Los conocimientos que poseen diferentes comunidades rurales se han caracterizado y nombrado como tradicionales, locales, vernáculos, entre otras denominaciones._^[1] Los mismos están vinculados con procesos ecológicos, culturales, económicos y éticos que una comunidad desarrolla en interrelación con su entorno. En muchos casos han sido desvalorizados, negados o integrados a dinámicas económicas como bienes mercantiles aislados de las relaciones sociales en las que se producen.

En las últimas décadas estos conocimientos han tomado relevancia en las agendas políticas estatales e intergubernamentales y en la construcción de instrumentos jurídicos de protección y regulación. Estos instrumentos, o marcos normativos estatales, reconocen sus aportes ante problemáticas socioambientales globales, así como las tensiones entre derechos derivadas de la ampliación del sistema de derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, los marcos normativos estatales no son los únicos mecanismos existentes para la regulación de las relaciones alrededor de los conocimientos. Los pueblos indígenas y comunidades han desarrollado reglas e instituciones propias a través de las cuales toman decisiones respecto a su uso, circulación, reproducción o conservación. Esta capacidad de gobierno y autonomía de las comunidades ha sido también reconocida desde los organismos intergubernamentales como objeto mismo de protección. Cuestión que en la práctica se contradice con la falta de reconocimiento de derechos de las comunidades locales, tal como sucede en el caso del campesinado colombiano, sobre el cual se centra este estudio.

En Colombia, a través de distintos procesos organizativos y de movilización, el campesinado disputa el reconocimiento como sujeto de derecho y las garantías necesarias para desarrollar sus sistemas de gobierno y gestión territorial propia. En estos procesos se presenta una revalorización de sus saberes y distintos escenarios de interlocución con otros sistemas de conocimiento, tanto académicos como no académicos.

En este artículo me pregunto por la manera como se concretan mecanismos de gobierno propio alrededor de los conocimientos campesinos y los posibles puntos de articulación o diálogo con otros conocimientos (académicos, indígenas, estatales, etc.). Para ello, me centro en el análisis de las propuestas construidas entre los años 2000 y 2014 por una organización campesina de carácter nacional denominada Coordinador Nacional Agrario (en adelante, CNA).

El CNA surge a finales de los años noventa como espacio de confluencia de organizaciones campesinas locales y regionales con afinidades en sus prácticas políticas y quehacer territorial. Constituye una expresión del movimiento campesino del país que dialoga con otros sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes, urbanos, sindicales, entre otros actores. Acoto el análisis a esta organización en particular porque ha tenido un papel relevante en los debates alrededor de los derechos del campesinado y en la disputa por el sentido del desarrollo en las políticas rurales.

La construcción de los distintos apartados toma como fuentes principales los documentos originados por la organización en el marco de las movilizaciones, asambleas, foros y encuentros durante el período, tanto internos como en articulación con otros actores sociales. En su mayoría se trata de documentos publicados o divulgados por algún medio de comunicación impresa o digital, así como información del archivo de la organización. Esta información fue complementada con entrevistas a líderes del CNA durante los años 2015 y 2016._^[2]

Retomo el marco conceptual de los bienes comunes, como perspectiva teórica que facilita el análisis de las reglas y prácticas instituidas alrededor de la gestión de un bien compartido por una comunidad o grupo social, en este caso, los conocimientos (Bollier, 2016: 24; Crawford y Ostrom, 1995; Hess y Ostrom, 2016b; Ostrom, 2011).

Los primeros trabajos sobre el conocimiento como bien común se producen en la década de 1990, ligados a los dilemas planteados por el incremento de la información digital, el creciente acceso a las tecnologías de la comunicación, el avance de dinámicas de cercamiento y privatización de la información estatal y académica que antes hacía parte del acceso público (Hess y Ostrom, 2016). Si bien las nuevas tecnologías generaron amplias posibilidades de circulación y acceso a los diversos conocimientos, a la vez aumentaron las restricciones debido a las regulaciones del sistema de propiedad intelectual y a problemáticas vinculadas con el almacenamiento, circulación y preservación. El conocimiento se convierte “en un recurso que hace falta gestionar, supervisar y proteger para garantizar su sostenibilidad y preservación” (Hess y Ostrom, 2016: 35).

La perspectiva de los comunes cuestiona teorías convencionales fundamentadas en la necesidad de la intervención externa estatal o privada como camino para la sostenibilidad de los bienes de uso compartido. Al contrario, llama la atención sobre la capacidad colectiva para autoorganizarse y crear mecanismos de cooperación que pueden garantizar la preservación y reproducción de dichos bienes con mayor efectividad que la gestión estatal o privada (Ostrom, 2011: 12). Por ello, la pregunta por el gobierno de los conocimientos campesinos, sin desconocer los marcos normativos estatales, visibiliza iniciativas colectivas que pueden entrar en diálogo, tensión o contradicción con la agencia estatal.

En este trabajo comprendo los saberes campesinos como comunes del conocimiento, alrededor de los cuales, además de los marcos normativos estatales nacionales e internacionales, se construyen mecanismos de gobierno comunitario dirigidos a resolver posibles conflictos relacionados con su producción, apropiación, circulación o protección. Sobre la base de esa perspectiva analítica describo la manera como el Coordinador Nacional Agrario ha construido reglas e instituciones colectivas que le permiten gestionar, regular y tramitar los conflictos identificados. Para ello, retomo un conjunto de documentos elaborados por el CNA o en articulación con otras organizaciones, denominados planes de vida, mandatos y plataforma política. En estos documentos se puede observar la manera como las reglas creadas buscan orientar las decisiones y prácticas económicas, políticas, culturales y ambientales producidas en los territorios locales y en las acciones colectivas con escala internacional.

Los conocimientos campesinos, como todo conocimiento, se producen y reproducen en sistemas dinámicos, que se adaptan y transforman (Fals Borda, 1992; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Son situados y contextualizados; se ponen en juego en las dinámicas cotidianas y de orden práctico de las comunidades. Hacen parte de los modos de producción, de la estructura cultural, de la relación con el territorio, de las luchas y demandas políticas, entre otros. Como afirma Lazos (2012: 20), la producción de conocimientos se genera en la interacción y el diálogo con distintos actores; se basa en una experimentación continua entre factores ecológicos, socioeconómicos y culturales.

