de que se comenzaron a
superar algunos rasgos históricos de atraso
estructural.Mientras que el aumento sostenido de la
inversión total en I+D pasó de 0,39% del PBI en 2002 a 0,63% en 2015 (de
un PBI casi duplicado en el período, según datos del Banco Mundial), el
crecimiento de capacidades se refleja en el crecimiento de personal
dedicado a I+D: en 2003 había poco más de 25.000 investigadoras/os y
becarias/os jornada completa y poco más de 22.000 jornada parcial,
sumando un total de 55.635; en 2015 se llegó a 52.970 investigadoras/os
y becarias/os equivalente jornada completa, con un total de poco más de
82.400 jornada completa y
parcial.7
Acompañó este proceso la construcción de más de 150.000 metros cuadrados
de edificios y laboratorios a través del Plan Federal de
Infraestructura. Para comparar estas cifras con el contexto global,
según el Instituto de Estadísticas de UNESCO –que adopta el Banco
Mundial–, el número de investigadores dedicados a la I+D cada millón de
habitantes (se incluyen estudiantes avanzados de doctorado en áreas de
I+D) en Argentina, en 2015, era de 1226, mientras que en Brasil era de
alrededor de 1000 y en Chile de 455. En Canadá era de 4546 y en Corea
del Sur era de 7020. Es decir, mientras que Argentina logra avanzar y
destacarse en términos cuantitativos en la región, el número es muy
inferior a los estándares de las economías
desarrolladas.En el caso del CONICET, su población de
investigadores pasó de alrededor de 3.600 investigadores y 2.800
becarios en 2003 a alrededor de 9.200 investigadores y 10.000 becarios
en 2015. Los incrementos en los presupuestos de instituciones como el
INTA, el INTI o la CNEA crecieron en bastante más de un orden de
magnitud. Finalmente, los aportes al sector universitario pasaron del
0,5% en 2003, al 1% del PBI en 2015. Estos niveles de inversión
creciente hicieron posible la creación de diecinueve universidades
públicas. Mientras que las tesis doctorales defendidas por becarios de
CONICET en 2003 fueron 235, en el período 2013-2015 rondaban las 1200
anuales (Unzué, 2017: 155).En el sector de software y
servicios informáticos, con un alto grado de concentración en la región
metropolitana y un segundo anillo en las ciudades de Córdoba y Rosario,
el número de empresas creció a un ritmo de 9% anual. El número de
empresas pasó de alrededor de 2300 en 2004 a 4200 en 2013, mientras que
el volumen de las ventas en dólares se cuadruplicó entre 2004 y 2015,
cuando las ventas totales fueron de USD 3500 millones, sextuplicando las
exportaciones, que fueron de USD 1005 millones (Motta et al., 2017:
288-297). El relanzamiento de la política nuclear en agosto de 2006 y la
reestatización del 51% de las acciones de YPF en 2012 mostraba a fines
de 2015 agendas de I+D en plena expansión en ambos sectores, además de
hitos como la creación de la empresa Y-TEC –primera sociedad entre YPF y
CONICET–, y la finalización y puesta en marcha en 2014 de la central de
potencia Atucha II, que había sido paralizada a comienzos de los años
noventa.También en 2006 se había creado la empresa
pública ARSAT, que en 2015 contaba con dos satélites geoestacionarios en
órbita –de diseño y construcción nacional–, un Centro de Datos de 4500
metros cuadrados, 88 estaciones terrestres de Televisión Digital Abierta
(TDA) en su última etapa de despliegue y el tendido de una red troncal
de fibra óptica que se proponía un acceso homogéneo en precio y servicio
del acceso a la banda ancha. A fines de 2015 existían entornos de
investigación, desarrollo y producción –integrados por instituciones,
universidades, empresas estatales, mixtas y privadas– que presentaban
rasgos sistémicos novedosos, con perfiles y grados de complejidad
diversos. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) en 2015
coordinaba 35 laboratorios de producción pública de medicamentos
municipales, provinciales, universitarios y
nacionales.8
El diseño de instrumentos de financiamiento de políticas verticales en
la ANPCyT, como el programa FONARSEC, enfocado en la asociatividad
público-privada, marcan un salto cualitativo en las capacidades de
gestión estratégica del
conocimiento.9En
síntesis, durante el período 2003-2015 se pudieron superar muchas de las
debilidades históricas del sector de CyT. En particular, a pesar de los
ataques especulativos del poder financiero y de las actitudes reactivas
de los grandes grupos económicos, comenzaron a aparecer en varios
lugares del país entornos institucionales-empresariales que mostraban
que era posible superar la desconexión, de carácter estructural, entre
las agendas de I+D y los SEE. Con políticas públicas estables y
convergentes, el sector de CyT fue capaz de responder a las demandas de
un proyecto de país. En este escenario, mientras que los grandes grupos
económicos locales realizaron ganancias importantes, la inversión
privada en I+D siguió siendo insignificante.