En Colombia, las comunidades campesinas producen y reproducen conocimientos en la interacción entre los múltiples actores presentes en los territorios: diversas poblaciones, organizaciones sociales, entidades estatales y académicas, actores armados, empresas, entre otros. Igualmente, se producen en la interacción de factores particulares del contexto rural colombiano: las desigualdades estructurales en el acceso a la tierra, bienes y servicios; el constante desplazamiento forzado interno y las múltiples violencias derivadas tanto del conflicto social y armado que vive el país hace más de sesenta años como del avance de proyectos de explotación extractiva en los territorios habitados por las comunidades.

Estos conocimientos están vinculados con las transformaciones de los modos de producción, la relación establecida con la naturaleza, las formas de habitar los territorios, las estructuras culturales y los procesos organizativos. Algunos autores señalan la existencia de un tipo de racionalidad ecológica y ambiental desde la cual se abren procesos de valoración y legitimidad de los saberes campesinos dados sus aportes en la reproducción de la diversidad biológica y cultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Toledo, 1993; Altieri, 1991; Altieri y Nicholls, 2000)._^[3] Sin embargo, en Colombia, estos conocimientos están atravesados por una desvalorización del campesinado y la negación de su existencia como sujeto de derechos a través de las políticas rurales y el enfoque gubernamental del desarrollo. Si bien, en consonancia con los marcos normativos internacionales, las políticas ambientales resaltan el papel ecológico del campesinado a través de sus prácticas y saberes, esto no se condice con las políticas rurales. Desde la acción estatal, la protección de los conocimientos tradicionales se sitúa como una cuestión exclusiva de la gestión ambiental, desligada de otros campos de las políticas; por lo cual entra en contradicción con el desconocimiento de los sujetos que los producen. Durante los años 2000-2014, las políticas agrarias nacionales fortalecieron la producción agroindustrial y la economía extractivista, agudizando las relaciones de desigualdad, pobreza, marginalización y falta de reconocimiento del modo de vida campesino (Moncayo, 2008; Ospina, 2018; Salgado, 2002). Esto se expresa, en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de este período,_^[4] en los cuales están ausentes lineamientos de protección de los conocimientos campesinos y muy pocas veces se plantean los términos campesino/a/campesinado para referirse al sujeto de las políticas. Prima un enfoque de modernización del campo que define a los sujetos desde una dimensión económica como empresarios. En línea con dichos planes, en las políticas rurales no se habla del campesinado como un actor social, son más paquetes de programas (PNUD, 2011: 54) que refieren a un productor aislado de las relaciones culturales, espirituales, ecológicas o políticas.

Las políticas desconocen que los conocimientos campesinos son parte integral de la relación con los bienes naturales y de la gestión de los territorios. Por tanto, la protección de los conocimientos tiene que ver con la protección de los territorios, de los bienes naturales y de las condiciones de vida de quienes los producen. Involucra las políticas dirigidas tanto a los conocimientos como bienes específicos como aquellas que tienen que ver con la acción de diversos actores nacionales y transnacionales sobre los territorios.

En este contexto de políticas rurales, el campesinado se ha posicionado como actor que demanda el reconocimiento de derechos específicos, disputa el sentido del desarrollo y del enfoque de las políticas. Se resalta su capacidad de resistencia, de movilización y protesta constante, que aun en un contexto de constante represión, persecución, despojo de sus territorios y múltiples violencias, construye vías de interlocución con entidades estatales y plantea un contrapeso a las políticas gubernamentales de modernización del campo (Mondragón, 2002; Salcedo et al., 2013). En estas dinámicas, el campesinado ha identificado afectaciones sobre sus sistemas de conocimiento y ha construido mecanismos para su recuperación, protección y circulación. En estos mecanismos construidos por la organización Coordinador Nacional Agrario (CNA) dedico los siguientes apartados.

La noción de gobierno comunitario usada en este trabajo refiere a la capacidad colectiva de crear sistemas de regulación y administración de bienes comunes. Retoma los planteamientos de Elinor Ostrom sobre las instituciones de acción colectiva a través de las cuales se logra el uso productivo y a largo plazo de un recurso de uso común. En esta perspectiva, las instituciones se definen como los conjuntos de reglas de conocimiento común que orientan las acciones y decisiones, definen prohibiciones, sanciones y procedimientos (Ostrom, 2011: 109).

En este sentido, el CNA cuenta con instituciones colectivas desde las cuales se produce la regulación y administración de sus conocimientos. Los conjuntos de reglas han sido construidos a lo largo de los años a través a través de las dinámicas organizativas y de movilización del campesinado y se encuentran en diversos mecanismos de gobierno, tales como: la plataforma política, los planes de vida y los mandatos.

Estos tres mecanismos emergen en los últimos años de 1990 y se van consolidando a lo largo del período analizado (2000-2014). Se trata de documentos (físicos y digitales) en los cuales se expresan principios, objetivos, acuerdos, líneas de acción, prohibiciones y procedimientos para la acción organizativa. Abordan las posiciones de la organización sobre distintas problemáticas rurales y nacionales, las demandas por tierra, territorios y derechos, la relación con los bienes naturales, propuestas para las políticas nacionales, entre otros. No están redactados de manera exclusiva alrededor de los conocimientos, pero constituyen marcos generales para su regulación.

Los diversos documentos contienen reglas específicas para la recuperación, control, protección y circulación de los conocimientos. Desde estos mecanismos se puede comprender el lugar los conocimientos en la acción política de la organización e identificar reglas concretas que orientan las acciones y decisiones sobre los conocimientos. Algunas disposiciones incluidas en esos mecanismos tienen un carácter declarativo en cuanto manifiestan puntos de vista y concepciones sobre lo que deberían ser las políticas nacionales desde la perspectiva de la organización. Otras, en cambio, constituyen lineamientos normativos que regulan la relación con otros actores públicos y privados.

Cada uno de estos documentos es resultado de distintos momentos organizativos y ámbitos de acción, tal como lo esquematiza la siguiente tabla:

_{Tabla 1. Mecanismos de gobierno propio del Coordinador Nacional Agrario}

En los siguientes apartados describo estos tres mecanismos, caracterizando la manera como se presentan las regulaciones y líneas de acción para la protección de los saberes campesinos.

Los acuerdos que conforman la plataforma política del CNA son adoptados en el marco de asambleas con la participación de representantes de las organizaciones locales. Desde la conformación de la organización en el año 1998, se han realizado cinco asambleas en las cuales se han integrado de manera progresiva debates y ejes de trabajo vinculados con los cambios en el contexto nacional, los debates mundiales respecto a los conflictos socioambientales, la sustentabilidad del desarrollo y el reclamo de derechos particulares para el campesinado.

En los primeros años, la organización se centró en los problemas de redistribución de la tierra, las condiciones para la producción y la protección de la economía campesina (Bedoya, G., 2016. Comunicación personal). Es en la tercera asamblea, realizada en el año 2008, cuando se incorporan disposiciones específicas sobre la protección de los conocimientos, identificando problemáticas referidas a procesos de pérdida de conocimientos y planteando vías de regulación o acción para enfrentarlas, especialmente con relación a las condiciones necesarias para su recuperación.

Como primer eje de regulación y acción, la recuperación de los conocimientos campesinos emerge vinculada directamente con la conservación de la naturaleza, la identidad campesina y la soberanía alimentaria (CNA, 2009). La soberanía alimentaria retoma el concepto acuñado por la Vía Campesina en la década de los noventa como cuestionamiento a la manera como desde un modelo neoliberal y de producción corporativa se organiza la producción, la distribución, el comercio y consumo alimentario y agrícola. Propende a la construcción de relaciones fundamentadas en los derechos, la igualdad y la solidaridad.

Las cuestiones que retoma la plataforma política se enmarcan en las múltiples controversias (nacionales e internacionales) en relación con la adopción de proyectos de producción agrícola basados en paquetes tecnológicos de semillas, la consolidación de la industria semillera y el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual para el libre comercio (Grain, 2004, 2007, 2010; Shiva, 2003; Vía Campesina, 2005; Grupo Semillas, 2012). Las propuestas alrededor de las semillas y los conocimientos van además de la mano con diversas campañas internacionales (Vía Campesina, 2003) y estrategias locales de distintas organizaciones y comunidades campesinas, tales como “reservorios de semillas”, intercambios comunitarios, proyectos de huertas y diversidad de especies, entre otros (Pineda, 2012; Grupo Semillas, 2014).

En la plataforma política del CNA, los conocimientos aparecen gestionados como parte de un proceso más amplio de aprendizaje y recuperación de prácticas de producción que implica la amplia circulación de datos e información sobre la manera como se seleccionan, reproducen, guardan e intercambian semillas. A esto se suman estrategias vinculadas con el aprovechamiento de los conocimientos de la población mayor, el diálogo intergeneracional (CNA, 2009: 72), su promoción a través de la educación, los medios de información, las festividades y todo lo asociado con la producción simbólica (y artística) y material de las comunidades campesinas (CNA, 2009: 66).

Por otro lado, la recuperación de conocimientos aparece también como parte de los procesos de reparación por las rupturas en la memoria colectiva generadas por el desplazamiento forzado y el conflicto social y armado que atraviesan los territorios (CNA, 2009: 67).

Los documentos que recogen los acuerdos denominados plataforma política plantean también acciones de respuesta a lo que la organización identifica como dinámicas de “enajenación de conocimientos tradicionales a través del sistema de Patentes”, problemática que se ve asociada con las dinámicas de las políticas nacionales de educación, investigación, ciencia y tecnología. El CNA señala la existencia de apropiación por parte de empresas, laboratorios y gobiernos extranjeros a través de convenios de cooperación o contratos de bioprospección (CNA, 2009: 73). La acción colectiva que se propone en la plataforma se orienta a la oposición a toda presencia de empresas e implementación de proyectos. Esta directriz dialoga con las acciones de movimientos internacionales como la Vía Campesina a lo largo del período 2000-2014, desde donde emergieron campañas y movilizaciones contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), la presencia de la empresa Monsanto en los territorios (principal referente de la industria semillera) y contra los tratados de libre comercio que exigen el fortalecimiento de patentes y propiedad intelectual sobre bienes naturales (Vía Campesina, 2000, 2004, 2015).

Los documentos que recogen los planes de vida campesinos expresan las propuestas de ordenamiento territorial definidas por las organizaciones que confluyen en el CNA. Como concepto retoma lenguajes y lógicas organizativas desarrolladas por pueblos indígenas en el ejercicio de derechos colectivos.^_[5] La extensión de la idea de plan de vida a los procesos organizativos campesinos da cuenta del diálogo y retroalimentación entre estos actores y el desarrollo de elementos de autonomía y autogobierno por parte del campesinado.

Los planes de vida son resultado de un acuerdo político en relación con los principios de vida comunitaria y enfoques del desarrollo desde las comunidades y la manera como se establecen las relaciones en los territorios. Como noción, permite enmarcar distintas experiencias de las organizaciones locales que confluyen en el espacio que se han desarrollado desde hace muchos años. En tal sentido, la planeación territorial comunitaria no surge con la denominación de los acuerdos como planes de vida, al contrario, retoma dinámicas y experiencias previas locales que han permitido regular y administrar los bienes existentes en los territorios_^.[6] Se plantea también como una propuesta de “resistencia”, una manera de tomar distancia de las propuestas de los planes de desarrollo implementados por las instancias gubernamentales.

Los planes de vida encuentran limitaciones para su reconocimiento por parte de actores externos, especialmente del Estado, en tanto no existe reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo de derechos, como he señalado anteriormente. Sin embargo, para el CNA es central su reconocimiento como parte de la autonomía y capacidad de autogobierno del campesinado. Como afirma Castilla, “no buscan necesariamente una articulación con el modelo de desarrollo gubernamental sino una comprensión autónoma del movimiento popular, conociendo las necesidades, la realidad” (Castilla, A., 2015. Comunicación personal).