El
eterno retorno de la derecha
antidesarrollo
En 2016, la alianza
Cambiemos retornó al paradigma de austeridad y ajuste estructural. En un
contexto de despidos, tarifazos, reprimarización y transferencia
regresiva de ingresos (Wainer, 2021: 38-44), este gobierno operó una
devastación profunda del sector de CyT en todas sus dimensiones. Desde
las primeras medidas, se inició el desmantelamiento compulsivo de los
SEE heredados del gobierno anterior para reconvertirlos en ámbitos
privilegiados de acumulación para la IED y las fracciones concentradas
locales. Ejemplos emblemáticos son el desmantelamiento de ARSAT, junto
con la paralización del desarrollo del satélite ARSAT 3 y la política de
“cielos abiertos”, y el Plan RenovAr, que financierizó el sector de
energías renovables y desmanteló la industria eólica
nacional.10
En 2018, se degradó el MINCyT a Secretaría y también se paralizó el
acuerdo nuclear con China, que Cristina Fernández había iniciado en
2012. La inversión en I+D pública pasó del 0,362% en 2015 al 0,228% del
PBI en 2019. La subordinación al poder financiero llevó a la economía a
una profunda recesión y al endeudamiento con el FMI, que otorgó un
préstamo que, por su magnitud inédita, violaba sus propios estatutos. En
2019, esta debacle condujo al macrismo a la derrota
electoral.Durante el período 2019-2023, lo que podría
haber sido la recuperación y continuación de lo hecho hasta 2015 derivó
en sucesivas indefiniciones. Si bien esta gestión tuvo que enfrentar la
pandemia de COVID-19, las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania
y una sequía importante, es difícil de explicar cómo se disipan las
divisas provenientes de los saldos del comercio exterior –más de USD
45,5 mil millones en los primeros tres años de gobierno–, mayormente
usadas para la cancelación de deuda del sector privado (Basualdo y
Manzanelli, 2024: 8-9).Entre las medidas relevantes
en el sector de CyT, se recuperó el MINCyT pero se descentralizó la
ANPCyT por razones ajenas al diseño institucional, dispersando la
eficacia del financiamiento. Para hacer frente a la pandemia, se
reorientaron las prioridades del sector de CyT con resultados notables
todavía no estudiados en detalle. Varios de ellos, como los kits de
diagnóstico entre los más visibles, fueron desarrollados por empresas de
biotecnología conformadas al final del período 2003-2015. Si bien fue
posible volver a financiar algunos SEE, no hubo definición de políticas
robustas y convergentes. Por ejemplo, se pudieron volver a poner en
marcha algunos de los principales proyectos del sector nuclear, pero el
acuerdo con China quedó en un limbo de incumplimiento de plazos que
demuestra la debilidad del gobierno frente a las presiones de EE.UU. y
la ausencia de una política exterior
consistente.Durante esta gestión hubo varios hitos
legislativos que apuntaron a darle estabilidad al sector y
previsibilidad a la inversión. A fines de febrero de 2021, el Congreso
sancionó por unanimidad la Ley N° 27614 de Financiamiento del Sistema
Nacional de CTI, que establece un incremento progresivo y sostenido de
la inversión pública hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Esta ley
establece que se debe destinar el 20% del incremento anual a programas
federales. En esta misma dirección, también fue un paso importante la
actualización de la Ley N° 27685 de Promoción de Desarrollo y Producción
de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, en septiembre de 2022,
y la Ley N° 27669 para el Desarrollo de la Industria del Cannabis
Medicinal y el Cáñamo Industrial, de mayo de 2022. Finalmente, luego de
impulsar un proceso de planificación concertada a escala nacional, el
Congreso sancionó a fines de octubre de 2023 la Ley N° 27738 del Plan
Nacional de CTI 2030 que, entre sus novedades, logró concertar agendas
de I+D específicas para cada provincia.Ahora bien, la
ausencia de medidas de distribución del ingreso agravó la caída del 20%
del salario real heredada del macrismo, según datos del INDEC. Al final
de esta gestión, la inflación, la tutela del FMI y el crecimiento de la
pobreza explican en buena medida la derrota electoral frente a una
fuerza de ultraderecha que se presenta como un eco exacerbado de las
figuras de Trump en EE.UU. y de Bolsonaro en Brasil. El gobierno de LLA,
que se encuentra en la mitad de su gestión al momento de finalizar este
artículo, retomó la orientación del macrismo, pero profundizando y
acelerando los procesos de financierización, desregulación y
endeudamiento, destrucción de capacidades productivas, desposesión de
activos públicos –incluidas las instituciones de CyT–, y resignificación
de los SEE en ámbitos privilegiados de acumulación. El abrazo ciego a la
geopolítica del “patio trasero” aleja a la Argentina de la colaboración
regional, la multipolaridad y el grupo BRICS+, compromete su soberanía y
consolida una modalidad de entrega de sus bienes naturales comunes que
evoluciona desde los años noventa como una modalidad específica de
extractivismo financierizado que hoy alcanza niveles de saqueo
neocolonial.11Un
último punto que nos interesa discutir se relaciona con la retórica de
estigmatización del sector de CyT que acompaña las medidas de
destrucción de capacidades durante los gobiernos de Macri y de Milei.