Desde los planteamientos recogidos en los planes de vida, el CNA dialoga o busca incidir en la institucionalidad, especialmente con las autoridades municipales locales. En este aspecto, existen avances en su reconocimiento a través de la incorporación de las propuestas del campesinado en los planes de desarrollo locales; tal es el caso de varias alcaldías del departamento de Nariño en el año 2015. En este caso, se reconoció la constitución de un territorio agroalimentario campesino derivado de los planes de vida. La mención al respeto y garantía de los lineamientos expresados en los planes de vida campesinos aparece también en las negociaciones nacionales que adelantan distintos sectores rurales con el Estado, tal como sucede desde el espacio de confluencia denominado Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP). Desde este espacio se han formulado demandas por garantías para el desarrollo de los planes de vida como ejercicio de gobierno propio y de planificación comunitaria del territorio (CACEP, 2014).

Los principios, ejes de trabajo, estrategias y prohibiciones que conforman los documentos de los planes de vida se sustentan en el conocimiento generado a partir de las relaciones de las comunidades con el territorio. Los documentos del CNA afirman que los planes de vida: “parten de nuestra historia, de la realidad, del conocimiento y el saber popular, de las problemáticas y necesidades concretas que tenemos en nuestras comunidades y territorios” (CNA, s/f). En tal sentido, documentos físicos y digitales denominados planes de vida, constituyen un artefacto, es decir, un recurso físico en el que se expresan las ideas e información producidas en el sentido planteado por Hess y Ostrom (2016: 72).

A través de estos documentos circulan y se reproducen los conocimientos al interior de los territorios. A la vez, son en sí mismos una instancia de construcción de conocimientos, en cuanto son resultado de la reflexión colectiva, de las discusiones con otros actores y el diálogo con otros sistemas de conocimiento. Su validación, en consonancia con la perspectiva del pluralismo epistemológico (Olivé, 2009) se produce en las mismas prácticas como procesos que dan respuesta a necesidades específicas de la comunidad.

Además de la plataforma política y los planes de vida, la construcción de normas por parte del CNA se encuentra en los documentos denominados mandatos. Los mandatos son la expresión de acuerdos políticos para la acción colectiva y este nombre se posicionó como mecanismo de la acción colectiva del campesinado a partir de un escenario de debate social denominado Congreso Nacional Agrario, realizado durante los años 2002 y 2003._^[7] El nombre alude a capacidad de legislar desde las comunidades, atributo que cuestiona la legitimidad de quienes fueron elegidos para conformar el cuerpo legislativo nacional. Los documentos de mandatos manifiestan los consensos entre distintos sectores sociales alrededor de propuestas de políticas nacionales para el sector rural.

Al igual que los procesos de elaboración de la plataforma política y de los planes de vida, en la construcción de consensos definidos como mandatos se producen reglas vinculadas con la gestión de conocimientos tradicionales configurando, a la vez, una práctica instituida a través de la cual se manifiesta “una situación en la que los individuos se mueven desde la ausencia de reglas hasta poseer un conjunto de estas” (Ostrom, 2011: 246). La dinámica de movilización campesina –y social– de estos años, derivó en la formulación de diversos mandatos alrededor de cuestiones como el acceso a la tierra, la configuración de territorialidad campesina y los derechos del campesinado, entre otras._^[8] En todos los casos los documentos de mandatos se presentan como un mecanismo a través del cual las organizaciones expresan consensos y definen líneas de acción colectiva.

El concepto mismo de mandato, da cuenta de la elaboración e instalación de nuevas nociones por parte del movimiento social y de una manera de concretar reclamos por soberanía y autonomía. Mandatar o legislar desde abajo representa la autoasignación de capacidad política y jurídica para tomar decisiones sobre los territorios y los bienes naturales. Los mandatos se formulan desde los conocimientos producidos y transmitidos en relación con la estructura organizativa y la identidad colectiva (Congreso de los Pueblos, 2011).

En los mandatos se caracterizan las contradicciones, tensiones y conflictos coyunturales y estructurales identificados por las organizaciones sociales en cada momento del período. Plantean las propuestas a desarrollar, reflejan la naturaleza de los procesos organizativos y acuerdan rutas compartidas de movilización y organización (Vásquez y Rincón, 2013). Estos acuerdos sobre la organización y la definición de acciones colectivas concretas, diferencia los mandatos de otros documentos declarativos o reivindicativos producidos a lo largo del período por los movimientos sociales. Al construir mandatos, las organizaciones no solo comparten una lectura de las situaciones contextuales, además, generan compromisos de acción en distintas escalas.

Los documentos de mandatos, como construcciones normativas aceptadas y reconocidas por distintos actores individuales y colectivos, representan particularidades de la dinámica del movimiento social colombiano durante la última década. Al equiparar las decisiones colectivas con las decisiones del poder legislativo estatal, se muestra un cuestionamiento y falta de credibilidad en la acción estatal; a la vez, se presenta como disputa por el ejercicio de autonomía y gobierno propio (Mandato Tierra y Territorio, 2011, punto 2). Tal como los planes de vida, los documentos de los mandatos son artefactos a través de los cuales se genera la circulación de conocimientos al interior de las organizaciones y hacia afuera. Se trata de documentos físicos y digitales de acceso abierto que circulan en las bibliotecas individuales y colectivas del CNA, en páginas web, redes sociales o a través de las bases de datos de muchas organizaciones.

Si en la plataforma política del CNA las disposiciones normativas aluden a la “recuperación”, “promoción” y “protección" de los conocimientos, desde los mandatos el acento está en el “reconocimiento”, la “defensa” y el “diálogo” con otros sistemas de conocimiento. Estas acciones se generan a partir de la vinculación con temas centrales de los debates del campesinado durante el período, tales como la soberanía alimentaria, la economía propia, la territorialidad, protección del ambiente y política educativa.

Además de la relación con los temas mencionados, en los mandatos se formulan reglas de gestión de los conocimientos que atraviesan los ejes de educación y la salud. Proponen la promoción y divulgación de los conocimientos campesinos a través de reformas en la política educativa nacional

_{que les permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. (CACEP, 2014: 13)}

Respecto a la salud, resalta la importancia de la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parteras y curanderos; y la producción artística como un patrimonio y un recurso de poder (Mandato Agrario, 2003).

Como puede observarse, desde las normas planteadas en la plataforma política, los planes de vida y los mandatos, la regulación de los conocimientos no se presenta como un objetivo o eje de trabajo específico o aislado de otros ejes. Las regulaciones y acciones frente a los conocimientos se derivan de reglas más amplias. Los documentos contienen preceptos de acción y prohibición respecto a las decisiones sobre el territorio, tanto al interior de las organizaciones como para las autoridades estatales y actores privados (empresas petroleras, por ejemplo). Sin embargo, el reconocimiento y aceptación por parte de estos actores externos se ha dado de manera parcial –mínima– y como resultado de la movilización social y de vías de hecho derivadas de los acuerdos colectivos, más que desde el reconocimiento de los procesos de gobierno propio.

En los tres mecanismos descritos, existen también disposiciones que otorgan un lugar a la acción del Estado como ente encargado de la defensa de la propiedad colectiva y garante de condiciones para el ejercicio de la autonomía. Se demanda al Estado un rol de regulador, a la vez que se reafirma una noción de autogobierno. Es reiterada la referencia a la construcción de autonomía y gobierno propio como eje fundamental para la interlocución y negociación con el Estado frente a su protección como sujeto de derechos. A la vez, es el Estado el ente regulador de la acción de actores externos que puedan afectar los territorios y los derechos de las comunidades, particularmente respecto a sectores transnacionales interesados en el acceso a bienes naturales y conocimientos tradicionales. Se le asigna al Estado un rol central en la protección de los conocimientos a través de la regulación de convenios o contratos para garantizar la no apropiación condicionando esta regulación a “criterios y principios del equilibrio ecológico, social y cultural” (CNA, 2009: 73).

Esta presencia del Estado ha sido un reclamo permanente de las organizaciones, identificando obligaciones en el cuidado y la defensa del patrimonio biológico y cultural. El mandato agrario, por ejemplo, plantea una corresponsabilidad entre Estado y sociedad para defender el patrimonio genético y cultural, la sabiduría tradicional y su propiedad colectiva (Mandato Agrario, 2003, punto 2).

En los tres mecanismos mencionados se pueden identificar marcos conceptuales, como el de soberanía alimentaria y territorialidad campesina, que fundamentan las iniciativas de gobierno de los conocimientos que se plasman en documentos. El CNA y demás organizaciones incorporaron progresivamente debates alrededor de diversos conceptos, configurándolos como fundamentos y ejes de la acción colectiva. Soberanía alimentaria y territorialidad campesina constituyen un marco interpretativo de la relación establecida entre el campesinado y sus conocimientos. El contenido y sentido dado a estos marcos conceptuales es resultado de las prácticas campesinas, la interacción con otros actores como los pueblos indígenas (Planeta Paz, 2002: 107), de los debates dentro de las organizaciones, del diálogo con académicos y los desarrollos teóricos de los estudios rurales.

La noción de soberanía alimentaria, presente en los documentos señalados anteriormente, retoma el concepto posicionado por la Vía Campesina y refiere de manera general al derecho de los pueblos y Estados a definir su política agraria y alimentaria. El desarrollo de este derecho implica múltiples dimensiones y atiende a las particularidades de cada pueblo y Estado. En la plataforma, planes de vida y mandatos, se presenta como horizonte político para las estrategias de rescate de los conocimientos, los cuales, a la vez, se plantean como base estratégica de la soberanía y la seguridad alimentaria. Los planteamientos señalan la protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región como garantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad (Mandato agrario, 2003, punto 2). Asimismo, la soberanía alimentaria se vincula con la necesidad de desarrollar dinámicas de economía que garanticen la autonomía y la circulación de los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos (CTTS, 2011).

En los diversos documentos existe una perspectiva de unidad entre los conocimientos tradicionales y bienes naturales como las semillas. En todos ellos sustentan reclamos frente a dinámicas institucionales de modificación de las leyes de semillas y la ampliación de derechos de propiedad intelectual dando cuenta, además, de la relación indisociable entre la gestión de bienes naturales y la gestión de los conocimientos.

A la vez, las organizaciones demandan una producción de conocimientos académicos que responda a postulados de la soberanía alimentaria. Se exige una política de Estado que garantice la transferencia de tecnologías dirigidas a producción agroecológica y la transición de la producción convencional. El mandato agrario del año 2003, por ejemplo, plantea como línea de política nacional la responsabilidad del Estado en el fortalecimiento, generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, como los relacionados con la minería limpia (Mandato Agrario, 2003, punto 6). Diez años después, en el mismo sentido, la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular (CACEP) exige al Estado políticas para

_{un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en respeto al ambiente y los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades (Mandatos para el buen vivir, la democracia y la paz. (CACEP, 2014: 3)}

Es central comprender este planteamiento de demanda a las instituciones como parte de las estrategias de gobierno comunitario. El CNA cuestiona el para qué y para quién se produce conocimiento. Ese cuestionamiento visibiliza la separación entre la regulación de conocimientos desde las organizaciones y la que realizan las instituciones estatales a través de las políticas de ciencias y tecnología y las políticas rurales. Las organizaciones demandan políticas desde las cuales se enfoque y adecue la investigación académica al “contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes” (CAPEP, 2014: 5).

Desde los tres mecanismos de gobierno comunitario descritos en los apartados anteriores, se legitiman conocimientos externos señalando límites desde criterios éticos y políticos. Se hace énfasis en el rechazo a todo tipo de conocimientos y tecnologías que fortalezcan el modelo de producción industrial. La gestión comunitaria de conocimientos se presenta de la mano de denuncias y acciones contra el uso de insumos químicos y organismos genéticamente modificados; proyectos de desarrollo basados en la implementación de agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos (CTTS, 2011).

Estas disposiciones de “no hacer” y “no permitir” (prohibiciones), derivadas de la noción de soberanía alimentaria, se complementan con los preceptos sobre la protección del medio ambiente y la valoración de los conocimientos tradicionales descrita como “capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades” (Mandato Agrario, 2003, punto 6). Nuevamente aquí se apela a un atributo de autonomía que sustenta la perspectiva de gestión propia y capacidad de autoorganización para el gobierno de bienes comunes. Perspectiva que se encuentra en los marcos normativos internacionales.