Mientras el gobierno de Macri liquidaba 24.500 pymes, según AFIP, y
volvía a megaendeudar a la Argentina con el FMI, el diario Clarín
publicaba, en febrero de 2017, una nota titulada “El Conicet decidió
darles prioridad a los investigadores ‘más útiles’ para el país” (Sigal,
2017). En estas páginas, el ex ministro de CyT de Cristina Fernández,
Lino Barañao, como ministro del macrismo justificaba los recortes: “Hace
falta un cambio cultural en la ciencia, con más orientación a la
producción y el trabajo”.Barañao llevaba 10 años de
ministro cuando razonaba de esta forma. Ese “cambio cultural en la
ciencia” había comenzado a ocurrir y a profundizarse entre 2003 y 2015 y
la gestión de Cambiemos, como vimos, se enfocó en clausurar el proceso.
El fetiche de una “ciencia útil” está conectado con el falso supuesto de
un Estado sobredimensionado que hay que “achicar” como estrategia para
justificar las políticas de retiros voluntarios, despidos y recortes a
becas en el sector de CyT. El objetivo es interpelar a las ideologías
corporativas y elitistas presentes en el sector de CyT que se
beneficiarían del rito de purificación por achicamiento. Por esta razón
los gobiernos de derecha y ultraderecha reciben votos del sector de
CyT.En este sentido, raya en la parodia el caso de
Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología desde
mediados de 2024, que repite con ignorancia enfática los mismos
argumentos del Barañao macrista. En noviembre de 2024, este funcionario
fantasma publicó en las redes un “Plan Estratégico 2024-2025” de una
carilla y media, donde la primera medida es: “Impulso de iniciativas que
conecten a los científicos con el sector productivo […]”. Contrasta este
eslogan con el nihilismo anticientífico de los funcionarios de LLA, los
ataques a las universidades, al sector de CyT y a las capacidades
productivas nacionales que, por su escala y propósitos, fueron
caracterizados desde el ámbito académico y periodístico como
“cientificidio” e “industricidio”.