Al igual que la relación descrita con la soberanía alimentaria, la recuperación y protección de los conocimientos tiene un eje fundamental en las nociones de “territorio” y la “territorialidad”._^[9] El desarrollo de estas nociones está vinculado con el posicionamiento del tema en distintos escenarios internacionales, el diálogo y la acción conjunta de las organizaciones campesinas con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, así como con los aportes de la academia y sectores intelectuales durante estos años._^[10]

A lo largo del período es constante la referencia explícita en las normas a términos como “gestión ambiental propia”, “gestión del territorio” “control comunitario del acceso a la naturaleza”, entre otros; todos los cuales se derivan de la comprensión del territorio como construcción social histórica y a la vez como campo de disputa (CNA, 2009: 5). Se observa una ampliación del contenido de la noción de “territorio” abordando estas múltiples dimensiones: economía, cultura, pensamiento, necesidades, condiciones ambientales. A la vez, se desarrolla la noción de “territorialidad campesina”, vinculada a la demanda de derechos específicos. La territorialidad implica las distintas formas de habitar un territorio, que muchas veces coexisten, se superponen o entran en disputa (Montañez y Delgado, 1998; Zambrano, 2001; Oslender y Agnew, 2010; Rincón, 2012; Escobar, 2015); cuestión planteada ampliamente en los fundamentos de los distintos documentos elaborados por el CNA, analizados en este trabajo.

Desde los primeros años de creación de esta organización, aparece la pregunta por la manera adecuada de construir o definir una territorialidad específica del campesinado y, dentro de ella, una figura propia del CNA_^[11] que trascienda el carácter económico de la producción campesina e integre las dimensiones políticas, culturales y ambientales del campesinado como sujeto colectivo de derechos (CNA y CDP, 2015). En este propósito, a partir del año 2012, el CNA plantea el debate y búsqueda de acuerdos frente a la construcción de la figura de “territorios agroalimentarios”. Y en la cuarta asamblea realizada en el año 2013, el CNA adoptó como parte de sus acuerdos políticos la figura de “zonas agroalimentarias”, como figura jurídica de territorialidad propia, enmarcada en una lucha por la defensa del campesinado como sujeto social, histórico, político y cultural (CNA, 2013).

El desarrollo del concepto de territorio y territorialidad dentro de las demandas del campesinado está vinculado con aprendizajes de la relación con comunidades indígenas y afrodescendientes; es un eje en el cual se expresan procesos de diálogo entre conocimientos para la producción de nuevos conceptos que son adoptados y reconfigurados por las organizaciones como herramientas de movilización, organización política y gobierno propio (Planeta Paz, 2002: 32).

Por otro lado, en la construcción de distintas figuras territoriales emergen debates alrededor de lo que el CNA denomina territorios interétnicos “donde las relaciones entre indígenas, campesinos y afros lo ameriten”; relaciones que están atravesadas por múltiples conflictos por la tierra y procesos regionales de lucha y movilización específicos. El CNA señala la legitimidad de todas aquellas formas de territorialidad que sean construidas por las comunidades (CNA, 2013); en los últimos años se ha avanzado en la constitución formal de territorios agroalimentarios en algunas regiones del país (CINEP, 2016; Salcedo, 2017), así como en su posicionamiento en algunas instituciones gubernamentales locales y en las agendas políticas de distintos sectores sociales, a la par de la movilización y acción colectiva que demanda el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y las modificaciones constitucionales necesarias para la ampliación de sus derechos.

En la valorización de los conocimientos campesinos es central el lugar de investigadores, investigadoras e instituciones académicas que, además de las ampliaciones conceptuales sobre el campesinado, tienen interlocución con las instituciones estatales y las organizaciones campesinas en escenarios de construcción de las políticas. En tal sentido, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia aportó en la conceptualización del campesinado desde múltiples dimensiones y en los debates para la inclusión de preguntas sobre autoadscripción como población campesina dentro de los datos censales del país en los últimos años (ICANH, 2017).

En la construcción de la plataforma política, planes de vida y mandatos, el CNA establece distintas relaciones con otros actores y sectores. A lo largo del período se resalta la existencia de vínculos con académicos, investigadores, con otras organizaciones sociales, generando dinámicas de “mutuo aprendizaje” y la construcción de posicionamientos en relación con hechos y tendencias del contexto nacional y mundial. También es relevante el uso de herramientas jurídicas, acceso a información de otras organizaciones y de las instituciones estatales, así como acciones nacionales e internacionales con la Vía Campesina, por ejemplo, en el marco de distintas acciones transnacionales de defensa (Keck y Sikkink, 2000)._^[12] Existen distintas redes de actores individuales y colectivos, que en algunos casos más que aliados externos pasan a formar parte de la misma organización generando un diálogo de saberes entre un saber experto, pero independiente de discursos científicos dominantes, y la valorización de los conocimientos campesinos (Svampa, 2012: 20).

En estas redes se produce una valorización de los conocimientos campesinos por parte de múltiples actores y particularmente por parte del mismo campesinado; a la vez se concreta la construcción de conocimientos (en agroecología, ciencias sociales o ciencias políticas) desde organizaciones no gubernamentales y académicos que convergen en cuestionamientos al sistema de conocimiento científico dominante y la búsqueda de cambios en el modelo de desarrollo nacional. Esta dinámica se observa, por ejemplo, en los aportes teóricos, metodológicos y financieros de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA, la pastoral social, Planeta Paz y muchas otras articuladas en el espacio denominado Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo._^[13] Durante todo el período, estas y otras organizaciones aportaron elementos de análisis y comprensión de las problemáticas rurales; en muchos casos habilitaron espacios para el intercambio y la construcción de conocimiento entre diversas organizaciones sociales, por ejemplo, frente al contenido de la noción de “campesinado”. Además de los espacios de discusión, han facilitado asistencia financiera (a través de cooperación internacional) y, metodológicamente, la sistematización de las experiencias locales, la difusión a través de publicaciones o la realización de encuentros y jornadas de trabajo entre los distintos sectores. Cuestión central a lo largo de los años analizados, caracterizados por el rápido crecimiento de la circulación de información y de conocimientos a través de las tecnologías de la comunicación.

Puede citarse también la publicación del libro Territorios agroalimentarios en el año 2015, resultado de la sistematización de las discusiones y propuestas sobre territorialidad campesina; o de una cartilla que presenta de manera general la construcción de los planes de vida. Estas publicaciones fueron realizadas de manera conjunta entre el CNA y la Corporación para la Investigación y Educación Popular (CED-INS). En la misma línea, el artículo titulado Desde el corazón del movimiento campesino fue publicado en el año 2014 con autoría conjunta entre el CNA y el CINEP; este documento es resultado de las acciones generadas en el marco de uno de los programas o líneas de acción de esta última organización no gubernamental. La publicación permitió la divulgación de las propuestas alrededor de los derechos del campesinado y su reconocimiento constitucional. Esta relación entre los distintos actores es un aporte fundamental en el posicionamiento de los conocimientos campesinos como sistemas cognitivos válidos y de sus aportes en la resolución de problemáticas locales y globales.

De la misma manera han sido relevantes los aportes personales de académicos (docentes e investigadores vinculados a universidades y a la vez parte del CNA), quienes, además del análisis sobre los hechos y tendencias del contexto rural, han recogido elementos conceptuales sobre nociones centrales con relación al campesinado y la territorialidad, han desarrollado procesos de investigación sobre los conflictos regionales y locales._^[14] Se encuentran también los aportes en formación técnica y discusión política alrededor de la agroecología,_^[15] la cual ha facilitado procesos de formación en el tema de acuerdo a las necesidades de las organizaciones locales y las demandas frente a la transición o fortalecimiento de una producción agroecológica. Por otro lado, se generaron también procesos de diálogo o relación con las organizaciones indígenas y afrodescendientes, con los sindicatos, con organizaciones de defensa de derechos humanos y con distintas organizaciones internacionales o redes transnacionales.

En el proceso dado durante estos quince años es indudable la relevancia de los aportes de múltiples organizaciones, personas e instituciones que desde su acción facilitan la profundización de las discusiones, el flujo de información, la sistematización de las experiencias; la producción y divulgación de conocimientos desde el campesinado y desde otros sectores; todo lo cual se articula y retroalimenta la construcción de las reglas que se expresan en los documentos de plataformas, planes de vida y mandatos. El conocimiento es colectivo no solo en cuanto a su origen en la comunidad, además con relación al diálogo constante con otros sectores en distintas escalas territoriales.

En las páginas anteriores presenté la manera como una organización campesina, Coordinador Nacional Agrario (CNA), ha formulado distintas reglas alrededor del rescate, protección, defensa y difusión de sus conocimientos. Estas reglas constituyen mecanismos de gobierno comunitario en cuanto son la manera como la organización regula y administra los conocimientos. Las reglas circulan al interior de la organización y hacia afuera a través de las plataformas, planes de vida y mandatos, que se concretan en documentos físicos y digitales de acceso abierto. Por tanto, son también artefactos a través de los cuales circulan los conocimientos.

En estos procesos colectivos facilitan la (re)valorización y posicionamiento de los conocimientos como bienes comunes y del campesinado como un sujeto de derechos. A través de los tres mecanismos de gobierno descritos, el CNA disputa la legitimidad no solo de un sistema de conocimientos, sino de los mismos sujetos como actores centrales para la resolución de dilemas locales y globales. Las reglas construidas son la expresión de acuerdos logrados a partir de los procesos históricos de organización política, la movilización de distintos sectores y la articulación con otros sistemas de producción de conocimiento.

Los documentos analizados expresan enfoques teóricos, principios, objetivos y criterios para la toma de decisiones y nuevas acciones; asimismo, dan cuenta de los debates y desafíos identificados como prioritarios por las organizaciones en relación con las necesidades y conflictos del contexto. En la mayor parte de las consideraciones o motivos manifiestos en los textos analizados, las acciones se plantean como respuesta frente a las distintas violencias del contexto y las contradicciones de las organizaciones frente al enfoque gubernamental expresado en las políticas rurales principalmente.

La gestión comunitaria de los conocimientos campesinos se plantea, entonces, a partir de la definición de estrategias dirigidas a lo que se define como su recuperación y puesta en la circulación más amplia de esos conocimientos. El principal dilema implícito que sustenta la construcción de las reglas que expresan los distintos mecanismos es la pérdida de los conocimientos, que se afirma como consecuencia de las amenazas a la reproducción cultural de los sujetos y el menoscabo de los bienes naturales asociados. Estos mecanismos redundan así en nuevos conocimientos generados en las prácticas de la acción colectiva y los procesos de construcción de territorialidades. Desde la experiencia y gestión de los territorios por parte de las organizaciones se produce teoría, se alimentan conceptos y se disputan sentidos. Así, la producción de conocimientos es inherente a la relación que establece el campesinado con los bienes naturales y su estructura cultural como comunidad en los distintos momentos.

El argumento que sustenta este trabajo colectivo, y la generación de conocimientos que de él derivan, es que la desvalorización del campesinado, el desconocimiento de su carácter de sujeto de derechos y las dinámicas políticas y económicas rurales han conllevado a la pérdida de prácticas y conocimientos. Ahora bien, desde esta perspectiva también hay consenso en que la revalorización de estos conocimientos como parte de los debates relacionados con la sostenibilidad de los bienes naturales han posibilitado el posicionamiento de “la recuperación” como un tema que pone sobre la mesa la construcción política del campesinado como sujeto colectivo de derechos. Esta recuperación no habla aquí solamente de un “regreso” a una idea de pasado que presupone armonía y sustentabilidad. Da cuenta más de una “volver” sobre los procesos de construcción comunitaria, con una conciencia de la responsabilidad sobre el cuidado del territorio y múltiples dinámicas de diálogo entre sistemas de conocimientos, tanto académicos como no académicos.

En este diálogo, la tierra sigue siendo eje de reivindicaciones campesinas, no solo como condición material de producción y reproducción, pero, además, emerge la tierra/naturaleza como madre, como origen y como marco ético. Igualmente, el territorio y las distintas formas de habitarlo (territorialidad) como condición para el cuidado colectivo de la vida misma. Estos distintos elementos esbozan nuevos procesos para lo que puede plantearse como una ética del cuidado de los comunes y en la cual la revalorización, la recuperación y la gestión de los distintos sistemas de conocimientos es fundamental. Esta ética da cuenta de una construcción continua que retoma las memorias colectivas y teje desde el diálogo entre conocimientos.