La
ilusión del “reset” de la Argentina
industrial
El proceso que lleva de
Menem hasta Macri y Milei muestra que los ataques a la CyT y a los SEE
se intensifican en escala, intensidad y velocidad. En la misma
proporción que se aceleran e intensifican los ciclos de
financierización, endeudamiento, fuga y extranjerización, junto con la
desposesión de bienes públicos y bienes naturales comunes, se aceleran e
intensifican los ataques a los entornos institucionales-empresariales
donde la Argentina industrial busca acumular capacidades
organizacionales y de I+D. Entre enero de 2024 y enero de 2025 cerraron
12.000 pymes (Martínez, 2025) y a julio de 2025 la inversión pública en
I+D había caído un 46,4% respecto de 2023 (Grupo EPC, 2025),
descendiendo a niveles anteriores a 2002. Estas cifras no reflejan el
desmantelamiento de los activos institucionales y las competencias
regulatorias que sectores del Congreso están intentando
frenar.A modo de síntesis, digamos que este patrón de
devastación hay que insertarlo en un contexto más amplio que se
manifiesta en la perversión de medidas de desamparo contra los grupos
sociales más vulnerables, los despliegues represivos, la ausencia de
gestión política –reemplazada por un entorno de operadores corporativos,
medios concentrados y redes sociales– en medio de denuncias de estafas y
corrupción que comprometen a la primera línea del gobierno de LLA. Este
es el punto de llegada del ciclo antinacional de los gobiernos
neoliberales que se inició en 1976.El poder económico
concentrado local fomenta las desmesuras del presidente, porque
interpreta que el desquicio social es una oportunidad para “subordinar
definitivamente el trabajo al capital removiendo todas sus conquistas
históricas y volviendo esa nueva situación irreversible”, explican
Basualdo y Manzanelli (2024). A los pocos días del comienzo de la
gestión de LLA, el líder del grupo Techint se mostraba fascinado con las
desmesuras del nuevo presidente y se ilusionaba con la actualización
recargada del deseo que le costó al pueblo argentino un genocidio:
“Cuando leo los puntos mencionados por el Presidente veo la posibilidad
de un reset de la Argentina” (Tejero, 2023).En el
plano económico, el “reset” se canaliza a través del DNU N° 70/23 y la
Ley N° 27742/24 –que incluye el RIGI– y hoy se manifiesta en la anarquía
regulatoria, las rentabilidades extraordinarias y la transferencia de
deuda y pasivos ambientales al Estado y al pueblo argentino. La garantía
de irreversibilidad, que es el sentido profundo de la noción de “reset”,
es la destrucción de las capacidades científicas y tecnológicas y la
reconversión de los SEE en negocios predatorios para las
corporaciones.En un escenario de conflicto hegemónico
avanzado, donde la amenaza irreversible que representa el ascenso
acelerado de China y los BRICS+ resquebraja el orden unipolar y plantea
un orden global multipolar alternativo que desplaza las aspiraciones del
bloque de poder occidental, la Argentina “libertaria”, en manos del
poder financiero y aliados, aparece como botín irrenunciable del orden
decadente.Para revertir este proceso de disgregación
y terrorismo financiero que afronta actualmente la Argentina se vuelve
perentorio trabajar en la definición de los lineamientos básicos para un
Proyecto Nacional que se proponga, como punto de partida: la definición
y estabilización de SEE; la formación de cuadros políticos y técnicos
para un Estado inteligente y eficaz; el diseño de políticas productivas
generadoras de empleo digno, con apoyo urgente al mundo de la
informalidad laboral; incentivos a culturas empresarias orientadas a la
economía productiva y comprometida con un sendero de salida del patrón
de valorización financiera y el extractivismo financierizado; un plan
nacional para la CyT capaz de acompañar estas
metas.Los aprendizajes del período 2003-2015, junto
con otros casos testigo exitosos en democracia, deben orientar al sector
de CyT para que pueda hacer su aporte a un Proyecto Nacional.
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Sobre
SEE, puede verse, por ejemplo: Hartley (2014: 143, 151-153).
↩
Sobre
la noción de ámbitos privilegiados de acumulación, ver: Castellani
(2008).
↩
Para
un análisis del impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes
Inversiones (RIGI), que integra la Ley N° 27742/25 de “Bases”, puede
verse: Hurtado (2025).
↩
El
factor geopolítico es decisivo para comprender, como contrapunto, el
proceso simultáneo de industrialización de Corea del Sur. Puede
verse, a modo de ejemplo: Choi y Glassman (2017).
↩
Para
Amsden (2001: 1), la noción “el resto” abarca un conjunto de países
que, luego de la Segunda Guerra Mundial, “ascendió a la categoría de
competidores de talla mundial en una amplia gama de industrias de
tecnología media”. Estos países son: China, India, Indonesia, Corea
del Sur, Malasia, Taiwán y Tailandia en Asia; Argentina, Brasil,
Chile y México en América Latina; y Turquía en Oriente Medio.
↩
Sobre
este punto, es muy recomendable ver: Carrizo (2020: 83-94).
↩
Datos
de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del ex MINCyT.
↩
Sobre
estos desarrollos, ver: De Vido y Bernal (2016). Sobre producción
pública de medicamentos, puede verse: Zubeldía y Hurtado (2019).
↩
Para
una valoración precisa de este instrumento, ver: Carrizo (2020:
106-115).
↩
Sobre
estos temas, puede verse: Hurtado y Rus (2019); Kazimierski (2022).
↩
Sobre
“extractivismo financierizado”, se puede ver: Hurtado (2025).
↩