Las normas construidas por el CNA y las demás organizaciones que hacen parte de los escenarios descritos señalan la necesidad de protección de los conocimientos ante las afectaciones que generan los proyectos de desarrollo implementados y el contexto de múltiples violencias sobre el campesinado y los territorios. La mayor o menor eficiencia de estas normas está representada justamente en la posibilidad de garantizar condiciones adecuadas para “el rescate”, la producción y circulación libre de conocimientos. Libertad que no implica un acceso irrestricto por parte de terceros que derive en lógicas de apropiación y explotación económica, sino un “acceso abierto”, regulado y orientado a la reproducción de la vida antes que a la reproducción de capital.

[1] Para los fines de este trabajo utilizo las nociones “conocimientos” y “saberes” como sinónimos; así como “saberes campesinos” o “conocimientos tradicionales” para referirme a todas las ideas, información, datos y prácticas situadas, contextualizadas y recreadas de manera colectiva por los sectores campesinos a los cuales hace referencia este estudio.

[2] En la recopilación y sistematización de esta información fue central la relación establecida con algunos referentes de la organización a partir de mi participación en las acciones y movilizaciones del movimiento social colombiano. Asimismo, las decisiones teóricas y metodológicas se relacionan también con los aprendizajes y reflexiones generados en estos múltiples espacios colectivos.

[3] Toledo habla de una racionalidad ecológica (1993: 6) en cuanto el modo de producción –y fundamentalmente de vida– campesino se sustenta en la gestión múltiple y variada de los ecosistemas productivos manteniendo la diversidad medioambiental y biológica. En esta línea también adquieren relevancia en los debates alrededor de la agroecología como respuesta adecuada a los problemas socioambientales relacionados con la producción agrícola industrial (Altieri, 1991; Altieri y Nicholls, 2000).

[4] Los Planes Nacionales de Desarrollo recogen la propuesta política que orienta la acción gubernamental. Son la expresión del grupo tecnocrático que acompaña a cada gobierno y por tanto están basados en un enfoque específico sobre el desarrollo (Salgado, 2003). Durante el período estudiado se presentaron cuatro PND.

[5] Los Planes de Vida indígena están reconocidos en Colombia como parte de los mecanismos de derecho propio de estos pueblos. Estos son mecanismos construidos colectivamente a partir de la llamada ley de origen o principio ancestral fundamental de vida de cada pueblo. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se planteó el reconocimiento y apoyo de estos planes dentro de la dinámica de planeación y gestión pública en todos los niveles. Existen 80 planes de vida indígenas, los cuales deben ser armonizados con los planes de ordenamiento territorial institucionales.

[6] Tal como lo relata un dirigente del CNA: “En el CNA venimos hablando de Plan de vida hace alrededor de unos 10 años, producto del andar del CNA y de las reflexiones y aprendizajes que se tienen con pueblos de América Latina principales constructores de los planes de vida, del buen vivir, del sumak kawsay, de todas esas aspiraciones entramos en esta discusión. Antes ya había experiencias del CNA como en el Sur de Bolívar donde se construyó Plan de derechos humanos o en Arauca el Plan de equilibrio, o en el Cauca un Plan alternativo. Luego ya avanzamos hacia llamarlos planes de vida”. (Castilla, 2015. Comunicación personal).

[7] Proceso en el que participaron delegados de distintas organizaciones campesinas, sectores académicos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales. El resultado fue la propuesta para la política agraria nacional denominada Mandato Agrario, cuyos puntos aún constituyen un referente para los procesos de movilización campesina.

[8] Tal como ha sucedido en el ámbito internacional con el posicionamiento de la noción de “soberanía alimentaria”, en la década de los noventa por parte del movimiento La Vía Campesina.

[9] Siguiendo los planteamientos de Montañez y Delgado (1998), el territorio es asumido como construcción social y espacio de poder; la territorialidad como el grado de control que detenta una persona o grupo sobre una porción o la totalidad, por lo tanto, no hay una sola territorialidad, al contrario, en un mismo territorio se sobreponen múltiples territorialidades.

[10] El posicionamiento de la noción de “territorialidad campesina” hace parte de las características de la dinámica de movilización social durante el período descrito, vinculada con la interlocución con las organizaciones indígenas y la adaptación a los desafíos y cambios en el contexto nacional y local. Por otro lado, son amplios los trabajos e investigaciones sobre este eje tanto desde la sociología rural como desde otras disciplinas sociales.

[11] Si bien el CNA plantea la defensa de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) reguladas desde el año 1996, encuentra la necesidad de una figura propia como organización que recoja las discusiones en relación con la identidad campesina, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la gestión del territorio y la demanda por derechos específicos. (Herrera, R., 2015 y Bedoya, G., 2016. Comunicación personal)

[12] Noción propuesta por Keck y Sikkink (2000) para comprender los cambios en las dinámicas de la política internacional y la intervención de distintos actores fuera del Estado, transformando las dinámicas de la soberanía nacional, tendiendo puentes entre lo nacional y lo internacional. Las distintas redes no solo participan y se posicionan en distintas áreas de la política internacional, sino que, además, moldean dichas áreas. El CNA hace parte del movimiento internacional La Vía Campesina, a través del cual se articula a redes transnacionales de defensa de las semillas, la soberanía alimentaria y la demanda de derechos específicos, tema que se retoma más adelante.

[13] Estas organizaciones han estado presentes a lo largo del período. Sigue siendo referente el proceso de construcción del Mandato Agrario del año 2003 que convocó a distintos sectores, entre ellos académicos y organizaciones no gubernamentales, quienes plantearon su compromiso con la búsqueda de soluciones a los conflictos rurales y la construcción colectiva de propuestas de política nacional adecuada. De la misma manera, todo el período se caracteriza por el diálogo y participación de estos distintos actores, y muchos otros, en las movilizaciones y propuestas de acción colectiva campesina.

[14] En el caso del Cauca, el antropólogo Carlos Duarte, por ejemplo, ha desarrollado diversas investigaciones sobre los conflictos territoriales de esta zona del suroeste del país.

[15] En este tema puede seguirse en caso del Colectivo Tierra Libre, conformado por profesionales agrónomos con enfoque desde la agroecología, quienes además de aportar a los procesos de formación técnica en el tema, en el año 2013 pasó a formar parte del Coordinador Nacional Agrario.